Según el edil de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quien buscaba apropiarse por la fuerza del espacio ubicado a un costado del Fuerte de San Felipe Bacalar ocupada por el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), el Ayuntamiento cuenta con la propiedad del inmueble y por lo pronto ambos acordaron trabajar en el mismo espacio.
A finales del mes de enero, personal del gobierno municipal de Bacalar, incluyendo al alcalde, hicieron uso de la fuerza pública para desalojar a empleados del ICA de las oficinas administrativas en donde se imparten talleres culturales. Lo anterior debido a que entre ambos entes, existe una disputa legal por la legítima propiedad de este sitio que días después fue recuperado por el organismo encargado de la cultura en el estado.
Mediante un comunicado con fecha del 24 de enero, el ICA informó que este hecho constituye un delito de impedimento y obstaculización de las funciones y los servicios públicos, toda vez que se había impedido a los empleados el uso de las instalaciones para fines de atención al público.
El ICA confirmó que usando la fuerza pública, las autoridades de Bacalar despojaron sin ninguna orden o documento legal, a los trabajadores que ahí se encontraban argumentaron que las oficinas se localizan en un predio que pertenece al Ayuntamiento, pero que en realidad, éstas superficies y espacios son propiedad legítima del gobierno del Estado de Quintana Roo.
Luego de más de un mes de haber ocurrido este hecho, Alexander Zetina indicó en entrevista que se logró un acuerdo para que tanto ICA como empleados del municipio compartan el espacio.
“Logramos un arreglo, ambos, de acuerdo a algunas necesidades, vamos a trabajar de manera coordinada, es un espacio muy amplio en el que podemos trabajar tanto la instancia local como estatal, incluso los programas son vinculatorios, muchos de ellos”, precisó.
Indicó que hubo un mal entendido respecto a ese tema, sin embargo se logró un acuerdo para que albergue a empleados de ambos niveles, aunque no lograron definir a quién pertenecen estas oficinas.
“Nosotros tenemos un documento, el IPAE (extinto) tiene un documento, entonces lo que privilegiamos es que podamos trabajar ahí los dos”, precisó.
Según Alexander Zetina, el Ayuntamiento peleó esta propiedad para poder tener espacios para desempeñar funciones de desarrollo económico, cultura, es decir que fueran usadas para oficinas de gobierno municipal.
“Llegamos a un acuerdo de que la Secretaría de Cultura (Instituto), pueda tener sus espacios ahí y también nosotros, compartirlo sin ningún problema”, precisó Zetina Aguiluz.
Fuente: La Jornada
