Playa del Carmen, Quintana Roo 30 de junio del 2026.-Una denuncia ciudadana vuelve a colocar bajo el escrutinio público el actuar de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. Un ciudadano quintanarroense, quien solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias, denunció una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el aseguramiento de su camioneta Mercedes-Benz y el supuesto uso de la unidad por parte de personal de la propia institución.
De acuerdo con el testimonio del afectado y la documentación exhibida a este medio, los hechos comenzaron el 9 de febrero de 2026, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron una Mercedes-Benz GLE 53, modelo 2021. Según el denunciante, en ese momento los agentes le informaron que el aseguramiento obedecía a una investigación por un presunto fraude, no por el delito de robo.
El propietario sostiene que desde ese momento acreditó la legal procedencia del vehículo mediante la documentación correspondiente y los permisos para su circulación. A pesar de ello, la camioneta fue asegurada.
Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que, según el afectado, nunca fue detenido, pese a que se le señalaba dentro de una investigación relacionada con un presunto fraude.
Una cronología que plantea interrogantes
La secuencia de los hechos es uno de los puntos que más cuestiona el denunciante.
De acuerdo con la documentación presentada a este medio, fue hasta el 10 de febrero de 2026 cuando se elaboró un pre reporte de robo y posteriormente se inició una carpeta de investigación por ese delito.
El denunciante sostiene que existe una contradicción, ya que inicialmente el aseguramiento se realizó bajo el argumento de una investigación por fraude y, posteriormente, el caso cambió a un supuesto robo del vehículo.
“¿Cómo es posible que primero aseguren la camioneta por un presunto fraude y después inicien una carpeta por robo?”, cuestiona.
Para el ciudadano quintanarroense, esa modificación en la naturaleza de la investigación constituye una inconsistencia que debe ser esclarecida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Al día siguiente del aseguramiento, el afectado acudió voluntariamente a la Fiscalía General del Estado para acreditar formalmente la propiedad de la camioneta.
Afirma que entregó toda la documentación requerida y que ésta fue revisada por las autoridades ministeriales, quienes finalmente le informaron que debían esperar una respuesta del consulado antes de resolver la situación jurídica del vehículo.
El GPS comenzó a revelar movimientos
La camioneta contaba con un sistema de geolocalización GPS.
Gracias a ese dispositivo, asegura el denunciante, pudo monitorear durante los días siguientes la ubicación de la unidad y comenzó a detectar movimientos constantes que, según afirma, no correspondían al resguardo de un vehículo asegurado.
De acuerdo con su versión, el GPS mostraba que la camioneta era utilizada para distintos desplazamientos por personal de la propia Fiscalía General del Estado.
Incluso, sostiene que aproximadamente un mes después la unidad ya circulaba con placas de Cancún, situación que incrementó sus sospechas sobre el destino que estaba teniendo un vehículo que legalmente debía permanecer bajo resguardo ministerial.
El ciudadano afirma conservar los registros de geolocalización que documentarían dichos recorridos.
El cambio de propietario
Uno de los aspectos que también cuestiona el denunciante es que, tras acudir a reclamar la devolución de la unidad, las autoridades ministeriales le informaron que existían dos personas que acreditaban la propiedad del vehículo.
Según su versión, inicialmente la camioneta era identificada como un vehículo con documentación estadounidense; sin embargo, posteriormente la investigación pasó a sostener que pertenecía al ciudadano canadiense que presentó el pre reporte de robo.
El afectado considera que esa modificación representa otra inconsistencia que deberá ser esclarecida durante la investigación.
Los fiscales señalados
En la documentación presentada aparecen los nombres de los fiscales Zaabdín Ítalo Ramírez Morales y Javier Bladimir Escobar, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por la fuente, ya cuentan con una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Será esa autoridad la encargada de determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales derivadas de estos hechos.
La Fiscalía tiene la palabra
El caso vuelve a abrir el debate sobre los mecanismos de control interno de la Fiscalía General del Estado y sobre el manejo de bienes asegurados durante una investigación.
Las aparentes inconsistencias en la cronología de los hechos, el cambio de una investigación por presunto fraude a una carpeta por robo, el presunto uso de una unidad que debía permanecer bajo resguardo oficial y las contradicciones señaladas por el denunciante respecto a la acreditación de la propiedad del vehículo son aspectos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
La ciudadanía espera que el fiscal general Raciel López Salazar permita una investigación objetiva, transparente y sin excepciones, a fin de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determine, con base en las pruebas y el debido proceso, si existieron irregularidades y quiénes deben responder por ellas. Cuando los señalamientos recaen sobre quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia, el esclarecimiento de los hechos resulta indispensable para preservar la confianza pública en las instituciones.
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