El presupuesto asignado por el ayuntamiento a ese fin lo canaliza a través del dueño de una funeraria que puso como director del DIF Municipal > Y la misma alcaldesa se convirtió en dueña de dos funerarias, uno en Tulum y otro en Cancún > Registró a su nombre una camioneta GMC Sierra 4×4 Denali modelo 2025, de un millón 941 mil 400 pesos
FELIPE CARRILLO PUERTO, 7 de septiembre de 2026.- Una serie de señalamientos pone bajo la lupa la operación de los apoyos funerarios del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y la posible existencia de un conflicto de interés, debido a presuntos vínculos familiares y comerciales entre funcionarios municipales y una empresa funeraria beneficiada con recursos públicos.
De acuerdo con la información expuesta, Fernando Gómez Gómez, identificado como socio del 50 % de Funerarias Cancún, habría sido colocado al frente del DIF municipal, organismo encargado de canalizar apoyos funerarios.
También se menciona a Victoria Abigail Gómez Gómez, señalada como exempleada de la misma empresa y suplente electoral, quien presuntamente habría intervenido en el proceso de pagos desde la Tesorería municipal.
El señalamiento adquiere mayor dimensión al referir que de 79 apoyos funerarios registrados, 71 habrían sido pagados a razón de 4 mil 500 pesos, pese a que el contrato establecería un costo de 2 mil 900 pesos por servicio.
La diferencia sería de mil 600 pesos por apoyo, equivalente a un sobreprecio aproximado del 55 por ciento.
Asimismo, sucede cuando la misma Maricarmen Hernández Solís durante su presidencia municipal se convirtió en propietaria de dos funerarias con crematorios, uno ubicado en Tulum y otro en Cancún.
La información también relaciona estos pagos con el capítulo de ayudas sociales, donde se habría identificado un monto de 11 millones 204 mil 257 pesos sin comprobar correspondiente a 2024 y al primer semestre de 2025. Dentro de los registros presupuestales citados aparecen 5.1 millones de pesos devengados durante 2024 y aproximadamente 6.15 millones en 2025.
Otro punto cuestionado es la falta de publicación del denominado Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot) dentro del contrato con la funeraria, situación que, según la revisión referida, habría sido detectada en verificaciones realizadas en 2021, 2023 y 2024.
La empresa señalada cuenta con presencia en Felipe Carrillo Puerto y Cancún.
A estos señalamientos se suma la referencia a una GMC Sierra 4×4 Denali modelo 2025, cuyo valor habría sido de aproximadamente un millón 941 mil 400 pesos y que, según la información difundida, estaría registrada a nombre de la presidenta municipal, aunque sería utilizada por ella.
Finalmente, también se han formulado acusaciones particularmente graves sobre un supuesto uso de instalaciones funerarias por integrantes del crimen organizado; sin embargo, este último señalamiento requiere pruebas documentales y una investigación formal antes de presentarse como un hecho.
Más allá de la estridencia de las acusaciones, el asunto de fondo es sencillo: si existen contratos, pagos, funcionarios vinculados familiar o comercialmente con los proveedores y diferencias entre los precios contratados y los efectivamente pagados, corresponde a las autoridades fiscalizadoras aclarar cada peso y determinar si hubo conflicto de interés, irregularidades administrativas o alguna conducta constitutiva de delito.
Los montos bajo la lupa
En materia de recursos públicos, los señalamientos apuntan a 11 millones 204 mil 257 pesos correspondientes al rubro de ayudas sociales, monto que habría quedado sin comprobar durante 2024 y el primer semestre de 2025.
De esa cantidad, los propios registros presupuestales municipales reportarían:
– 5 millones 100 mil pesos devengados en 2024.
– 6 millones 150 mil pesos devengados durante 2025, considerando el primer semestre señalado.
En paralelo, aparece un caso específico relacionado con los apoyos funerarios.
De 79 apoyos registrados, 71 habrían sido pagados a 4 mil 500 pesos cada uno, pese a que el contrato establecía un precio de 2 mil 900 pesos por servicio.
La diferencia es de 1 mil 600 pesos por servicio, lo que representa un sobreprecio aproximado del 55.2 por ciento.
Si se toma únicamente esos 71 servicios, el cálculo sería:
71 × 4,500 pesos = 319,500 pesos pagados.
Mientras que al precio establecido en el contrato:
71 × 2,900 pesos = 205,900 pesos.
La diferencia entre ambos montos asciende a 113 mil 600 pesos.
Es importante distinguir este último monto de los 11 millones 204 mil 257 pesos observados, porque no son cantidades equivalentes: los 113 mil 600 pesos corresponden exclusivamente a la diferencia calculada en esos 71 servicios funerarios, mientras que los 11.2 millones corresponden al monto global señalado dentro del rubro de ayudas sociales.
La pregunta que corresponde responder a las autoridades fiscalizadoras es, por tanto, qué integra exactamente esos 11.2 millones de pesos, cuánto ha sido comprobado, qué parte corresponde a apoyos funerarios y bajo qué fundamento se pagaron servicios por encima del precio establecido en el contrato.
(Con información de diariocambio22)
