A 11 años de la reforma constitucional en materia penal, y en un contexto de profunda transformación política, el sistema de justicia se encuentra en un momento crucial: se atienden las brechas para su consolidación o se asume el fracaso e inicia un proceso de contrarreforma. México Evalúa defiende la primera opción, bajo el entendido de que las modificaciones en las leyes, tanto las ya realizadas como las anunciadas, atentan contra los principios del sistema, y que además, agudizarían la corrupción en el acceso a la justicia.
Hay señales claras de retroceso que permiten a México Evalúa perfilar el riesgo de contrarreforma. Por un lado, se ha construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad (la llamada ‘puerta giratoria’), al tiempo que subraya la noción de que los derechos de las víctimas y de los procesados son un juego de suma cero. Por el otro, se han aprobado reformas (como la del artículo 19: la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa) que son incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio, y se prevé la discusión parlamentaria de nuevas iniciativas de reforma este mismo año. Existe una alta probabilidad de que estas modificaciones a las leyes profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema y, por tanto, abran la puerta a más corrupción.
En aras de disminuir este riesgo de retroceso, y armado con una metodología de seguimiento y evaluación sostenida durante seis años, el estudio Hallazgos 2018 se enfocó en evidenciar una clara falta de transparencia en la toma de decisiones de las autoridades a lo largo del proceso penal. Por ejemplo, durante 2018, pasamos de 2,085,842 investigaciones iniciadas (100%) a 81,080 asuntos vinculados (3.9%) sin criterios y lineamientos definidos para conocer la manera en las autoridades están decidiendo.
“Estamos convencidos de que los esfuerzos de evaluación y seguimiento de la operación de la justicia en México deben persistir, pues antes de seguir promoviendo cambios legislativos se deberían instrumentar los ajustes necesarios a través de políticas públicas sustentadas en información integral y confiable”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
“Debemos darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras. Hacemos un llamado a defender la reforma penal y atender los temas pendientes; estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada”, aseguró María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa.
En 2018, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, pues ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguido de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Nuevo León. Por otro lado, los estados peor evaluados en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo.
Por otro lado, Hallazgos 2018 presenta los resultados del Índice de impunidad del sistema de justicia penal. Para 2018, el Índice de impunidad federal, es decir, la proporción de casos que son conocidos pero no son satisfactoriamente resueltos por la FGR y el Poder Judicial Federal, es de 94.6% Por otro lado, el Índice de impunidad estatal es de 96.1%; los estados con menores niveles de impunidad son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California.
A pesar de estos resultados, hay algunas señales positivas. Una de ellas es el avance en las capacidades de investigación criminal en aquellas entidades que han optado por apostar por la coordinación y comunicación interinstitucional para mejorar sus resultados, como es el caso de Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, entidades de las que se documentan casos concretos en el reporte. Otra buena noticia es la reciente creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, la cual podría colocar de nuevo el tema de la justicia penal en la agenda pública, así como coordinar los esfuerzos que hoy están dispersos para hacerlo funcionar debidamente.
En la presentación del documento participaron también Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural en la UNAM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El documento se puede consultar en: www.mexicoevalua.org/Hallazgos2018
Fuente: Mexico evalua
