MÉRIDA, Yuc. (apro).- Las comunidades mayas de Laguna, Campamento Hidalgo, Villa Guadalupe y Bolmay, que se encontraban en una disputa territorial con Quintana Roo, forman parte de Yucatán, según determinó el Congreso del Estado de Yucatán mediante una declaración publicada en el decreto 208/2026 del Diario Oficial del Estado. Con esto, sus habitantes son oficialmente yucatecos.
Los cuatro poblados estaban inmersos en un litigio territorial entre Quintana Roo y Yucatán, en la zona conocida como el Punto Put. Aunque se reconoce que geográficamente están dentro de los límites de Chemax, también mantienen una estrecha interconexión con Valladolid.
A través de este decreto, los legisladores de Yucatán solicitaron a las presidencias municipales de Chemax y Valladolid garantizar a estas comunidades la prestación continua, suficiente, eficiente y oportuna de los servicios públicos, administrativos y sociales, además de calificarlas como zonas de atención prioritaria.
A su vez, exhortaron a las autoridades federales con atribuciones en la región —particularmente aquellas vinculadas con el bienestar social, salud, educación, pueblos indígenas, medio ambiente, áreas naturales protegidas, programas sociales, estadística, cartografía, registros administrativos y servicios públicos— a coordinar sus actuaciones con el Gobierno del Estado de Yucatán. El objetivo es evitar que los habitantes dentro de su territorio sean excluidos, retrasados o indebidamente condicionados en el acceso a servicios, apoyos, trámites o programas.
Las disputas por Punta Laguna, Campamento Hidalgo, Villa Guadalupe y Bolmay iniciaron formalmente en la década de los 90, pero escalaron al plano legal en 2019. En ese año, el estado de Quintana Roo modificó sus límites territoriales mediante el Decreto 303, lo que afectó a varios municipios del oriente y sur de Yucatán; Chemax fue uno de los principales afectados junto con Valladolid, además de Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax.
Yucatán impugnó esta acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e inició la controversia constitucional 226/2019, la cual hasta la fecha no ha sido resuelta de fondo, por lo que el fallo definitivo se mantiene pendiente.
Redacción: PROCESO
