El proyecto del tren maya transpeninsular, propuesto por la administración de Andrés Manuel López Obrador, tendrá que atender cuestiones que podrían generar problemas sociales, como la especulación de terrenos, afirmó Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en entrevista telefónica con La Jornada Maya.
Gustavo Alanís expresó que el tren maya, de acuerdo a lo que se ha dicho desde el gobierno de México, generará más empleo, oportunidades, turismo, comercio e intercambio de bienes que mejoren la calidad de la gente.
Sin embargo, advirtió que hay cuestiones que deben ser atendidas “por ejemplo los problemas sociales por la especulación de terrenos, antes de que arranque. Si ahora no se le hace llegar a los pueblos originarios información en su lengua, si no son claros los beneficios a tener las personas de la región, porque dicen que serán socios pero ¿qué implica eso, cuáles son los beneficios?”
Consideró que sería difícil que se replique un fenómeno como el de Cancún, porque “las mismas personas que habitan en algunas regiones donde se pretende llevar a cabo el proyecto es gente que cuida mucho sus costumbres, su tradición, sus raíces, su territorio que para ellos es algo fundamental”.
Se tiene que garantizar que un proyecto mantendrá la cultura, la lengua, la tradición, las formas de ser, su forma de vida y con lo cual son felices, reconoció.
“Lo que tendrá que hacer la autoridad ambiental es evaluar el proyecto del tren en relación con los proyectos asociados, y lo que la regulación ambiental establece es que tendrán que ser manifestados como parte de la asociación del proyecto principal, y en consecuencia evaluar impactos y su viabilidad”, declaró.
“A lo mejor en cinco años alguien dice que hará un hotel, pero si Fonatur sabe cuáles serán asociados, como los centros de población, hay que ver la factibilidad para tener los nuevos y si hay la capacidad para soportar el proyecto”, aseguró.
Indicó que es posible que mejore la expectativa de vida e ingresos a las comunidades mayas de la región, pero es importante que se dé el balance y la compatibilidad entre el proyecto en sí y los beneficios a la gente. “Si no, se generarán falsas expectativas y eso generaría desencanto y malestar”, afirmó.
Expresó que es una buena idea fomentar el emprendimiento de las comunidades para evitar la llegada de proyectos turísticos multinacionales y corporativos, pero detrás tiene que darse mucha capacitación y entrenamiento en áreas como el turismo y la administración de un negocio. “Me parece atractivo pero hay que dar capacidades y fortalezas para ser autogenerables, autosustentables y automanejables, para que no venga alguien más y los relegue a otro plano”, enfatizó.
Ante la posibilidad de que el proyecto del tren maya tome un rumbo diferente en 2024, cuando se elija a un nuevo presidente de México, el abogado ambiental señaló que es difícil que cambie el partido en el gobierno; si gana la Presidencia, entonces habrá continuidad total a lo que inicia.
Pero, aun así, quienes pudieran llegar al poder tienen que ser inteligentes y tomar en cuenta los beneficios porque también echar un proyecto de esta naturaleza para atrás porque puede tener beneficios políticos a quien lo hace, pero perjuicios a los habitantes, entonces debe ser sensible y entender que la afectación va más allá de los intereses políticos.
Indicó que hay zonas por donde pasará el tren maya que son relevantes, por ejemplo Calakmul, por sus implicaciones en la naturaleza, pero ahí también hay que contemplar otros aspectos porque es un lugar con estiaje en la calidad y cantidad de agua, entonces son temas ambientales y otros asociados como el hídrico.
“Ahí es donde más énfasis e importancia hay que poner, porque el atractivo puede ser lo ambiental, entonces sería darse un tiro en el pie el querer ir en contra de la naturaleza, cuando se puede convertir en tu mejor aliado para atraer a más turistas”, expresó.
“La pregunta es qué hacer y cómo hacerlo, es importante conocer la Manifestación de Impacto Ambiental y ver la viabilidad tomando en cuenta”, comentó.
Aclaró que el CEMDA no necesariamente está en contra del proyecto, la posición es de cautela, estar al pendiente en cuanto a la información que se presente y, cuando se someta la MIA al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, hacer las revisiones y comentarios a lo que proceda para tener una posición sobre la viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico, jurídico y científico.
Indicó que “estamos en una posición de decir que si un proyecto como éste quiere ir adelante y ser viable, tiene que cumplir con una serie de aspectos desde la perspectiva jurídica, independientemente de la parte económica, social, financiera, turística”.
Los elementos jurídicos no se pueden brincar, uno de ellos tiene que ver con que las consultas indígenas de la OIT 169 a ser libre, previa e informada, culturalmente adecuada, por lo que no hay opción que no ocurran, enfatizó.
Cuando se someta al procedimiento de impacto ambiental, también es posible una consulta en impacto ambiental y reunión pública en información, señaló.
Se harán cuando las pidan algunas personas de la comunidad, en su momento individuos pedirán la reunión pública de información, y el más beneficiado sería el promovente del proyecto porque ahí podrán haber insumos para cambios y garantizar su viabilidad, o con propuestas sobre que ciertos tramos por cuestiones ambientales no pueden ser y pensar un “plan b”, consideró.
“Posiblemente se requieran en algunas áreas llevar a cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por la Semarnat, que se da por excepción, y debe haber una opinión del consejo consultivo estatal forestal, para eso deben presentarse los estudios técnicos que los justifiquen y mantener la biodiversidad y no mayor deterioro al agua”, indicó.
También deberá presentarse un programa de rescate y reubicación de plantas y animales que podrían ser afectadas, además esta autorización debe alinearse a lo que puedan disponer los ordenamientos ecológicos del territorio y las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, señaló.
Los usos de suelo a nivel municipal deberán ser parte para que los municipios establecen en planes de desarrollo urbano los usos de suelo en las distintas áreas del municipio, reconoció. Conforme se sepa lo que se puede o no hacer en el territorio, se verá la compatibilidad o no, dijo.
Otros son los ordenamientos ecológicos del territorio, porque el tren maya debería ser acorde a ellos, tanto a nivel nacional, a nivel regional y local, para ser aplicables en los estados por donde pasará el trazo del tren, mencionó.
Señaló mucha preocupación en relación a las posibles Áreas Naturales Protegidas como Calakmul y otras a nivel estatal que protegen riqueza natural, ecosistemas, plantas y animales. Para promover el proyecto, expresó que lo importante es asegurar que el proyecto es compatible con decretos de ANPs y plan de manejo, ahí se establece lo que puede o no hacerse.
Se debe asegurar y garantizar la conservación y el cuidado de especies amenazadas en peligro de extinción, protegidas por la NOM 059 de Semarnat y el Convenio Internacional Sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna en Peligro de Extinción, particularmente las especies endémicas, declaró.
El abogado ambiental reconoció que “lo más importante será que el promovente del proyecto cuente con su estudio de impacto ambiental, una vez que se cuente será sometido a evaluación a Semarnat y ahí se sabrá de qué se trata el proyecto, implicaciones, medidas para mitigar impactos y a partir de ahí hacer los comentarios que el caso amerita.
Los tiempos para la MIA seguramente serán al 2019, aunque sería complicado que en ocho o 10 meses la tengan, porque estudiarán el trazo que son mil 500 kilómetros en cinco estados, expresó. “Es complejo, de grandes magnitudes en áreas geográficas distintas, ambientes naturales diferentes”, concluyó.
Con información de La Jornada Maya
