La detención de Lili Campos ha vuelto a poner sobre la mesa una de las preguntas más incómodas para la política quintanarroense: ¿La justicia realmente está alcanzando a los corruptos o solamente a quienes ya no pertenecen al círculo del poder? Porque cuando se trata de perseguir a un adversario, pareciera que las instituciones recuperan de golpe la memoria, la voluntad, la velocidad y hasta la vocación investigadora; Hay expedientes, hay operativos, hay declaraciones, hay acusaciones y hay una narrativa perfectamente construida para que el escándalo no pase desapercibido, y qué bueno que se investigue, si alguien metió la mano al dinero público, que responda.
Pero el entusiasmo anticorrupción pierde bastante credibilidad cuando se ejerce con una intensidad extraordinaria hacia afuera y con una delicadeza casi quirúrgica hacia adentro; Porque en Quintana Roo no faltan señalamientos, auditorías, cantidades pendientes de aclarar ni administraciones que deberían explicar con lupa qué hicieron con los recursos públicos, lo que parece faltar, en algunos casos, es la misma urgencia, el mismo escándalo y la misma determinación para llegar hasta las últimas consecuencias.
Lo verdaderamente insultante para los ciudadanos no es que se investigue a una exalcaldesa, es que se pretenda vender su detención como una medalla de combate a la corrupción mientras existen otros expedientes que siguen esperando respuestas; Porque cuando los millones por aclarar pertenecen a gobiernos emanados de Morena, mágicamente el lenguaje cambia: Ya no hay ladrones, hay observaciones, ya no hay sospechas incómodas, hay procesos de solventación, ya no hay indignación, hay prudencia institucional.
Y cuidado, porque la prudencia es necesaria, ninguna auditoría convierte automáticamente a un funcionario en delincuente, ni ninguna detención equivale a una sentencia; Pero esa misma presunción de inocencia que hoy debe respetarse también debe respetarse cuando los señalados pertenecen al partido en el poder, no se puede exigir cárcel para el adversario y ofrecer paciencia, comprensión y silencio para el compañero; La honestidad no se mide por el color de la camiseta, ni el desvío de recursos se vuelve menos grave porque quien debe aclarar millones tenga una fotografía con funcionarios, una afiliación conveniente o un discurso de transformación, el dinero público no es guinda, azul, verde ni amarillo, es dinero de la gente, y la gente tiene derecho a saber dónde está.
La detención de Lili Campos debería ser el inicio de una revisión mucho más amplia, no el final de la conversación ni una cortina de humo para que otros sigan cómodamente instalados en el beneficio de la duda, que revisen todas las cuentas, todas las administraciones, todos los contratos, todas las empresas, todos los proveedores y todos los funcionarios que hayan tenido acceso a recursos públicos; Que no se detengan en el adversario políticamente rentable, que no se conformen con el expediente que da titulares, que no confundan perseguir a alguien con haber erradicado la corrupción.
Porque si hay millones pendientes de aclarar en gobiernos de Morena, también deben existir preguntas, responsabilidades y consecuencias, si las investigaciones así lo determinan. ¿O acaso la transformación también incluía una cláusula de inmunidad para los propios? ¿La Fiscalía tiene ojos para todos o solamente para quienes no comparten el color del gobierno? ¿La ley es pareja o se acomoda dependiendo de quién resulte incómodo? Porque si la justicia solamente es implacable con los que no son de Morena, entonces no estamos viendo un verdadero combate a la corrupción, estamos viendo una conveniente demostración de poder, de esas que sirven para mandar mensajes políticos, pero no necesariamente para limpiar la casa completa.
En Quintana Roo ya estamos bastante grandecitos para tragarnos el cuento de que detener a un adversario significa que todos los demás son honestos; La corrupción no desaparece por cambiar de partido, ni los millones se evaporan porque alguien repita hasta el cansancio que pertenece al movimiento correcto.
Gobernar también significa rendir cuentas, soportar auditorías, explicar contratos y responder preguntas que no siempre son cómodas, quien administra dinero público debe estar preparado para que le revisen hasta el último peso, y quien presume honestidad debería ser el primero en exigir que investiguen a los suyos.
No hay transformación posible cuando la transparencia se utiliza como garrote para los contrarios y como paraguas para los aliados, eso no es combatir la corrupción, es escoger a quién se le cobra y a quién se le perdona políticamente, y mientras la clase política se entretiene en sus guerras de colores, el ciudadano sigue pagando impuestos, esperando servicios y viendo cómo los millones aparecen en auditorías, pero las explicaciones desaparecen en el laberinto de la burocracia; La justicia no necesita propaganda, necesita resultados, no necesita enemigos selectivos, necesita valor para tocar todas las puertas, porque si de verdad ya no hay intocables, que empiecen por demostrarlo también con los que hoy tienen el poder.
LA PENSADORA
Qué extraordinaria coincidencia que la justicia parezca despertar de su letargo cuando el señalado ya no forma parte del equipo; Entonces sí hay prisa, entonces sí hay mano firme, entonces sí se habla de combatir la corrupción con toda la fuerza del Estado.
Pero cuando los señalamientos apuntan hacia los propios, de pronto todos se convierten en defensores del debido proceso, de los tiempos legales, de la presunción de inocencia y de no politizar las investigaciones, y sí, todo eso debe respetarse.
El problema es que esos principios no pueden ser exclusivos de los amigos ni aparecer por conveniencia. La justicia no puede ser feroz con los adversarios y delicadita con los aliados.
No se trata de defender a quien está detenido, ni de absolver a nadie desde una columna, se trata de exigir que la ley haga exactamente lo que dice que debe hacer: Investigar sin distingos, perseguir delitos sin importar el partido y permitir que las auditorías dejen de ser documentos decorativos que se citan en conferencias pero rara vez se traducen, cuando corresponde, en consecuencias, si existen millones por aclarar, que se aclaren. Si hubo desvíos, que se investiguen, si alguien es responsable, que responda, y si no lo es, que se le permita demostrarlo; Pero que nadie pretenda que la militancia, la cercanía con el poder o un discurso de honestidad sean una póliza contra las investigaciones, porque la corrupción no se vuelve menos corrupción por tener amigos en Palacio, ni el dinero público deja de ser público porque lo administró el partido que hoy presume haber llegado a salvarnos.
La verdadera prueba de un gobierno que dice no tolerar la corrupción no está en cuántos adversarios consigue detener, sino en cuántos de los suyos está dispuesto a investigar sin titubeos. Ahí es donde se mide la honestidad, ahí se acaba la propaganda y comienza la responsabilidad; Porque si la ley solamente se aplica cuando el señalado no es de Morena, entonces la transformación tendrá muchas consignas, muchos discursos y muchas detenciones para presumir, pero seguirá teniendo el mismo viejo vicio de la política mexicana: Proteger a los de casa y castigar a los de enfrente, y eso, por más que lo pinten de guinda, sigue siendo exactamente lo mismo de siempre.
La justicia selectiva no es justicia, es poder disfrazado de legalidad.