En 2015, la administración del gobernador priista Rolando Zapata Bello -que concluye el próximo domingo- transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni experiencia para realizar ese trabajo, y que decían dedicarse – en el papel-  a servicios de construcción, comercio de mariscos y hasta plomería.

Se trata, en realidad, de compañías que no operan en forma en sus domicilios fiscales como se pudo constatar al acudir a ellos, y entre las que incluso ya hay 16 catalogadas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas legalmente pero que simulan las operaciones que facturan. Es decir, compañías fantasma.

Los recursos públicos no fueron entregados a estas empresas bajo algún esquema de competencia. Por el contrario, se hizo a través de supuestos contratos adjudicados de forma directa a estas empresas, violando requisitos legales y montos máximos que establece la ley en ese estado para adjudicar contratos sin licitación.

Hay además casos donde se desconoce el mecanismo de adjudicación y si se firmó al menos un contrato de por medio, ya que el gobierno estatal no ha querido reconocer los pagos, pese a que Animal Político cuenta con copias de facturas y estado de cuenta que los prueban.

La respuesta del vocero de la dependencia Luis Vázquez, es que aun cuando ya se tenía conocimiento previo de este tema difícilmente se podría proporcionar alguna postura o información, pues los funcionarios responsables ya se encuentran en proceso de salida de la dependencia por el cambio de gobierno.

El vocero añadió que seguramente será la administración entrante la responsable de indagar las presuntas irregularidades.

Al revisar los perfiles de las compañías que recibieron los pagos, Animal Político logró identificar coincidencias en varias de ellas, ya sea por accionistas o apoderados en común, por fechas exactas de constitución o en los notarios que las avalaron. Es una situación similar a la que se ha presentado ya en otras redes de empresa fantasma que reciben recursos públicos, como la documentada por este mismo medio en el caso de la gestión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Animal Político visitó varias de estas empresas en sus domicilios fiscales. Los hallazgos se darán a conocer en una segunda parte  de este reportaje, que se publicará mañana, junto con la información de las empresas ya enlistadas oficialmente como fantasma.

Pagos sin competencia… e ilegales

En junio pasado, durante la campaña electoral, el exgobernador de Yucatán Patricio Patrón Laviada denunció en una conferencia que los recursos de salud de esa entidad habían terminado en una red de empresas fantasma, y que además los hospitales públicos operaban con irregularidades y carencias. El gobierno del estado negó los hechos y pidió que sí había pruebas se presentaran.

A partir de esa fecha este medio comenzó una verificación de la información. Luego de tres meses de investigación se lograron reunir facturas y documentos oficiales que prueban que dichos pagos sí se realizaron y que, a su vez, las 58 compañías contratadas directamente no están especializadas en temas de salud. Además la mayoría ya no opera (o nunca operó realmente) en sus direcciones fiscales.

Las facturas de las que se tiene copia reflejan que los pagos se realizaron principalmente en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre de 2015. Hay múltiples pagos que se facturaron en un periodo de 24 o 48 horas, por ejemplo, hay 20 que se hicieron entre el 12 y 13 de marzo de 2015, hay otros 16 que se realizaron entre el 23 y 24 de marzo; hay 14 pagos realizados el 24 de julio; así como 29 más el 24 de noviembre de 2015.

La mayoría de los pagos facturados supera – cada uno – el millón de pesos, y hay algunos por encima de los dos millones de pesos, todos facturados a los Servicios de Salud de Yucatán.

En respuesta a la solicitud vía transparencia folio 00726718, la dependencia indicó que las transferencias efectuadas a 23 de las compañías (del resto no respondió)  fueron resultado de contratos entregados por “adjudicación directa”.

Pero al revisar los lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán se advierte que dichos pagos incumplen con lo establecido en dicha norma.

De acuerdo con el artículo 18 de la ley, por regla general las contrataciones de servicios en la entidad deben realizarse a través de licitaciones mediante una convocatoria pública. Esto no ocurrió en los contratos de los Servicios de Salud, como la misma dependencia reconoció.

El artículo 26 de la misma ley establece que cuando por razón del monto del contrato resulte inconveniente hacer una licitación, entonces se podrá recurrir a otra vía, pero ajustándose a los montos máximos que marque el presupuesto de egresos aprobado para el año fiscal correspondiente.

Animal Político verificó el Presupuesto de Egresos de Yucatán para 2015 – año en que se hicieron estos pagos – y en el anexo 15 del mismo se estableció que el monto máximo de cada operación que puede adjudicarse directamente es de 735 mil 520 pesos. Como se advierte, los pagos que los Servicios de Salud reconocen haber adjudicado directamente sobrepasan el tope legal establecido, pues la mayoría superan el millón de pesos.

Otro artículo de la ley de adquisiciones (el 25) establece algunas disposiciones excepcionales por las cuales se puede adjudicar un contrato sin licitación. De ellas, la única que podría aplicar para este caso es la marcada en la fracción III, la cual indica que se puede adjudicar directamente un servicio cuando solo exista un proveedor que resulte “idóneo” para realizar el servicio, previa investigación de mercado

Sin embargo, al revisar los casos de las empresas contratadas directamente por los Servicios de Salud no se advierte que estén especializadas en los servicios adjudicados como para establecer que eran las idóneas para ello.

Por ejemplo, en el caso de la empresa Coema Proyectos SA de CV, la dependencia igual le pagó para proporcionar supuestos servicios de almacenamiento digital, que para realizar un estudio de impacto de la violencia sexual en Yucatán. Y según su acta constitutiva, Coema es una empresa que dice dedicarse “principalmente a la construcción”.  Otros ejemplos se detallan más adelante.

Cabe señalar que entre la información solicitada oficialmente a la Secretaría de Salud previo a la publicación de este reportaje – y que no se proporcionó con el argumento de que los funcionarios responsables ya están de salida – se encuentran los estudios de mercado, los análisis o los criterios que se tendrían que haber seguido para haber escogido a estas compañías en específico.

Enfermedades, ¿en manos de especialistas?

De acuerdo con las facturas a las que se tuvo acceso y con los datos parciales que vía transparencia proporcionó la Secretaría de Salud de Yucatán, se advierte que varios de los pagos realizados tenían como concepto la realización de “estudios técnicos en materia de salud”.

Por ejemplo, en el caso de un estudio sobre una enfermedad importante de la piel denominada “erisipela”, en donde deberían identificarse tanto sus causas así como las medidas idóneas para prevenirla, los Servicios de Salud contrataron a la compañía denominada Beco Peninsular SA de CV.

Pero el acta constitutiva de Beco Peninsular no señala que se trate de una compañía especializada en temas de salud. En cambio su objeto social son “servicios de aplicación de acabados de pintura, tabla roca, enlosado en cualquier tipo de construcción”. Esta empresa además dice dedicarse a múltiples cosas relacionadas con la construcción, la formulación de insecticidas, el comercio de todo tipo de bienes y hasta el diseño de páginas web.

Beco es en realidad una empresa fantasma que simula las operaciones que factura, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria. Es una de las 16 empresas que el SAT ya identificó de forma definitiva en esta situación. El resto de las empresas en esta situación y otros datos de las mismas se darán a conocer en la segunda parte de este reportaje.

Para la realización de un estudio sobre la gravedad de la anorexia en Yucatán, su impacto y crecimiento y estrategias para prevenirlo, el gobierno local contrató a la compañía Codimayo SA de CV, que según su acta es una empresa dedicada a la compraventa de materiales y maquinara para la construcción, entre otras cosas.

Codimayo además fue una empresa constituida menos de un año antes de que se le asignara el referido contrato directamente y, como todas las compañías en este caso, carece de una página web propia o de antecedentes conocidos de algún servicio especializado en salud.

Otro ejemplo más. Para un estudio completo sobre la enfermedad de la lepra, que debería incluir los periodos en que se presenta con mayor frecuencia en la entidad, así como la identificación de los lugares más expuestos y recomendaciones para atenuar o abatir este padecimiento, se contrató a la compañía Flager SA de CV, que según su acta constitutiva dice dedicarse a recursos humanos y capacitación en materia fiscal y administrativa entre otros.

A continuación se enumeran los estudios médicos contratados por Salud y las empresas a los que encargó, así como su objeto social primario (según su acta constitutiva). Se utilizan como ejemplo solo los pagos que la dependencia confirmó que entregó por adjudicación directa.

Ver lista de empresas completa.

Además de lo anterior, la Secretaría de Salud otorgó múltiples contratos más a compañías (varias de ellas ligadas con las anteriores) por supuesto servicios de informática, de recursos humanos y de remodelación de instalaciones. El perfil de las empresas es el mismo: sin historial de actividades y presuntamente fantasma.

Opacidad en los pagos

Animal Político cuenta con copia de facturas por pagos concedidos a 58 compañías presuntamente irregulares así como de un estado de cuenta bancario de la Secretaría de Salud que prueba la salida de recursos a varias de ellas. En ese contexto se solicitó vía transparencia a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud que se proporcionaran la justificación y documentos relativos de estos pagos.

La respuesta inicial a la solicitud folio 00664918, proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas, la Subdirección de Recursos Materiales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la dependencia, fechadas en julio pasado, es que no había contratos celebrados con ninguna de las empresas señaladas.

Tras esta negativa se volvió a solicitar a la dependencia si había pagos realizados a estas compañías, y bajo qué conceptos. En la respuesta a esta segunda solicitud folio 00726718, la Dirección de Finanzas de la institución respondió (en oficio fechado el 10 de agosto) que sí existían pagos a 23 compañías realizados en 2015. Y en una tercera solicitud, folio 00879018, fechada el 12 de septiembre, la dependencia reconoce que fueron contratos entregados por adjudicación directa.

Lo que hasta ahora la Secretaría de Salud de Yucatán sigue sin reconocer ni explicar son los pagos a las empresas restantes.

En una nueva solicitud vía transparencia, presentada en agosto, se preguntó específicamente por cantidades facturadas a seis empresas hasta ahora no reconocidas. La respuesta oficial es que “los documentos solicitados se encuentran archivados en una bodega”, por lo que se pidió una ampliación para dar respuesta sin que haya respuesta definitiva hasta ahora.

Por separado la semana pasada se peguntó por esta misma situación a la Secretaría de Salud de Yucatán, a través de su área de Comunicación Social, pero la respuesta es la ya descrita: que los funcionarios están en proceso de salida por cambio de gobierno en la entidad, y que no se está en posibilidades de informar en este momento.

Con información de Animal Político.