Señalamientos hacia los medios de comunicación por no reconocer los avances que ha obtenido al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y la acusación en contra de ex gobernadores que “abrieron las puertas a la delincuencia organizada y contra quienes no se ha aplicado la justicia”, fueron los argumentos de Jesús Alberto Capella Ibarrapara responder a los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sobre el índice delictivo que se registra en la entidad y las estrategias implementadas para la lucha contra la delincuencia organizada.
Por momentos, ríspida su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Decimoquinta Legislatura, sobre todo ante los cuestionamientos del diputado Emiliano Ramos Hernández, Capella Ibarra reconoció que a pesar del presupuesto asignado a la dependencia de este año los resultados son pírricos y que aún no se siente satisfecho.
Incluso, cuestionó a Ramos Hernández que pareciera que estuvieran en dos reuniones diferentes.
Por espacio de tres horas y preguntando en algún momento “cuánto falta”, Capella Ibarra dijo que para tener niveles de seguridad aceptable es necesario resolver los conflictos con el personal y que no estaba a gusto con lo que se había hecho en estos meses, “pero transformar lo que se tenía, ni de aquí hasta China se podría resolver”.
Reconoció que hay preocupación en la zona sur de Quintana Roo por los delitos patrimoniales que se cometen, pero que en ningún momento se comparan a los que se cometen en el norte de la entidad por parte del crimen organizado.
Dijo que este año la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un presupuesto de dos mil 119 millones de pesos aproximadamente, que representa un aumento del 57 por ciento respecto a los mil 204 millones autorizados en el 2018. De este presupuesto anual, el 27 por ciento, unos 570 millones de pesos se ha destinado para la renta de cámaras de seguridad dentro del programa “Quintana Roo seguro”implementado por la actual administración.
Dijo que se cuenta con mil 800 cámaras de vigilancia, pero requieren de por lo menos 300 personas capacitadas para su manejo, ya que el C4 carece de personal.
“Me siento insatisfecho con la intranquilidad que se percibe entre la sociedad, pero no se puede mejorar de la noche a la mañana”, afirmó.
Capella Ibarra fue enfático al hablar de la situación que prevalece en el municipio de Solidaridad en donde, dijo, el número de homicidios ha registrado un crecimiento del 253 por ciento, “y si no tuviéramos esas cifras estaríamos en los mismos niveles que en el 2017”. Aunque dijo que la Policía Municipal ha sido vulnerada por la delincuencia y que eso también era del conocimiento de los legisladores.
Puso como ejemplo el caso de Cozumel en donde, con trabajo de coordinación, se ha logrado disminuir hasta en un 40 por ciento la incidencia delictiva.
Aunque afirmó que las noticias que manejan los medios de comunicación es para desarticular los esfuerzos que se realizan para combatir a la delincuencia y disminuir los índices.
Cuestionado sobre plazos para tener resultados efectivos con sus estrategias de seguridad, Capella Ibarra aseguró que el tiempo para devolverle la paz al Estado se acabó hace mucho tiempo y que la inconformidad que se presenta no sólo entre la sociedad, “es por lo que no se pudo hacer en mucho tiempo”.
Aunque insistió que en el tercer trimestre de este 2019 los ciudadanos verán resultados de las estrategias implementadas con una disminución del índice delictivo y para finales de año se podrá informar, ya con la entrada en funcionamiento del C5, “porque tendremos la capacidad de informar en unos segundos la realidad de lo que está pasando”.
“El próximo año que tengamos en operación todas las cámaras de seguridad los delincuentes se sentirán en una caja de cristal al ser observados de manera permanente y constante”, aseguró.
Capella Ibarra confirmó que hay líneas de investigación por parte de la Procuraduría General de la República en contra de ex gobernadores por abrirle la puerta a la delincuencia organizada y que hasta el momento no se ha aplicado la justicia en contra de ellos, pero que ya se trabaja en ello.
El diputado Eduardo Martínez Arcila pidió al secretario de Seguridad Pública fijar una fecha para efectuar de manera conjunta un recorrido por el edificio en el que se habilitará el C5, pues reconoció que se desconocen el avance e incluso qué empresa es la responsable del proyecto, así como de la adquisición de las cámaras de vigilancia.
Reconozco, dijo Martínez Arcila, que los diputados no hemos tenido la precaución de darle seguimiento a la aplicación del presupuesto autorizado por el congreso del Estado por dos mil 900 millones de pesos para la implementación del programa “Quintana Roo seguro” en el que se encuentra este proyecto de construcción del C5.
Capella Ibarra dijo que en cinco semanas estaría en la disponibilidad de agendar el recorrido solicitado por el diputado Arcila y ante el reclamo de que en ese tiempo pasarían muchas cosas, el funcionario rectificó y dijo que podría ser este viernes e incluso “pueden llegar sin previo aviso”.
Martínez Arcila manifestó que pareciera existiera un entramado político para no reconocer los avances registrados en la Secretaría de Seguridad Pública e incluso cuestionar la formación de la Orquesta de la dependencia como una estrategia para formar identidad y sentido de pertenencia.
Ante el cuestionamiento del diputado Mario Villanueva Tenorio, Capella Ibarra aseguró que no fueron 300 sino entre 120 y 150 elementos policíacos que fueron trasladados de Chetumal a Cancún para reforzar las estrategias de combate a la delincuencia a quienes aseguró se les cubren los viáticos correspondientes. Dijo que la polémica surgida a consecuencia de esta medida fue consecuencia de un golpeteo político y de inconformidad de policías que de manera cobarde filtran esa información, “pero ya estamos trabajando en ello”.
Durante la reunión de trabajo dijo que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con dos vehículos blindados conocidos como “Rinos” –que ya se encontraban desde las pasadas administraciones- y que unos 120 elementos policíacos se encuentran comisionados como escoltas de funcionarios. Además dijo que se destinaron 50 millones de pesos para la adquisición de 14 cuatrimotos para la vigilancia de la zona de playas.
Fuente: Noticaribe
