CIUDAD DE MÉXICO— Un presidente impopular, con el respaldo de un ejército de mano dura, partidos políticos de derecha y élites conservadoras. Un presidente que menosprecia las normas y las instituciones democráticas, en particular cuando investigan a su familia y a sus funcionarios de alto nivel. Un presidente que, recientemente, apareció en televisión nacional para proponer medidas drásticas para resolver una crisis que muchos lo acusan de provocar. Poco después, los medios expusieron la falsedad de sus argumentos.
Este personaje es el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, un excomediante de televisión. El 7 de enero dio una conferencia de prensa en la que anunció su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) —una comisión anticorrupción creada por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco— y también especificó que daba a los fiscales del organismo un día para salir del país.
Trastocar un sistema de justicia de modo tal que ya no pueda proteger a la sociedad ni a las instituciones de las depredaciones de delincuentes poderosos es una forma de matar a una democracia, como ocurre en Guatemala. Sin embargo, las acciones ilegales de Morales en contra de la Cicig y su sabotaje intencional del Estado de derecho nunca podrían haber tenido éxito sin el apoyo aparentemente incondicional del gobierno de Donald Trump y de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Está en manos de los demócratas en la Cámara de Representantes reconocer los riesgos para Guatemala, para la región e incluso para Estados Unidos, y actuar.
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La Cicig fue concebida por guatemaltecos y extranjeros a quienes les preocupaba que después de décadas de dictadura militar y guerras internas, la democracia en ciernes se estaba convirtiendo en un narco-Estado corrupto.
Se estableció que el gobierno guatemalteco podía renovar de manera periódica o anular el acuerdo que regula el mandato de la comisión y, a partir de 2007, la Cicig empezó a colaborar con el Ministerio Público de Guatemala en la investigación y procesamiento de casos de corrupción oficial y delincuencia organizada. El organismo se volvió particularmente efectivo cuando Iván Velásquez, un reconocido fiscal colombiano, fue designado para liderarlo por las Naciones Unidas en 2013.
Guatemala tiene una larga historia de corrupción presidencial. Otto Pérez Molina, quien fue jefe de inteligencia y general del ejército, pasó de la presidencia a prisión, declarado culpable de encabezar una trama de corrupción en la que participaron decenas de funcionarios más. Su predecesor inmediato, el presidente de centroizquierda Álvaro Colom, y miembros de su gabinete también fueron encarcelados por delitos de corrupción.
Durante su discurso televisado, Morales acusó a la Cicig de guardar silencio ante lo que denominó violaciones a los derechos humanos y de poner en riesgo la soberanía y la seguridad nacional de Guatemala. Junto a él aparecieron varias personas acusadas en las investigaciones de la comisión o sus parientes.
Morales dirigió la mayoría de sus acusaciones a Velásquez, a quien a finales de 2018 prohibió el ingreso al país después de un viaje que había hecho a Estados Unidos. Días antes de su discurso, Morales había anunciado que no renovaría el mandato de la comisión cuando expirara en septiembre de este año, una decisión que, aunque legal, fue ampliamente condenada.
Luego de su discurso del 7 de enero, Morales le dio a la Cicig veinticuatro horas para salir del país. El 9 de enero, poco después de que los fiscales internacionales y guatemaltecos del organismo salieron del país, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se pronunció en contra del presidente Morales, quien se negó a cumplir la orden de reinstaurar la comisión, misma que Velásquez continúa dirigiendo en el extranjero.
Con los trabajos de la comisión programados para terminar en septiembre, ¿por qué la urgencia repentina de expulsar a sus miembros?
La Cicig ha acusado al propio hermano y al hijo de Morales de fraude y ha estado investigando al presidente guatemalteco y a sus socios por posibles violaciones en el financiamiento de su campaña electoral. El 9 de enero, dos días después de que el Morales ordenó la expulsión de los fiscales de Guatemala, el hijo y el hermano del mandatario no se presentaron en el tribunal donde estaban siendo juzgados. El que sería el primer juicio, ha sido suspendido de manera indefinida debido a que el presidente revocó el mandato de la comisión.
En junio habrá elecciones nacionales en Guatemala. Cuando su periodo presidencial termine, también terminará el fuero de Morales, que impide someterlo a proceso. Morales y sus aliados políticos, económicos y militares están maniobrando para impedir contender a los candidatos que están a favor de la Cicig, en especial a la ex fiscala del país Thelma Aldana. “El golpe de Estado en cámara lenta”, como denominaron los guatemaltecos las acciones del presidente contra la Cicig, está cobrando velocidad.
Mientras tanto, la coalición que está a favor de Morales en el congreso nacional, conocida por sus críticos como el Pacto de Corruptos, está tomando medidas para acabar con la Corte de Constitucionalidad. Los guatemaltecos se están preparando para lo que se ha denominado como “la restauración”: un retorno a la impunidad de las élites económicas y políticas corruptas, la liberación de prisión de aquellos a los que la Cicig acusó de haber cometido delitos y la represión de los periodistas y los activistas que defienden los derechos humanos y judiciales.
Los países europeos que donaron fondos para la creación de la Cicig y otros gobiernos se pronunciaron enfáticamente en contra de la expulsión de la comisión. Estados Unidos es el principal donante de la Cicig, pero el consenso bipartidista que la apoyó durante once años ha colapsado. Muchos concuerdan en que es probable que el papel de Estados Unidos sea determinante.
Los legisladores demócratas en Estados Unidos han manifestado su apoyo a la comisión. La representante Norma Torres advirtió que, con esta salida abrupta, los “complejos casos relacionados con la delincuencia organizada, el narcotráfico y el tráfico de personas podrían venirse abajo. Los delincuentes poderosos y los políticos corruptos podrían salirse con la suya en delitos graves”.
La embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala manifestó oficialmente su preocupación “por el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala”, pero no mencionó a la Cicig, lo cual ayuda poco a disipar las preocupaciones de que el gobierno de Trump apoye de manera tácita a Morales. Republicanos importantes, como los senadores Mike Lee, de Utah, Marco Rubio, de Florida, y Rand Paul, de Kentucky, así como el representante de Iowa Steve King, alabaron a Morales por defender la soberanía guatemalteca.
Se podría argumentar que la “soberanía” fue pertinente para la decisión de poner fin al mandato de la Cicig, pero las demás acciones de Morales socavan el Estado de derecho y las instituciones democráticas de Guatemala. El representante republicano de Arkansas Rick Crawford escribió en Twitter: “Mi apoyo al pueblo de Guatemala y a la decisión de su presidente en relación con la Cicig”, una declaración ridícula si se toma en cuenta que las encuestas han demostrado de manera consistente el abrumador apoyo del pueblo guatemalteco a la Cicig, cuyos índices de aprobación más recientes rondaban el 71 por ciento.
La postura asombrosa de los republicanos niega una realidad que está a la vista de todos: Morales está viviendo el sueño trumpiano de liberarse de investigaciones cerrándolas ilegalmente.
En 1954, un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos puso fin a una década de gobierno democrático en Guatemala. Los demócratas en el congreso estadounidense ahora deben tratar de salvar a una de las regiones más asoladas por la ilegalidad en el mundo de otro descenso trágico en el caos y la represión.
La representante Torres ha dado un paso importante, ya que advirtió a Guatemala que se arriesga a recortes en asistencia económica si no da marcha atrás a la expulsión de la comisión. Estados Unidos puede aplicar la Ley Global Magnitsky —que le otorga al presidente la autoridad de imponer una prohibición de ingreso al país y el congelamiento de activos a los violadores de derechos humanos de cualquier lugar del mundo— para castigar a los funcionarios guatemaltecos que no respetan los derechos humanos. El Congreso de Estados Unidos puede celebrar audiencias sobre las repercusiones de las acciones del gobierno de Morales en la seguridad y la estabilidad regional, así como sobre la complicidad del gobierno de Trump en estos actos.
Los demócratas en el congreso deberían pronunciarse en apoyo del pueblo guatemalteco que se resiste con valentía a la “restauración” de Morales.
