Tras dos semanas de detectarse medicamentos caducados en el almacén de los Servicios Estatales de Salud (SESA) en el almacén de Subteniente López, cuatro servidores públicos resultaron señalados y bajo escrutinio, por los que la Secretaría “Anticorrupción” y Buen Gobierno mantiene investigación federal contra ellos.
Aunque las sanciones definitivas siguen en proceso de determinación legal, los principales servidores públicos involucrados son el propio titular de SESA, Flavio Carlo Rosado, a quien opinión pública y sectores le atribuyen negligencia institucional y falta de supervisión por enfocarse más en sus aspiraciones políticas en Isla Mujeres.
Los otros tres son Álvaro Arturo Cruz Mena, director administrativo de la dependencia; Luis Enrique Velázquez, encargado directo del almacén general en Subteniente López y otro funcionario identificado como “Manlio”, al parecer Manlio Hoil Brito, Jefe de Departamento de la Secretaría, adscrito al área de Adquisiciones. El nombre que desapareció de la lista inicial fue Jorge Gutiérrez Contreras, subsecretario de la dependencia en la Zona Sur.
Sobre el estado de las investigaciones y conductas a sancionar, la indagatoria federal escaló tras confirmarse que no sólo había cientos de medicamentos caducados y dañados por humedad en la bodega de Subteniente López, sino por maniobras ilegales posteriores para ocultar la falta de control.
Los funcionarios enfrentarían sanciones administrativas graves y consecuencias penales por la manipulación de inventarios oficiales, pues se detectó el traslado forzado de insumos médicos desde clínicas periféricas y hospitales al almacén auditado, a fin de hacer coincidir las existencias físicas con los registros oficiales y engañar a los auditores federales.
Al retirar los medicamentos vigentes de los centros de salud para “cuadrar” deficiencias en Subteniente López, se desprotegió intencionalmente a la población vulnerable de Quintana Roo, además que trabajadores del sector denunciaron que, al verse descubiertos, los responsables intentaron reubicar y esconder los lotes en mal estado en bodegas alternas de la SESA.
Las autoridades federales mantienen resguardadas las instalaciones mientras se integra el expediente definitivo que fijará inhabilitación de cargos, multas por daño patrimonial o denuncias penales ante la Fiscalía contra los que resulten responsables, pues el impacto directo del desabasto y la mala gestión en el almacén afectó gravemente a pacientes más vulnerables de Quintana Roo.
Las consecuencias de mantener miles de medicamentos e insumos médicos caducados o dañados por la humedad, sumado a la manipulación posterior de inventarios, provocaron afectaciones en niveles críticos, entre ellos la desprotección inmediata en centros de salud y hospitales locales
Otra consecuencia fue un desabasto, ya que, al trasladar de forma forzada lotes vigentes desde clínicas periféricas hacia el almacén auditado para “cuadrar” cifras, se vaciaron anaqueles de unidades médicas operativas.
Sobre tratamientos interrumpidos, faltaron claves esenciales para el control de enfermedades crónicas -como diabetes e hipertensión- y medicamentos especializados en hospitales, mientras el deterioro de los insumos por humedad limitó la capacidad de clínicas comunitarias para atender emergencias básicas y realizar procedimientos quirúrgicos menores.
Respecto al impacto económico en los bolsillos de pacientes y el obligatorio gasto, ante la recurrente respuesta de “no hay en existencia”, derechohabientes y familias se vieron obligados a financiar sus propios tratamientos comprando en farmacias privadas.
La población rural y de zonas marginadas, que depende exclusivamente de SESA, sufrió el mayor golpe al no contar con ingresos para sustituir de forma externa el medicamento faltante.
En un colapso operativo y ético del sistema de salud estatal, médicos y enfermeros reportaron trabajar bajo extrema frustración y presión social, enfrentando directamente reclamos de usuarios por falta de insumos que sabían que estaban retenidos o echándose a perder en las bodegas oficiales.
En este sentido, en torno a pérdida de patrimonio público, cientos de miles de pesos asignados a salud pública se convirtieron en desecho biológico inutilizable, obligando a un posterior gasto de destrucción especializada de fármacos caducados.
Sin embargo, el monto total exacto de las pérdidas económicas aún no ha sido cuantificado de forma definitiva por las autoridades fiscales, debido a que la Secretaría “Anticorrupción” y Buen Gobierno mantiene el almacén bajo resguardo mientras realiza el conteo pieza por pieza.
Sin embargo, considerando la naturaleza del problema y los precedentes de auditorías médicas en Quintana Roo, el impacto financiero se integra por vertientes económicas, entre ella la pérdida directa por valor de los fármacos destruidos
Al tratarse de “cientos o miles de medicamentos e insumos médicos” de diversas claves -incluyendo tratamientos especializados y de alta demanda-, el valor de las cajas echadas a perder por humedad y caducidad impacta de manera directa el presupuesto estatal de salud.
Además, en torno a medicamento especializado, el desecho de claves prioritarias o de alta especialidad eleva drásticamente las pérdidas, ya que un sólo lote de este tipo de fármacos puede alcanzar millones de pesos en pérdidas patrimoniales.
Por otro lado, SESA no puede simplemente tirar estos insumos a la basura, sino contratar laboratorios o empresas autorizadas de manejo de residuos biológico-infecciosos para la incineración y desecho seguro de los fármacos, lo que implica un gasto extra por tonelada.
Por si fuera poco, el traslado clandestino y urgente de medicamentos hacia bodegas alternas de Chetumal -como las detectadas en la avenida Héroes de Chapultepec- generó el uso indebido de vehículos oficiales, gasolina y horas de personal que también se suma al desvío de recursos.
Para subsanar crisis y desabasto provocado en centros de salud, a los que les retiraron insumos vigentes para intentar burlar la auditoría, el Gobierno del Estado deberá realizar adquisiciones de emergencia, con compras de última hora que suelen hacerse a precios mucho más elevados que las consolidadas planeadas.
El volumen exacto del material asegurado sigue bajo secreto de investigación fiscal, pero reportes de la auditoría federal y denuncias de personal de salud refieren que el lote es de miles de piezas de medicamentos e insumos médicos, lo que operativamente se traduce en un volumen físico de consideración significativa.
Para comprender la magnitud de la ocupación física que representa este hallazgo en el almacén, el volumen se proyecta bajo varios criterios logísticos, entre ellos un estimado del volumen de almacenamiento, el espacio de tarimas, donde un lote de los miles de cajas de medicamentos y material de curación mojado o dañado suele ocupar entre 15 y 40 tarimas estándar de carga.
En términos de almacenamiento industrial, esto equivale aproximadamente a un volumen de entre 30 y 80 m3 de espacio tridimensional compactado en estanterías.
Para el traslado clandestino a la bodega alterna de Héroes de Chapultepec, se requirió movilizar múltiples camionetas de carga pesada tipo van o camiones medianos tipo Torton para desalojar rápidamente material del almacén general.
El material de curación -gasas, jeringas, guantes- es de bajo peso, pero de gran volumen. En contraste, los medicamentos líquidos -soluciones salinas, jarabes, ampolletas- añaden un peso físico muy alto al inventario.
Basado en operativos similares de la Cofepris y el Sistema de Gestión de Residuos, un lote de miles de piezas acumuladas y dañadas por la humedad puede registrar un peso bruto de entre 2 a 5 toneladas de desechos médicos.
El gran volumen desalojado es precisamente la razón por la que trabajadores del sector pudieron detectar e interceptar visualmente las maniobras de ocultamiento nocturno que intentaron los responsables para limpiar el almacén antes de concluir la inspección federal.
En torno a los plazos legales para que la Secretaría “Anticorrupción” formalice y publique el pliego total de observaciones financieras, al tratarse de una auditoría por daño patrimonial y negligencia médica, el proceso se rige estrictamente por tiempos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Así, la fase de ejecución e informe de auditoría dura entre 30 a 45 días hábiles y tras concluir la inspección física en el almacén, el equipo auditor recopila actas y evidencias, tras lo cual se emite un informe interno con observaciones financieras iniciales y el cálculo del desvío económico por el medicamento caducado o dañado.
El periodo de solventación es de 15 a 30 días hábiles, y una vez que se publica formalmente el pliego de observaciones, se notifica a Servicios Estatales de Salud, aunque los funcionarios señalados -directores de administración y encargados de almacén- disponen de este plazo improrrogable para presentar facturas, bitácoras o pruebas que justifiquen la pérdida de los fármacos o demuestren que no hubo dolo.
Sobre la elaboración del informe definitivo, si la SESA no logra justificar las irregularidades financieras de los inventarios, la Autoridad Investigadora de la Secretaría procederá a elaborar un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se determina si el caso se persigue como una falta “No Grave” -negligencia administrativa- o “Grave”, por desvío de recursos públicos o daño patrimonial severo.
A todo esto, para garantizar que los responsables no evadan la acción de la justicia por burocracia, la ley fija límites máximos para emitir sanciones definitivas a partir de que se comete o detecta la falta, con 3 años de plazo máximo si las conductas del personal se tipifican como faltas administrativas no graves, o 7 años si la investigación confirma desvío intencional de recursos, corrupción en compras públicas o dolo en la destrucción del patrimonio de salud
Por la naturaleza del caso -traslado clandestino de medicamentos a bodegas alternas y afectación social masiva-, la Secretaría “Anticorrupción” suele agilizar plazos preliminares para presentar las denuncias correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía en un lapso no mayor a 4 o 6 meses de investigación de gabinete.
Cabe señalar que el hallazgo inicial de los medicamentos caducados se expuso públicamente el 1 de julio, con una revelación que se desarrolló en dos momentos clave: A través de inspecciones y denuncias de los trabajadores de SESA.
Ese día se publicaron las primeras evidencias y denuncias ciudadanas y del personal médico exponiendo las condiciones de abandono, humedad y caducidad de los fármacos en Subteniente López, mientras que el día 5 trabajadores del sector formalizaron y difundieron de manera masiva reportes de la auditoría de la “Anticorrupción”, confirmando que el lote dañado se detectó durante los procesos de revisión fiscal de esa semana.
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*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Redacción: EN PRIMERA FILA
