WASHINGTON —
Un grupo de 47 legisladores demócratas del Congreso instó el jueves al presidente Donald Trump a imponer sanciones a los funcionarios corruptos en el gobierno de Guatemala y suspender la asistencia a la nación centroamericana.
Los legisladores, encabezados por los representantes Norma Torres y Jim McGovern de California, dijeron que la administración Trump se ha hecho de la vista gorda, mientras el presidente guatemalteco Jimmy Morales ha buscado poner fin a una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas que trabaja en su país.
La comisión ha enfurecido a Morales, investigándolo a él, a sus hijos y a su hermano.
“Estamos profundamente preocupados de que, en ausencia de una fuerte respuesta de EE.UU., el patrón de comportamiento antidemocrático del gobierno actual continuará aumentando, y que Guatemala descenderá a la anarquía”, escribieron los legisladores en una carta a Trump.
Los miembros del Congreso estadounidense indicaron que la administración Trump debería abordar la situación en Guatemala con sanciones similares a las que se aplican a los funcionarios gubernamentales en Venezuela y Nicaragua.
La Casa Blanca no dio una reacción inmediata cuando fue contactada por The Associated Press.
Algunos miembros republicanos del Congreso, como el senador Marco Rubio de Florida, han planteado preguntas sobre las actividades de la comisión.
La corte más alta de Guatemala bloqueó la semana pasada la decisión de Morales de terminar unilateralmente con la comisión contra la corrupción, conocida como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Morales sostiene que la comisión violó la soberanía de Guatemala y los derechos de los sospechosos.
Aunque respaldada por el tribunal superior, la comisión ha retirado a sus miembros de Guatemala porque el gobierno se negó a garantizar su seguridad.
Durante sus 11 años de funcionamiento en Guatemala, la comisión trabajó con los fiscales guatemaltecos para presionar los casos de corrupción que involucraron a unas 680 personas, incluidos funcionarios electos de alto rango, ejecutivos de negocios y burócratas.
El panel dijo en noviembre que ganó 310 condenas y rompió 60 redes criminales.
La comisión participó en investigaciones que obligaron a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y al presidente Otto Perez Molina a dejar su cargo en 2015 para enfrentar cargos de fraude y corrupción.
