El abasto de medicamentos y las compras públicas del sector salud enfrentan cuestionamientos tanto en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) como en la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con información y denuncias referidas en el material.
En Birmex, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habría identificado un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos por compras consolidadas sin documentación suficiente, así como posibles contrataciones indebidas por 192.8 millones. Entre los casos mencionados figura un presunto pago en exceso de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo.
Estos señalamientos se suman a la cancelación, en 2025, de un procedimiento de compra consolidada de medicamentos, después de que se reportaran posibles sobrecostos. El proceso también derivó en cambios directivos y en el reconocimiento público de fallas que ocasionaron retrasos en el suministro.
El desabasto continúa como uno de los principales desafíos para las instituciones públicas. El material refiere que alrededor de 5% de las recetas del sector público permanece sin surtir y menciona incumplimientos de proveedores en la entrega de medicamentos prioritarios. Estas cifras requieren contrastarse con los reportes oficiales correspondientes al periodo señalado.
Denuncias sobre contrataciones en Sanidad Militar
En el ámbito militar, la información proporcionada señala que el Hospital Central Militar habría surtido 56% de las recetas durante 2026, un nivel inferior al registrado históricamente, aunque no se adjuntan documentos que permitan verificar el dato.
También se describen presuntas irregularidades en procedimientos de adquisición de equipo médico y servicios de mantenimiento, en los que se cuestiona la participación de empresas y la posible restricción de la competencia. Los señalamientos involucran a funcionarios de la Dirección General de Sanidad, pero no se presentan resoluciones que acrediten responsabilidades individuales.
Entre los procedimientos mencionados se encuentra la adquisición de equipo médico para la sección de especialidades pediátricas del Hospital Central Militar, con un presupuesto máximo de 558.4 millones de pesos, así como la remodelación y el equipamiento del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y del Niño, por 265 millones.
El material también refiere un contrato de mantenimiento integral de equipos médicos con un techo presupuestal de 417 millones de pesos. Según las denuncias descritas, de 54 empresas interesadas, el proceso habría terminado con cinco participantes y varias partidas declaradas desiertas. Estos puntos requieren revisión de las convocatorias, actas de evaluación, estudios de mercado y fallos de adjudicación.
Transparencia y continuidad del servicio
Los casos plantean interrogantes sobre la documentación de las compras públicas, la competencia entre proveedores y la capacidad de las instituciones para garantizar el suministro de medicamentos y la operación del equipo médico.
Para esclarecer los señalamientos, resulta necesario consultar los expedientes de contratación y las auditorías correspondientes, además de conocer las respuestas de las instituciones y de las empresas mencionadas. La existencia de denuncias o posibles irregularidades no constituye, por sí sola, prueba de responsabilidad administrativa o penal.
La revisión de los procedimientos es relevante tanto para determinar si hubo afectaciones al erario como para evaluar sus consecuencias en la atención de pacientes y derechohabientes.
