CANCÚN, Q. Roo.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la PGR tres denuncias penales por un monto de 903.89 millones de pesos, derivados de casos de corrupción en dos dependencias de Quintana Roo.
Los presuntos desvíos fueron detectados en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por un monto de 806.62 millones de pesos; y en la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo), por 97.27 millones de pesos: ambos durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, es decir, en la administración de Roberto Borge Angulo.
En su más reciente informe, la ASF notificó al Congreso de la Unión que en octubre pasado presentó siete denuncias penales por mil 901.38 millones de pesos; tres de esas denuncias, con los montos más altos, fueron contra ex funcionarios de Quintana Roo.
En el caso del SQCS, una denuncia fue por 450.06 millones de pesos derivada de la auditoría 1791-DS-GF aplicada a la cuenta pública 2016; la segunda 356.56 millones de pesos tras la auditoría D17011 practicada a la cuenta pública 2015.
La tercera denuncia, correspondiente a la Universidad Politécnica de Quintana Roo que encabezó José Luis Pech Galera, fue promovida por la ASF, como resultado de la auditoría 1793-DS efectuada a la cuenta pública 2016.
“Se ha observado que se subcontrataron una serie de empresas que fueron utilizadas para realizar operaciones presuntamente simuladas, aun cuando éstas, declararon contar con los recursos humanos, materiales y técnicos para la prestación de los servicios”, concluyó la ASF tras revisar los contratos que ambos organismos firmaron con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Según las auditorías, el SQCS firmó un convenio general y cuatro específicos para el desarrollo de estrategias de comunicación, creatividad, producción y edición de materiales en audio, en video y gráfico, por los cuales la Sedatu pagó 450 millones 60 mil 696 pesos.
Sin embargo, estos servicios se subcontrataron a 23 empresas y dos personas físicas sin sujetarse a las disposiciones normativas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y que recibieron sólo el 93% de lo cobrado por SQCS.
Dichas empresas presentaron varias anomalías, como tener un mismo apoderado legal, no presentar declaraciones, domicilios falsos y una (Desarrollo Publicitario ADP, S.A. de C.V.) fue constituida por dos personas físicas, una de ellas trabajador hasta el 2015 de Sedesol, quien manifestó no saber leer ni escribir.
El SQCS también fue utilizado para la campaña de “Buen Vecino” y “Vecino Vigilante”, de las cuales no se entregó evidencia documental de su ejecución.
En tanto, la Upqroo también utilizó ocho empresas fantasmas, incluso una fue constituida por una ex funcionaria en la Universidad, para realizar un diagnóstico y la creación de un sistema de información de la Sedatu y sus órganos desconcentrados.
Con información de Novedades de Quintana Roo.
