Rosario Robles está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por un caso más.
La dependencia investiga un contrato de 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron 15 por ciento del total.
Según los informes ministeriales, en esta indagatoria también son investigados el exoficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el exdirector general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.
De igual forma Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones, quien era el encargado de darle seguimiento a los trabajos, y José Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.
Este caso es distinto al que derivó en el citatorio girado a Robles para que comparezca el 8 de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El esquema presuntamente ilegal es muy similar a los otros casos ya judicializados en la llamada Estafa Maestra.
Este caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.
Comprendía también la verificación de la información y datos personales de los beneficiarios en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edomex y Veracruz.
El 8 de diciembre del mismo año la Sedesol hizo el pago a la UAEM por la suma acordada.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó este convenio, encontró que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, es decir, el 15.6 por ciento del total.
La mayor parte del universo de esta encuesta, 2 millones 542 mil 135, eran beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario; 1 millón 491 mil 194 del Programa de Pensión para Adultos Mayores y 2 millones 915 mil 633 del Programa de Abasto Social de Leche.
Tan sólo de estos tres programas son 6 millones 948 mil 962 registros, sin embargo, la ASF detectó que un millón 330 mil 352 registros estaban repetidos de 2 a 408 veces cada uno, lo que hizo sospechar que los entregables de este contrato eran fraudulentos.
Otra irregularidad anotada por la ASF es que el 28 de noviembre de 2014 la Universidad subcontrató estos servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos, un monto muy superior de lo que la ley permite subcontratar.
También Rosario Robles Berlanga deberá responder también ante la justicia de Quintana Roo por la llamada “Estafa maestra”
La Fiscalía de ese estado la acusa de participar en el desvío de recursos hacia empresas fantasma, a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) —en un mecanismo similar al de la “estafa maestra” o acaso parte de él— con los que se habrían financiado campañas políticas priistas y/o enriquecido a funcionarios del gobierno del hoy procesado exgobernador Roberto Borge Angulo.
Asimismo, fueron confirmadas las dos órdenes de aprehensión en contra del ex administrador del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Canal 7 Más, Gerardo Vázquez Handall, la Fiscalía General del Estado y Anticorrupción dieron por entendido que el ex funcionario, desde ahora, es calificado oficialmente prófugo de la justicia.
Como se recordará, los exfuncionarios del Canal 7 Más fueron acusados, presuntamente, de desviar más de 800 millones de pesos, producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El SQCS pagó 110.8 millones de pesos a una empresa en liquidación llamada Desarrollo Publicitario ADP; 58.9 millones de pesos a Agatha Líderes Especializados, empresa sin activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir; 3.5 millones de pesos a Comercializadora y Proyectos del Sur, empresa que carece de registro ante el SAT y que comparte domicilio fiscal con Comercializadora Polígono con sede en Mérida, Yucatán; 106.5 millones de pesos a Comercializadora Green Recyt, empresa no activa en el padrón de contribuyentes del SAT; y 25.6 millones de pesos a Asesorías y Servicios Break, con inconsistencias en sus datos de ubicación.
Con información de El diario
