Desde la Comisión de Justicia en la XVII Legislatura del Congreso del Estado se analizó y dictaminó como no procedentes 3 solicitudes de juicio político, entre ellas la que hicieran operadores de Uber en la zona norte contra diversos funcionarios del gobierno estatal.
Así lo dio a conocer el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia y quien informó que, tras revisar este asunto, se concluyó que era improcedente dado que no entra en competencia de la Legislatura local.
“Esta solicitud menciona que se violan sentencias de un juicio de amparo emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, pero no es materia de un Congreso, no tenemos la facultad de resolver de fondo y determinar si hubo o no una violación a la sentencia de amparo, porque la Constitución general de la República establece un procedimiento específico para ello”, explicó el legislador.
Alday Nieto indicó que ni el Congreso de Quintana Roo ni cualquier otro Congreso está facultado para atender este tipo de temas, por lo tanto, se dictaminó como improcedente al no ser materia de la XVII Legislatura.
Otros aspectos también se consideraron, como por ejemplo que algunos servidores públicos señalados no son sujetos a juicio político, mientras que uno no era servidor público en los tiempos que se marcaron dentro de la solicitud.
