Por Graciela Machuca Martínez
El jueves 20 de febrero de 2019 amanecimos con la noticia de que en el estado de Morelos asesinaron al indígena Nahuatl, Samir Flores, fundador de la radio comunitaria Amiltzinko 100.7, en la cual conducía un programa, además de ser uno de los principales opositores a la construcción de una termoeléctrica y un acueducto en aquella entidad.
A las cinco y media de la mañana un grupo de hombres armados lo interceptaron en la puerta de su domicilio en Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos y le hicieron dos disparos en la cabeza. Aun fue llevado con vida a un hospital donde minutos más tarde falleció.
Samir Flores, así como todas las demás personas que se oponen a este proyecto del gobierno federal, han sido criminalizados, víctimas de campañas de odio por parte de los promotores del proyecto termoeléctrico y de sus aliados, como lo hizo en su momento el exgobernador Graco Ramírez e integrantes de su gabinete.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua recordó horas después del asesinato de Samir Flores que el 11 de febrero, por medio de una carta, le advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que, “sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua, podría generar mayor violencia”, por lo que lo llamarón al dialogo.
El mismo Frente rememoró que a Samir lo habían amenazado de muerte en varias ocasiones desde el 2012, “así como difamado e incluso señalado en volantes y memes por internet, todos signos de desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y comunicadores populares”.
Sirva este texto como un homenaje a Samir Flores, pero también como una llamada de atención por lo que está sucediendo en Quintana Roo y que hasta el momento, ninguna autoridad federal ni estatal ha intervenido o se ha deslindado de la campaña negra que se ha emprendido en contra de personas propietarias de medios de comunicación y periodistas.
Por encargo o producto de la ignorancia, una mujer que se llama Paulina Manzano Zermeño, que preside una organización el Observatorio Quintanarroense de Información, empezó a difundir, a través de publicidad de Facebook, un cartel en el que enumera a más de 30 nombres de medios de comunicación y periodistas a quienes llama Voceros del Crimen.
El cartel que publica en Facebook tiene tres columnas. En la primera enumera a medios de comunicación y periodistas que publican en Facebook, en la segunda páginas web y en la tercera menciona cuentas de Twitter. A ello le precede un letrero que dice: “Voceros del Crimen ¡Conócelos! Enero 2019”.
Al final de la tercera columna dice: “Comunicado. Invitamos a los medios y comunicadores a que transmitan información constructiva”. “No a la información que alimenta y fortalece a los criminales dándoles voz en los medios”. “No a la transmisión de odio y escenas con imágenes que dañan los derechos de sus audiencias”.
Entre las voces de la sociedad que abordan problemas de la misma, son muy respetados los observatorios ciudadanos, porque para llamarse observatorios deben estar constituidos por personas interesadas en la solución de un problema en particular, pero con el respaldo y trabajo científico de expertos, y no de ocurrencias, descalificaciones, difamaciones.
Cuando se encuentra uno desde la sociedad civil este tipo de experimentos sociales opta por la indiferencia, porque su incapacidad se ve a todas luces, pero desafortunadamente, en este caso se está acusando, sin fundamento, a periodistas y medios, de ser voceros del crimen y esto trae consecuencias negativas para todas las personas involucradas.
Primero para Paulina Manzano Zermeño, porque el dinero que le pagaron por iniciar esta campaña de odio, difamación y desprestigio en contra de medios y periodistas, no le alcanzará para enfrentar las demandas por daño moral que empezará a recibir, porque lo que dice no tiene fundamento jurídico ni desde las ciencias sociales, (por supuesto que la alfombra que hoy pisa de la impunidad oficial garantizada le permitirá esbozar una sonrisa este texto)
En ningún momento ha presentado la metodología y el estudio que le permitió asegurar que periodistas y empresas trabajan para el crimen y si no, qué le pregunte a sus abogados sobre el principio que dice que en Derecho, el que afirma está obligado a probar.
Las demandas civiles en su contra será un asunto que tendrá que dirimirse en los tribunales, pero lo que ya no está bajo el control de ella, ni de quiénes la encandilaron o contrataron para esta campaña, es el efecto negativo que tiene para la seguridad de periodistas y empresas mencionadas.
Quizás, por su falta de conocimiento en temas de información y de opinión pública, quienes la contrataron no le explicaron que una campaña de desprestigio y odio de esta naturaleza tiene consecuencias fatales que van más allá de la criminalización del periodismo que se hace en Quintana Roo, porque el odio que se genera deviene en violencia y en este estado, si no lo sabe, durante el año 2018 asesinaron a tres periodistas, agredieron y amenazaron a muchos más, de los cuales, algunos se encuentran desplazados del estado y otros protegidos por el gobierno federal, porque en el estado no se les puede garantizar su seguridad.
Como periodista y defensora de derechos humanos de periodistas y de mujeres responsabilizo a Paulina Manzano Zermeño de lo que me llegue a pasar a mí o a quienes ejercemos el periodismo en Quintana Roo.
La violencia contra periodistas en Quintana Roo también se gesta desde el poder político y económico, prueba de ello, es que el Congreso del Estado de Quintana Roo, en 2017, abrogó la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, que fue producto de un largo periodo de trabajo de periodistas de Quintana Roo, pero para no tener obligaciones con el gremio periodístico y poder vulnerar el Derecho a la Información de la sociedad, lo más fácil fue abrogar la ley.
En dónde estaba este observatorio cuando la ley de protección de periodistas fue abrogada; donde estaba Manzano Zermeño cuando asesinaron a tres periodistas en Quintana Roo el año pasado, quizás como activista o como asesora gubernamental.
Comparto con ella que la forma de hacer periodismo en Quintana Roo, debe cambiar, pero en qué momento, su observatorio, si es que existe, a propuesto la profesionalización del gremio periodístico, ¿cuándo ha mostrado evidencias científicas, a través de estudios interdisciplinarios de las condiciones laborales de quienes ejercemos el periodismo?
En este país todas y todos podemos opinar, disentir, cuestionar, confrontar, pero cuando se trata de defender derechos tan vitales como las libertades de expresión e información, el debate debe tener altura, no se puede abordar el tema con ocurrencias o denostaciones, con difamación, se deben presentar evidencias.
El derecho de las audiencias es un tema apasionante que en México está olvidado. Para profesionalizar el periodismo en Quintana Roo y en todo el país debemos trabajar en dos rubros: derecho de las audiencias y derechos de periodistas. Para que ambos sectores aspiremos a poder ejercer esos derechos a plenitud, es necesario el diseño y puesta en marcha de políticas públicas. Pero en Quintana Roo, eso está a años luz, porque el Congreso estatal optó por abrogar la única ley de avanzada que había en el país en materia de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ahora mucho menos, las personas que legislan y las que ordenan tienen en su agenda los derechos de las audiencias.
Ese observatorio es una farsa, porque quien da la cara, en ningún momento ha presentado la agenda de temas vitales para ejercer el Derecho a la Información en Quintana Roo, ni idea tiene de que se trata, solo la utilizaron para denostar a medios y periodistas, quienes hacen periodismo a su manera, y entre ellos estamos quienes somos incómodos al poder.
La clase política confrontó al gremio periodístico en Quintana Roo y ahora, no conforme con ello, utilizan la figura de la sociedad civil para criminalizarlo, generar una campaña de odio en su contra y producto de ella, se siga matando periodistas.
A quienes se escudan en el llamado Observatorio Quintanarroense de Información les informó que el 29 de agosto de 2018 asesinaron en Cancún a Javier Enrique Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10 de Televisión; el 24 de julio fue asesinado el periodista y dueño de la página web Playa News, cuando se encontraba en un bar de Playa del Carmen; el 25 de junio, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, es asesinado José Guadalupe Chan Dzib, también reportero de Playa News.
Tanto de estos tres casos, ni del asesinato de José Alberto Velásquez López, perpetrado el 22 de diciembre de 2009, quien trabajaba para el periódico Expresión de Tulum, la ahora Fiscalía General del Estado no ha dicho nada sobre las indagatorias y si saben algo, se lo guardan porque puede poner en riesgo la honorabilidad de algunos personajes.
