El caso de la periodista mexicana Lydia Cacho cobra un nuevo impulso 13 años después. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que fueron violentados los derechos humanos con la detención de la autora de Los demonios del edén, un libro que reveló en marzo de 2005 una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo.
El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional ha emitido una resolución que exige al Estado mexicano reparar el daño a la periodista, procesar a los responsables de las violaciones cometidas y derogar de los códigos penales los delitos de difamación y calumnias, pues permiten al poder político y económico utilizarlos como armas contra los informadores.
Lydia Cacho fue detenida por diez personas en Quintana Roo, al sur del país, nueve meses después de que su investigación fuera publicada. El grupo la trasladó en una camioneta hasta el Estado de Puebla en un trayecto de 20 horas donde no se le permitió comer ni comunicarse con nadie. En el camino fue víctima de tortura psicológica y de tocamientos, además de amenazas de muerte.
México fue testigo, el 14 de febrero de 2006, de una repugnante llamada telefónica difundida por el periódico La Jornada en la que el empresario textil Kamel Nacif Borge, señalado como una de las piezas clave en la red de explotación sexual infantil, congratulaba a Mario Marín, el gobernador priista de Puebla, por la detención de la periodista por el delito de calumnia. “Eres el héroe de esta película, papá”, aseguró Nacif en el pinchazo telefónico del 23 de diciembre de 2005. El mandatario le respondió orgulloso: “Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad”.
El caso se convirtió en un ejemplo de cómo las relaciones entre el poder económico y político podían conspirar, en este caso en contra la de la libertad de expresión. Eso es lo que reconoció la ONU este martes en un histórico primer dictamen contra México. “Es sumamente importante y de gran relevancia porque es un caso emblemático y porque las violaciones siguen repitiéndose 13 años después”, ha dicho este jueves Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Es un mensaje claro contra el Estado mexicano de que la violencia contra los periodistas es inaceptable”, agregó Leopoldo Maldonado, uno de los abogados que llevaron el caso a la ONU.
“Después de 13 años tengo la seguridad de que este es un mérito de la sociedad civil. Logramos que las fiscalías fueran analizadas por la sociedad”, ha dicho Lydia Cacho al festejar la noticia. El dictamen reconoce que la periodista fue torturada, víctima de violencia de género y de una detención arbitraria. Además, su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado. El delito ha quedado impune a pesar de ser de los primeros en llegar a la Fiscalía para delitos contra periodistas creada en febrero de 2006, durante el Gobierno de Vicente Fox. “Este es un éxito y un triunfo de la capacidad de la sociedad para llegar a instancias internacionales y una muestra de la incapacidad de las instancias nacionales para hacer su trabajo”, ha agregado Jarab.
México tiene 180 días para responder el dictamen emitido por la ONU. Jarab asegura que la secretaría de Relaciones Exteriores ya ha expresado su disposición para atender a las exigencias, que incluyen una investigación imparcial, pronta y exhaustiva de los hechos denunciados por Lydia Cacho; juzgar y castigar a con penas adecuadas a las personas halladas responsables, compensar a la periodista por los daños causados y derogar los delitos de difamación y calumnia, que aún son vigentes en ocho de los 32 Estados del país. Cacho afirma que solo uno de sus torturadores está en prisión. Otro más está prófugo y es protegido por la policía de Puebla. Además de eso nadie ha sido llevado a la justicia.
“Tenemos que aprender de los errores del pasado”, dijo Cacho. “A los periodistas no nos toca ser héroes o heroínas. Solo somos sobrevivientes de la tragedia nacional”, agregó. Sin embargo, las agresiones contra la prensa en México no han hecho otra cosa más que aumentar. Once informadores fueron asesinados en 2017 y otros siete reporteros han muerto en el primer semestre de 2018. La ONU ha enviado un mensaje más de que este clima es inaceptable.
Con información de El País.
