Una iniciativa en el Congreso de Quintana Roo busca castigar con hasta 18 meses de prisión las amenazas contra jueces, fiscales, testigos y personal educativo. La propuesta para reformar el Código Penal local, impulsada por Morena, plantea elevar sanciones y eliminar la exigencia de reiteración en casos procesales, en un contexto marcado por reclamos sindicales magisteriales ante acusaciones que consideran infundadas.
Las amenazas contra jueces, fiscales, víctimas, testigos y trabajadores de instituciones educativas podrían castigarse con penas de hasta 18 meses de prisión en Quintana Roo si el Congreso local aprueba la iniciativa presentada por la diputada de Morena Silvia Dzul Sánchez para reformar el artículo 123 del Código Penal del Estado.
La propuesta, presentada ante la XVIII Legislatura del Congreso local, contempla aumentar la pena hasta 18 meses de prisión cuando las amenazas tengan como finalidad impedir, obstaculizar o condicionar la participación de una persona en un procedimiento penal, así como cuando estén dirigidas contra docentes, directivos y trabajadores administrativos por el ejercicio legítimo de sus funciones.
“No se trata únicamente de una afectación a la libertad o tranquilidad de la persona amenazada. Se pretende utilizar el miedo como instrumento para modificar el funcionamiento de una institución pública o para alterar el desarrollo de un procedimiento del que depende la determinación de responsabilidades y la protección de derechos”, señala el documento.

Actualmente, el artículo 123 establece penas de seis meses a un año de prisión o trabajo en favor de la comunidad hasta por seis meses para quienes amenacen dos o más veces a otra persona con causarle daño en su persona, bienes o derechos. Con la propuesta, la pena pasaría de seis a 12 meses y de nueve a 18 meses, mientras que el trabajo comunitario podría aumentar hasta nueve meses.
Eliminar la reiteración en amenazas del ámbito penal
La iniciativa incluye a integrantes de órganos jurisdiccionales, asesores jurídicos, defensores, agentes del Ministerio Público, víctimas, personas ofendidas y testigos que intervengan en procedimientos penales.
Para estos casos, la legisladora propone eliminar el requisito de reiteración de la amenaza; es decir, una amenaza que busque interferir en el desarrollo de un procedimiento penal es suficiente para ser sancionada, de acreditarse.
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En el sector educativo, la diputada de Morena argumenta que las acusaciones deliberadamente falsas pueden perjudicar la reputación, estabilidad laboral, integridad emocional y trayectoria profesional del personal educativo, además de afectar el funcionamiento de las instituciones escolares; por ello, la propuesta contempla como agravante que las amenazas sean cometidas por estudiantes y sus familiares directos o tutores.
Agravantes para casos en el sector educativo
La agravante se aplicaría cuando las amenazas busquen obligar indebidamente al trabajador educativo a realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones o constituyan una represalia por su actuación.

La diputada señala que la iniciativa “responde a la necesidad de fortalecer una cultura institucional en la que las denuncias sean atendidas de manera profesional y las investigaciones se conduzcan con independencia de prejuicios, presiones sociales o intereses particulares”.
Asimismo, advierte que “en Quintana Roo no se puede permitir que el temor a una acusación infundada se convierta en un elemento que inhiba la participación del personal educativo, ni que docentes, directivos o trabajadores administrativos abandonen determinadas funciones por temor a consecuencias derivadas de señalamientos deliberadamente falsos”.
Sin embargo, el documento no presenta estadísticas de amenazas contra docentes, jueces, fiscales o testigos en Quintana Roo, ni incorpora cifras oficiales de denuncias deliberadamente falsas acreditadas por las autoridades; es decir, no cuantifica la incidencia de las conductas que busca sancionar.
Esto ocurre a un mes de que el secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Ismael Salas Alcocer, asegurara que durante el ciclo escolar anterior se registraron 30 denuncias contra profesores de Quintana Roo, de las cuales nueve resultaron verídicas y 21 fueron calificadas como falsas tras las investigaciones correspondientes.

Ante esa situación, su gremio presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para proteger a los docentes frente a acusaciones infundadas, pero el documento no fue expuesto.
La iniciativa de la diputada Silvia Dzul también contempla que, en ambos supuestos agravados, la persona responsable pague la reparación total de los daños y perjuicios ocasionados, mientras que el delito continuará persiguiéndose mediante querella.
El documento fue turnado a la Comisión de Justicia de Quintana Roo, al igual que la reforma impulsada por el diputado del Partido del Trabajo (PT) Hugo Alday Nieto, que busca endurecer sanciones por “denuncias falsas”, pero que también carece de cifras oficiales. Si el dictamen de cada uno de los documentos avanza al pleno legislativo, requerirán una mayoría simple de los 25 diputados para su aprobación y, posteriormente, deberá ser publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo para su entrada en vigor.
Fuente: grupoanimal