- A pesar de que el contralor interno del órgano electoral participó este miércoles en una reunión del sistema estatal anticorrupción, su actuación evidencia la simulación que persiste en esa instancia
Una ridícula sanción recibió la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues este miércoles el auditor interno, Adrian Villanueva Garcia señalo que no es grave el delito que su “jefa” cometió al hacer un uso inadecuado de las listas nominales para un supuesto estudio estadístico que favorecería al PRI.
“Tenemos que agotar los procedimientos para poder determinar las sanciones, pues la ley especifica faltas graves y no graves y en este caso no es una falta grave por lo que pudieran ser una amonestación pública o privada o suspensión de salario pues es un delito no grave”.
El 6 de agosto de 2016 la consejera Claudia Carrillo Gasca realizó ante la Fepade una denuncia penal en contra de funcionarios del Ieqroo por la apertura ilegal de los paquetes electorales y el uso de las listas nominales a beneficio del PRI.
El 30 de ese mismo mes, la representación de Morena presentó otra denuncia y solicitó la remoción de la presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, por los mismos motivos. Las denuncias se refieren al mal uso y manipulación de los listados electores del estado de parte de personal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
En específico se denuncia a Mayra San Román Carrillo Medina por la sustracción, desde los paquetes electorales del 5 de junio, de las listas de ciudadanos que ejercieron su voto el pasado 5 de junio, para extraer datos que presuntamente vulneran la protección de la información personal de estas personas, como son la clave de elector el OSR y el sexo.
La consejera presidenta respondió públicamente y durante una sesión del consejo general del Ieqroo ella ordenó la apertura de los paquetes y la utilización de los listados nominales, argumentando que se utilizaron para concentrar la estadística que se realiza después de cada proceso electoral.
Un dato importante es que recientemente se anunció un recurso legal ante la FEPADE para que esta autoridad también informe respecto a los avances de la investigación que realiza derivado de las denuncias presentadas por este posible delito y de la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca desde agosto de 2016.
