CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad tipificar y sancionar el reclutamiento forzado con penas de entre 15 y 20 años de prisión.
El dictamen fue aprobado por 419 votos a favor por parte de los legisladores y fue enviado al Senado para su posterior discusión.
La propuesta establece sanciones para quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenaza, engaño, coerción económica o aprovechamiento de una situación de extrema vulnerabilidad, obligue, induzca o incorpore a una persona a formar parte de una asociación delictuosa, banda, pandilla o grupo criminal organizado para participar en delitos, realizar labores de vigilancia o logística, o prestar servicios a dicha organización.
Además, establece que todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado.
Asimismo, detalla que las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo labore o haya laborado en alguna empresa de seguridad privada, ejerciendo un empleo o cargo en el que haya tenido acceso a información confidencial o haya recibido capacitación o adiestramiento y estos conocimientos los emplee para la comisión del ilícito, o cuando se ostente como servidor público.
También las penas se incrementarán cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana; cuando la víctima se halle en situación de movilidad humana, con independencia de su condición migratoria; cuando para la comisión de la conducta de reclutamiento forzado se provoquen lesiones o se utilicen actos de tortura o violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la víctima.
El diputado del PRI, Miguel Alejandro Alonso Reyes, resaltó que el reclutamiento forzado se trata de una forma de violencia que comienza a arrebatarle a la niñez la posibilidad de decidir sobre su propia vida y sobre su futuro, los separa de la escuela, de su familia y de sus aspiraciones, para obligarlos a servir a quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.
Expuso que, a esa edad, en la que deberían levantar la mano para preguntar en un salón de clases, tienen que aprender a obedecer, a guardar silencio para protegerse y para proteger a los que aman, lo que consideró una tragedia que se vive en México y que se debe enfrentar con total determinación.
“Es por ello que la bancada del PRI votará a favor de este dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y establecer penas de 10 a 20 años de prisión a quien reclute a una persona o más por parte de un grupo delictivo, adicionando, además, diversas agravantes”, dijo.
Por su parte, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, celebró la aprobación del dictamen, ya que resaltó que el delito de reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos de mayor envergadura.
“Esta actividad es tan grave que es la base del potencial de los grupos delictivos, junto con el lavado de dinero y el tráfico de armas. Es una leva forzada a través de engaños, de falsas ofertas de trabajo, de redes sociales donde inducen a la juventud a buscar una opción y, cuando son enganchados, resulta que aprovechan esta inocencia o esta fuerza de la juventud para darles tareas de sicarios, de halcones, de mensajeros del crimen. Ahí está el caso paradigmático del rancho Izaguirre, en Jalisco, pero hay muchos casos más”, expresó.
Redacción: PROCESO
