La modificación a la Ley de Acciones Urbanísticas, impulsada por el Ejecutivo Estatal, abre la puerta a unidades habitacionales menores a los 45 metros cuadrados, agravando el hacinamiento en la entidad > Los “mínimos técnicos” funcionales deben ser de al menos 30 metros cuadrados para una persona y 60 metros cuadrados para hogares de tres a cuatro integrantes, según expertos
CHETUMAL, 13 de mayo. – En medio de un ríspido debate que pone en entredicho el concepto de vivienda digna en la entidad se aprobó la reforma a la Ley de Acciones Urbanísticas enviada por la gobernadora Mara Lezama. La modificación central consiste en la adición de un párrafo al artículo 23, el cual introduce una excepción para que los programas sociales de vivienda -ya sean federales, estatales o municipales- puedan ofrecer lotes o unidades habitacionales con dimensiones inferiores a los 45 metros cuadrados vigentes, medida que ha sido catalogada por los críticos como un retroceso en los derechos humanos.
Como publicó Diario CAMBIO 22, durante la sesión, la diputada María José Osorio, del PVEM, subió a tribuna para defender la iniciativa, argumentando que la reforma busca crear esquemas de vivienda en renta tipo estudio, de aproximadamente 30 metros cuadrados o menos. Según la legisladora, estos espacios están diseñados específicamente para jóvenes y recién egresados, con el fin de facilitarles un acceso a bajo costo, asegurando que los ingresos generados por los arrendamientos se destinarían al mantenimiento de los mismos edificios. No obstante, esta visión de “vivienda compacta” chocó frontalmente con los señalamientos de la oposición.
El diputado José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, fue uno de los críticos más vocales al señalar que esta reforma sacrifica los estándares básicos de confort y salud mental de los ciudadanos. Pech advirtió que la ley no fija un límite inferior de superficie, lo que otorga un “cheque en blanco” para confinar a los sectores más necesitados a espacios reducidos. Por su parte, la diputada Reyna Tamayo, del PAN, denunció que la reforma no solo afecta el espacio habitable, sino que permite incrementos automáticos en las tarifas de conexión de agua potable y alcantarillado, impactando directamente en la economía de las familias quintanarroenses.
La controversia legislativa encuentra un eco preocupante en la academia internacional. El estudio “Requisitos Espaciales Mínimos de Vivienda para el Florecimiento Humano”, publicado este 2025 por Karl T. Ulrich en la revista científica Buildings, advierte que el bienestar psicológico colapsa cuando el espacio por persona cae por debajo de los 20 metros cuadrados. La investigación de Ulrich utiliza la psicología ambiental para demostrar que el hacinamiento percibido eleva los niveles de cortisol, provoca retrasos cognitivos en niños y erosiona la autonomía del individuo al degradar el entorno doméstico como refugio psicológico.
Bajo esta óptica técnica, la propuesta de reducir las viviendas a menos de 45 metros cuadrados para parejas o familias pequeñas es inviable a largo plazo. El autor propone que los “mínimos técnicos” funcionales deben ser de al menos 30 metros cuadrados para una persona y 60 metros cuadrados para hogares de tres a cuatro integrantes. Ulrich enfatiza que, si bien los jóvenes pueden tolerar “microviviendas” por periodos cortos, estas unidades no funcionan como hogares estables, ya que generan una rotación constante de inquilinos y ponen en riesgo el tejido social y la estabilidad emocional de la población.
Este estudio puede ser consultado es de acceso público en el siguiente enlace DOI: https://doi.org/10.3390/buildings15152623.
El panorama en Quintana Roo se torna aún más complejo al contrastar esta reforma con el marco legal previo. Hasta antes de esta modificación, la Ley de Vivienda estatal clasificaba la “Vivienda Económica” con un tope de 45 metros cuadrados, exigiendo un baño, cocina y área de usos múltiples. Por su parte, el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción de Othón P. Blanco prohíbe explícitamente autorizar conjuntos habitacionales con superficies menores a ese metraje. La nueva reforma impulsada por Mara Lezama rompe con estos candados técnicos que buscaban evitar el hacinamiento desmedido.
Además de la reducción espacial, los estándares de habitabilidad parecen quedar en un limbo normativo. La legislación vigente en el municipio de Othón P. Blanco exige que la iluminación natural pase por ventanas que representen al menos el 20% de la superficie del piso, y que la ventilación no sea inferior al 15% en climas cálidos húmedos. Expertos advierten que, al comprimir las áreas de vivienda, las tareas domésticas comienzan a superponerse —como comer en la cama o trabajar en pasillos—, lo que invalida los requisitos de ventilación e iluminación cruzada necesarios para un ambiente saludable en el trópico.
Finalmente, El Gobierno del Estado defiende la medida como una solución a la demanda habitacional pero la evidencia científica sugiere que se está gestando una crisis de salud pública a largo plazo. Sin una infraestructura escolar y urbana que compense la falta de espacio privado, la reducción de los metros cuadrados en la vivienda social de Quintana Roo podría traducirse en un aumento del aislamiento social y un deterioro sistemático de la calidad de vida de las nuevas generaciones.
Redacción: diariocambio22
