La Fiscalía General de Justicia de Veracruz ejecutó el operativo denominado “Tiro de Gracia” que permitió cumplimentar 19 órdenes de aprehensión en contra de exmandos de la Secretaria de Seguridad Pública durante el gobierno de Javier Duarte, y elementos de dicha corporación, por su presunta implicación en un esquema organizado a través del cual se cometieron por lo menos quince desapariciones forzadas en 2013
Entre los probables responsables se encuentra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del estado; José Oscar “N”, exjefe de reclusorios de la entidad; José Nabor “N” exsubsecretario de Seguridad Pública; José Manuel “N”, exdirector de Operaciones Especiales; Roberto “N” exdirector de la Fuerza Civil del estado; Manuel Alejandro “N”, exdelegado de Seguridad Púbica y excomandante de la Fuerza de Reacción; y Roberto Carlos “N”, exdirector de la Secretarpia de Seguridad Pública y exdirector de Policía Ministerial en Tamaulipas.
De acuerdo con la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 las personas en contra de las que se ejecutaron en las últimas horas las 19 órdenes de aprehensión son responsables de haber implementado una “política ilegal” a través de la cual se detuvo sin órdenes judiciales a supuestos miembros del crimen organizado, que luego eran torturados y finamente desaparecidos.
“Esta política, consistió en detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente, a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada. Un juicio sumario, al que se enfrentaban sin defensor y sin garantías judiciales, sujetos a la apreciación de elementos policiacos”, indica el expediente de las autoridades.
Para llevar a cabo estas acciones ilícitas, detalla la indagatoria, la Secretaría de Seguridad Pública contaba en el sexenio de Duarte con dos grupos que actuaban de forma plenamente organizada, ambos bajo el mando de Bermúdez Zurita.
El primero denominado Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal,creado por orden directa de Bermúdez, y el cual se encargaba de hacer las “detenciones” de personas que a su exclusivo criterio consideraran “sospechosas”. El objetivo era extraer información de los detenidos con mecanismos de tortura e incluso de abuso sexual.
Posteriormente dicha Fuerza de reacción entregaba a los detenidos al segundo grupo denominado Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública, un grupo de élite no reconocido oficialmente, pero que operaba bajo orden directa de Bermúdez, y cuyos elementos eran en su mayoría exmilitares.
“Este segundo grupo, FUERZA ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, recibía a las víctimas y las trasladaba a LA ACADEMIA DE POLICÍA ESTATAL, ubicada en EL LENCERO, donde las torturaba, extraía información y después, las personas desaparecían. Tal es el caso de las 15 víctimas dentro del presente expediente, de quienes a partir de esta entrega, no se volvió a tener noticia sobre la suerte y paradero”, indica la indagatoria.
Con este modus operandi la Fiscalía acreditó la desaparición forzada de 15 personas tan solo entre abril y octubre de 2013, la mayoría de ellos jóvenes y entre los que había cuatro menores de edad. Todos fueron detenidos por elementos de la policía estatal y nunca se volvió a saber de su paradero.
Se trata de una acusación inicial. La Fiscalía que encabeza Jorge Wncklerinvestiga por lo menos 110 presuntas desapariciones forzadas más en la gestión de Javier Duarte.
Los trasladan a penal
Tras su detención las personas implicadas en esta acusación fueron trasladadas al penal estatal de Pacho Viejo donde quedaron a disposición de un juez de control quien primero calificará su detención y en los próximos días, definirá si hay elementos para vincularlos o no a proceso.
De los 19 acusados había dos que ya estaban detenidos previamente por otros casos y recluidos en Pacho: Arturo Bermúdez y José Oscar “N”
Cabe señala que el delito que se le imputa a todos los detenidos es el de desaparición forzada que ya de por si es un ilícito grave, pero que además tiene una pena más alta cuando hay víctimas menores de edad. Se prevé que los implicados, si son declarados culpables, alcancen penas que podrían de hasta 90 años de cárcel.
La Fiscalía de Veracruz destacó que este es un caso inédito a nivel nacional pues es el primero que llega ante un Juez bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
