- El país centroamericano de nuevo es ejemplo internacional, pues sus autoridades detuvieron además al diputado Julio Antonio Juárez Ramírez, por el asesinato de periodistas
- Ambos legisladores, pertenecen a la coalición partidista que llevaron al poder al actual presidente, Jimmy Morales
Julian Santiesteban
El gobierno de Guatemala detuvo durante el mes de enero a dos diputados allegados al presidente de ese país, Jimmy Morales, acusados de delitos graves, entre ellos peculado por sustracción, nombramientos ilegales y abuso de autoridad; además del asesinato de dos periodistas, en un hecho sin precedente en toda la región.
El diputado Arístides Crespo Villegas, de 68 años, fue detenido el 23 de enero pasado y trasladado a la Torre de Tribunales, en un proceso que inició desde mediados de 2017, cuando surgieron pruebas de la contratación ficticia, en el periodo 2014-2015, de 17 personas cuando el ahora ex legislador fungió como presidente de la Junta Directiva del Congreso guatemalteco en 2015.
De acuerdo al portal Prensa Libre, durante su gestión, Arístides Crespo Villegas contrató a 17 personas, trece de ellas asignadas como asistentes en la Presidencia del Congreso, y otras cuatro a la Dirección de Comunicación Social del Legislativo; pero además, a escasos días de concluir su gestión como presidente del Congreso, autorizó el nombramiento de 87 personas que estaban por concluir su contrato en ese recinto.
Por ese motivo se le inició el proceso de investigación y en octubre de 2017 perdió su inmunidad legislativa, al comprobarse la irregular contratación del personal, lográndose la detención la semana anterior.
Anterior al caso de Crespo Villegas; el 13 de enero la cadena CNN difundió que fue detenido el también diputado del partido oficial, Julio Juárez, acusado del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar en marzo del 2015 en Mazatenango, Suchitepéquez. En ese atentado también resultó herido el periodista Marvin Túnchez.
La detención ocurrió en su domicilio del departamento de Suchitepéquez (en el suroeste del país) a raíz de una la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la entidad creada por Naciones Unidas para operar en el país.
La fiscalía y la CICIG presentaron en enero de 2017 una solicitud de antejuicio contra el diputado tras el análisis, entre otros, de los teléfonos de las víctimas y de los líderes de la estructura de sicarios, uno de ellos ya detenido. A la vista de tales datos, la Corte Suprema decidió retirarle la inmunidad parlamentaria en noviembre de ese mismo año.
Según las investigaciones, los periodistas fueron asesinados porque su trabajo comprometía el futuro político del ahora ex diputado, razón por la cual ordenó su asesinato y por lo cual ahora será juzgado.
Cabe recordar, por último, que en 2015, el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez, renunció al cargo para someterse a un proceso judicial, acusado de ser uno de los cabecillas de una red denominada “La Línea”, dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas; por lo cual se le fincaron los delitos de defraudación fiscal y cohecho. El ahora ex presidente fue encarcelado y aun no le ha sido dictada condena definitiva.
