Cobro de verificación vehicular para este 2018

Por Alejandro Peza

La titular de la Secretaría de Finanzas en el estado Yohanet Torres Muñoz confirmó que dentro de la ley de impuestos se tiene contemplado el cobro de la verificación, situación que se está analizando con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, previo a la entrega que se hará al nuevo Instituto de Movilidad.

La secretaria preciso que en el año 2018 la Secretaria de Finanzas y Planeación estaría iniciando con el cobro de la verificación vehicular en Quintana Roo.

“Todavía no tenemos el tabulador sé que eso lo están viendo nosotros vemos el proceso del cobro la recepción del pago el formato que se va a utilizar se están analizando la ley voy a tener una reunión en estos días con Sintra, Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) para que todo cumpla con los requisitos  que deben de tener para emitir los formatos que marca la ley de los conceptos” comentó.

La secretaria de finanzas y planeación, señaló que  ya ha iniciado los trabajos formales tanto con la SINTRA y la  Secoes para iniciar con el cobro de la verificación vehicular, y para lo cual ya trabajan con  el diseño de los formatos y las plataforma de recaudación digital y con ello aplicar este nuevo cobro en el 2018, siendo los vehículos de servicios públicos los primeros en ser verificados.

“Esto es ya, estamos trabajando en ello  y en esto debe estar en 2018,  y en la ley de ingreso siempre está el concepto porque son conceptos que se cobran y se está precisando están en la ley los renglones que se cobran y ahora con el cambio estamos afinando y tratando de que todos esos pagos sean electrónicos” expresó.

Yohanet Torres Muñoz dijo desconocer cuanto tendrían que erogar los propietarios de los vehículos por el concepto de verificación vehicular pues aseguro no cuentan con el tabulador de cobro y por eso dijo ya trabajan de manera interinstitucional para reglamentar este nuevo esquema.

En tanto la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), informo que buscará revocar la concesión que fue otorgada en 2011 a favor de 12 empresas para la instalación de 16 verificentros en el estado; sin embargo se encuentran en análisis para replantear la posibilidad de que sea efectiva la verificación exclusivamente en transporte público y de carga, con la diferencia justificada en un daño ambiental y con normas que no representen meramente una medida recaudadora como se intentó durante el periodo borgista.

El subsecretario de Medio Ambiente de la Sema, Óscar Álvarez Gil indicó que instaurar los verificentros no se trata de un tema de prevención sino que Quintana Roo afronta una mala calidad del aire que se generan a partir del tránsito en el Canal de Yucatán en donde cruza el 40 por ciento del transporte marítimo en el mundo.

“Tenemos problemas a nivel internacional porque el 90 por ciento del comercio mundial se da en esos barcos, los cuales casi usan crudo y emiten contaminación altísima. Tenemos las chimeneas aquí enfrente” comentó.

A mediados de diciembre de 2011, la XIII Legislatura avaló la propuesta de Borge para concesionar a 12 empresas la operación de Centros de Verificación Vehicular en ocho municipios hasta por 15 años.

Las concesiones que se otorgaron de manera directa están ligadas con empresarios del centro del país, como Jorge Kahwagi y otras como Valenzuela Villalpando, demandado por intentar monopolizar el mercado de los verificentros en Estado de México y Puebla, además de haber obtenido la Notaría número 100 en Cancún al término del sexenio borgista.

Álvarez Gil indicó que estas concesiones no están vigentes y serán revocadas porque la tecnología que pretenden usar “no es ni cercana a la que requeriremos”, y el decreto aprobado establecía el pago de un refrendo anual por el “uso, goce y explotación” de la concesión ante la Secretaría de Hacienda, el cual no se realizó.

De ingresar a un esquema de verificación, no debería de ser para un fin recaudatorio.

Añadió que el tema de calidad del aire, no sólo se atiende bajo la vertiente de los verificentros, sino que hay otros programas de corte internacional que se aplican.

“De lo que se trata, es que obliguemos a las embarcaciones a utilizar durante el trayecto otro tipo de combustible para reducir la contaminación, esperemos que en un año mejore la calidad del aire, no solo son las verificaciones”, expresó

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