El Pleno de la Cámara de Diputados avaló hoy, en lo general, la reforma constitucional con la que se eliminaba el fuero para el Presidente de la República. Pero después, en lo particular, halló obstáculos.
La propuesta de reforma al artículo 111 deja abierta la opción para que el Presidente de la República pudiera ser investigado mientras estuviera en funciones y por cualquier delito, no sólo por traición a la patria.
Integrantes de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), y el Movimiento Ciudadano (MC) no otorgaron la mayoría a los artículos 38, 111 y 112, por lo que al final fueron desechados.
En el artículo 111 se planteaba que el Presidente de México y otros funcionarios no podían ser privados de su libertad durante el tiempo en el que estaban en sus cargos.
En el 38 se señalaba que perdían sus derechos quienes estuvieran sujetos a un proceso por un delito que merezca pena corporal.
“¡Sí se pudo, sí se pudo!”, gritaron legisladores opositores.
Mario Delgado, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó que los opositores no querían perder privilegios.
“PRI, PAN y MC tiran la piedra y esconden la mano bloqueando el fuero, ahí estaremos para hacer modificaciones y evitar una simulación”, señaló la Diputada Tatiana Clouthier.
En la reforma se buscó establecer que “la o el Presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra”.
Se propuso que las medidas cautelares no puedan ser la privación, restricción o limitación de la libertad durante la investigación a estos funcionarios.
El dictamen que se discutió este martes también propone que las y los gobernadores de los Estados y la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como los diputados y los magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, quienes también gozan de inmunidad, son sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales.
Con información de Sin embargo.
