Un permiso municipal y testimonios presentados ante la Fiscalía colocan bajo escrutinio la posible relación entre el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y un hombre acusado por particulares de recibir vehículos en renta que después no pudieron recuperar.
El nombre de Mary Hernández, presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, aparece en una denuncia por presunto fraude vehicular presentada ante la Fiscalía General de Quintana Roo. Una de las afectadas declaró que le ofrecieron 14 mil pesos mensuales por entregar su Chevrolet Aveo 2025, bajo el argumento de que sería utilizado para el servicio de la alcaldesa.
El ofrecimiento forma parte de una declaración ministerial en la que la propietaria reconstruye cómo fue convencida de rentar su automóvil en abril de 2026. Según su testimonio, el intermediario aseguraba tener contactos para colocar vehículos en renta y mencionó que otras personas ya recibían pagos por operaciones similares.
La denuncia forma parte de los señalamientos contra Luis Enrique E. D., a quien varios propietarios acusan de recibir automóviles mediante acuerdos de renta o subrenta, incumplir posteriormente los pagos y no devolver las unidades. Los afectados también denuncian posibles ventas sin autorización y utilización de documentación irregular.
Los denunciantes aseguran que existen al menos 21 carpetas de investigación relacionadas con estas operaciones. Taxi Vigía tuvo acceso a fotografías de dos actas vinculadas con las carpetas FGE/QROO/OPB/10/5404/2026 y FGE/QROO/OPB/10/5516/2026, correspondientes a denuncias presentadas en octubre de 2026.
Un permiso expedido por el Ayuntamiento
La relación con Felipe Carrillo Puerto adquiere otra dimensión por un documento emitido por la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del municipio.
Se trata del permiso provisional MFC/PD/MT-479/2026, fechado el 24 de septiembre de 2026, que autoriza a un Suzuki Ignis modelo 2022 a circular sin placas y sin tarjeta de circulación.
El documento identifica como propietario a Luis Enrique E. D., la misma persona señalada en las denuncias. Sin embargo, una mujer que reclama ese automóvil asegura que le pertenece y que fue entregado dentro de las operaciones que ahora investiga la Fiscalía.
El permiso exhibido contiene membretes municipales, fecha de expedición, características de la unidad y datos de su identificación vehicular. Su autenticidad y el expediente utilizado para tramitarlo deberán cotejarse con los registros del Ayuntamiento.
La controversia sobre la propiedad del Suzuki obliga a esclarecer qué documentación presentó el solicitante y cómo verificó Tránsito Municipal que tenía derecho a obtener la autorización.
El Ayuntamiento también aparece en los testimonios
La mención de Mary Hernández no es la única referencia al gobierno municipal. Otra persona afectada afirma que el intermediario le aseguró que rentaba automóviles en Felipe Carrillo Puerto y que el Ayuntamiento le debía dinero por esos servicios.
De acreditarse la existencia de contratos municipales, será necesario establecer qué vehículos fueron arrendados, quiénes figuraban como proveedores, qué pagos se realizaron y si alguna de las unidades reclamadas por particulares fue utilizada por la administración.
Los documentos revisados no acreditan que Mary Hernández haya contratado personalmente el Aveo ni que conociera las operaciones denunciadas. Su nombre aparece como parte del argumento que, según una afectada, utilizó el intermediario para convencerla de entregar el vehículo.
Propietarios buscan sus automóviles
Mientras tanto, las personas que denuncian las operaciones continúan difundiendo fotografías de sus unidades. Entre los vehículos reclamados aparecen un Chevrolet Aveo 2025, un Suzuki Ignis 2022 y un Renault Kwid 2022.
Algunos afectados aseguran que automóviles vinculados con el caso han sido localizados en Mérida, Yucatán. También sostienen que las unidades habrían circulado o sido ofrecidas a terceros mediante documentos cuya legalidad está en disputa.
La Fiscalía de Quintana Roo deberá determinar si existió un esquema coordinado de fraude y establecer las responsabilidades individuales. En paralelo, el gobierno de Felipe Carrillo Puerto tiene dos asuntos concretos que esclarecer: la expedición del permiso a nombre del señalado y la posible existencia de contratos de arrendamiento relacionados con los vehículos denunciados.
Las acusaciones han dejado de circular únicamente como publicaciones en redes sociales. Ahora existen referencias de carpetas ministeriales y un documento municipal que permiten seguir el recorrido de las unidades y examinar las actuaciones de las autoridades.
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Redacción: TAXI VIGÍA
