POR FRANCISCO ESPINOZA
En los procesos electorales locales de 2016, varias entidades federativas experimentaron por primera vez en su historia el fenómeno de la alternancia política. En efecto, en Durango, Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas, nunca antes había alcanzado el poder un partido político distinto al Revolucionario Institucional. Chihuahua y Aguascalientes, que ya habían experimentado gobiernos de alternancia en el pasado, volvieron al dominio de Acción Nacional.
En todos los casos anteriores, a pesar de que los nuevos gobiernos llegaron con un ímpetu de cambio y de renovación en las formas de hacer política y de administrar la cosa pública, y que ha habido algunos avances sustanciales, falta mucho por lograr en términos de una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, lo que puede muy bien explicar el sentido de la votación del pasado 1 de julio, incluso en estados en los que el titular del Poder Ejecutivo tiene un buen nivel de aceptación. No hay que perder de vista que, a pesar de que hubo muchos cambios en las personas que conforman las instituciones del Poder Ejecutivo en dichas entidades federativas, el sempiterno sistema de “reparto de botín” en los nombramientos a puestos públicos sigue vigente en todas ellas.
Continúan prevaleciendo las llamadas preburocracias en la terminología del catedrático español Manuel Villoria (2007) en la cual “el empleado público es reclutado por la autoridad que nombra entre las personas afines ideológica y personalmente, es seleccionado por el poder político al que sirve sin controles internos o externos, se busca en él/ella la lealtad firme, y se prefiere a personas conectadas al partido y, dentro del partido, a la facción del que nombra”.
La misma situación predomina en la administración pública federal, a pesar de que desde 2004 se cuenta con un servicio profesional de carrera en el que existe mucha simulación y la sospecha de que, aun cuando formalmente se siguen los procedimientos respectivos, se sigue nombrando a personas afines a los directivos políticos, en detrimento de aspirantes con mayores méritos, especialmente en los puestos de nivel de dirección general.
Es un tema que lamentablemente no está en el radar del próximamente Presidente Electo ni de su equipo de trabajo, por lo que habrá que tratar de incidir desde la sociedad civil –que por lo demás tampoco tiene el tema como parte fundamental de su agenda- para que pongan su atención en el tema, con el propósito de fortalecer el servicio profesional de carrera, situando al mérito por encima de cualquier consideración a la hora de los nombramientos en, por lo menos, los niveles de jefaturas de departamento, direcciones de área y direcciones generales de la administración pública federal. De otra forma se corre el riesgo de que los grandes planes de política pública y los grandes proyectos que poco a poco se están ventilando ante la opinión pública por parte del equipo de transición, no den los resultados esperados derivado de la pobre implementación por parte de una preburocracia no meritocrática.
La importancia de contar con burocracias profesionales meritocráticas en todos los niveles de gobierno no es menor. De acuerdo a los académicos Peter Evans y James Rauch, (1999) en países con servicios civiles de carrera operativos y consolidados, existen mayores niveles de crecimiento económico. Asimismo, Jeffrey Henderson, David Hulme, Hossein Jalilian y Richard Phillips (2003) concluyen que en países con estructuras gubernamentales basadas en un servicio civil de carrera, los índices de pobreza son menores en comparación con aquéllos que no lo tienen.
Otras ventajas son el mejoramiento de la prestación de servicios públicos mediante la disminución de la impericia y la improvisación; la continuidad de las buenas políticas públicas; el destierro de vicios como el clientelismo, amiguismo o nepotismo en la asignación de puestos públicos; y el incremento de los niveles de competitividad.
La inexistencia de servicios civiles de carrera que realmente funcionen es el gran elefante en la sala, que todos fingimos no ver pero que infortunadamente seguirá constituyendo un freno para el desarrollo de nuestro país. Es uno de los grandes pendientes en esta época de transición política. Ojalá podamos avanzar en este tema en el que México tiene un centenario retraso y entendamos que no puede haber democracia sin servicios civiles de carrera y que la carencia de ellos bien puede resultar en un mayor desencanto ciudadano con nuestro incipiente proceso de democratización.
