En sesión realizada este lunes, la Nueva Corte aprobó por mayoría la sentencia que declara la inconstitucionalidad de las prórrogas de los nombramientos de dos magistraturas del TSJE, incluyendo la de su presidente, Heyden Cebada, y también declaró inválidas las presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, así como nulificó las Salas del Tribunal Superior de Justicia e invalidó el nombramiento de la magistrada del Tribunal Unitario para Adolescentes > Como anticipó Diario Cambio 22, aprueban exhorto al Congreso del Estado para que legisle y corrija las normas declaradas inconstitucionales > Pretende Heyden Cebada retar la sentencia de la Corte y aferrarse ilegalmente al cargo
CHETUMAL, 6 de julio de 2026.- Por mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto y sólo uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prórroga establecida en la reforma judicial de Quintana Roo a favor de Heyden Cebada Rivas, por lo que invalidó su nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) hasta el 2033.
Junto con dos magistraturas del TSJE, porque también corrió la misma suerte la de Ana Mercedes Castillo Carvajal, quedaron invalidadas por inconstitucionales las actuales presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, y peor aún, por sus efectos en la impartición de justicia, quedaron invalidadas por inconstitucionales las Salas del TSJE y la magistratura del Tribunal Unitario para Adolescentes.
Por lo mismo, en la sesión realizada este lunes al mediodía, la SCJN aprobó exhortar al Congreso del Estado de Quintana Roo para que, en el marco de su libertad configurativa, determine las medidas legislativas conducentes a fin de que se garantice la regularidad en el funcionamiento del Poder Judicial de la entidad y no se genere perjuicio a los justiciables, previo al próximo proceso de elección judicial local, de conformidad con el marco constitucional vigente.
Este exhorto se aprobó con una mayoría más reducida, de cinco votos, porque tres magistradas estuvieron en contra, sólo que una de ellas, Loretta Ortiz Ahlf, pidió que no sólo se exhortara al Congreso, sino que se le vinculara a legislar para corregir las inconstitucionalidades señaladas, lo que representaba haberle dado una orden directa, dado el número de órganos y nombramientos que quedan sin efectos con la declaratoria de inconstitucionalidad.
El nombramiento de Heyden Cebada como magistrado del TSJE queda sin efectos con esta sentencia, porque se invalidó por completo la norma que le daba fundamento, que es el párrafo cuarto del artículo Tercer Transitorio de la reforma a la Constitución del Estado en materia judicial de enero del 2025, en el cual se había establecido que se prorrogaba su nombramiento de magistrado por ocho años, hasta la elección judicial estatal del 2033.
Junto con el de Heyden Cebada también queda sin efectos el nombramiento de la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal, quien también fue beneficiada con la prórroga declarada inconstitucional.
Sólo votó en contra de invalidar la prórroga de ambas magistraturas numerarias el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien fue ayudado por la Legislatura, el Poder Judicial y los ayuntamientos de Quintana Roo en su promoción anticipada hacia la candidatura a ministro de la SCJN, pero no realizó una exposición de los motivos y fundamentos para defenderla.
Órganos “descabezados” en el Poder Judicial del Estado
En su exposición, la ministra instructora de la sentencia, María Estela Ríos González, ratificó que las entidades federativas están obligadas a diseñar un modelo en el que las personas impartidoras de justicia sean nombradas por voto popular.
Por esta razón, también fue declarado inconstitucional e invalidado el nombramiento de la magistrada titular del Tribunal Unitario para Adolescentes, Aida Isis González Gómez, porque no fue electa por voto popular, sino mediante un sistema en el que sólo intervinieron la gobernadora y el Congreso del estado.
Por unanimidad también quedó invalidado el nombramiento de la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Elizabeth Moreno Rejón, porque debió decidirse por la cantidad de votación popular obtenida, y también se declaró inconstitucional la presidencia del Órgano de Administración Judicial, ocupada por Rafael Manuel Ponce Pacheco, porque debió ser elegido por insaculación, en apego al modelo establecido para los órganos análogos del Poder Judicial Federal.
Tres ministros, incluyendo al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, se pronunciaron en contra de declarar la validez de la forma de elección de la presidencia del TSJE, porque consideraron que las entidades federativas deben ajustarse al modelo establecido en la Constitución federal, para que la presidencia de sus tribunales de justicia la ocupen las personas que resultaron más votadas en la elección judicial.
Tanto para Aguilar Ortiz como para las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Lenia Batres Guadarrama y el ministro Irving Espinosa Betanzo, si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa para legislar en la materia, el diseño constitucional revela que el criterio definitorio para la elección de la presidencia del TSJE se sustenta en el número de votos obtenido y esta pauta delimita el margen del legislador local para establecer el sistema de elección de esa presidencia.
Por lo tanto, consideraron que la persona que obtenga mayor votación popular es quien cuenta con la capacidad de ocupar la presidencia del TSJE, porque el modelo previsto por la Constitución federal indica que corresponde a la ciudadanía determinarla y no a sus magistraturas integrantes.
Sin embargo, cinco ministros y ministras apoyaron el sentido del proyecto de sentencia, y quedó validado como constitucional que la presidencia del TSJE pueda ser elegida por los magistrados y magistradas que lo integran.
A pesar de eso, en Quintana Roo la presidencia del TSJE legalmente estará acéfala, debido a que se deja sin efecto el nombramiento del magistrado numerario que la ocupa, Heyden Cebada Rivas.
Otro impacto directo sobre la impartición de justicia viene por la anulación de la actual conformación e integración de las Salas del TSJE, donde se resuelven en segunda instancia las revisiones de las sentencia dictadas por los jueces de primera instancia.
Por mayoría de 8 votos, la SCJN declaró inconstitucional que el TSJE las haya conformado e integrado y determinado su domicilio, pues se consideró que invadió facultades que corresponden al Órgano de Administración Judicial.
También se invalidó la facultad establecida para crear nuevos órganos depositarios del Poder Judicial mediante legislación secundaria.
La sentencia surtirá efectos en el momento que sea notificada al Congreso del Estado de Quintana Roo, por lo que en ese momento deberán quedar sin efectos los nombramientos y los órganos declarados inconstitucionales.
Sin embargo, Heyden Cebada Rivas ya dio muestras de que se aferrará al cargo retando a la SCJN y al propio gobierno del estado, pretendiendo vender la versión de que la Corte le dio una nueva prórroga de nombramiento que ahora vence en el 2028 y que entonces puede inclusive participar por su reelección.
Pero la sentencia no dice nada de eso, sino que nulifica lisa y llanamente la norma que le dio su nombramiento hasta el 2033, por estar viciada de origen, ya que constituye una prórroga indebida que evade el proceso de democratización judicial y contraviene el modelo constitucional vigente al sustraerse del mecanismo democrático de renovación de las magistraturas, además de que la Constitución Federal no otorgó a las legislaturas locales la facultad de crear regímenes de excepción que permitan a los juzgadores actuales evitar la renovación mediante el voto ciudadano.
Redacción: diariocambio22
