El expediente debió atenderse hasta un año después de que dejó la titularidad de la Sefiplan, afirmó el diputado Jorge Cabrera secretario de la comisión > Lo debieron resolver la XIV y la XV Legislatura y no ahora, después de casi 9 años de que concluyeron sus funciones, argumenta > Así también se desecharon los dictámenes de procedencia de juicio político de Laura Beristain, a pesar de que las Mesas Directivas de la XVI y la XVII Legislaturas fueron las que los retuvieron sin presentarlos al pleno para que se cumpliera el plazo de prescripción
CHETUMAL, 15 de abril.- La Comisión Instructora de la XVIII Legislatura de Quintana Roo determinó que no es procedente el juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado en el periodo de Roberto Borge Angulo, solicitado por denuncia que interpuso la ciudadana Fabiola Cortés en representación de la asociación civil “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” hace casi nueve años.
El diputado Jorge Cabrera Tinajero, secretario en esta comisión, explicó que en la primera sesión que llevaron a cabo, la cual se hizo a puerta cerrada por la presentación de documentación y datos de carácter privado que requerían de secrecía en la investigación, se decretó la improcedencia al existir una prescripción de plazos.
“Realmente lo que se aprobó es lo que dice la ley. Anteriormente en el 112 de la Ley de Responsabilidades enmarcaba que el juicio político era a través del funcionario público en funciones o hasta un año después. El tema es que el Poder Judicial nos envió el requerimiento y nosotros sesionamos conforme a la Ley y le notificamos que evidentemente hay una prescripción. Entonces, se tendría que ser respetuoso con los tiempos del tribunal y que ellos lo dictaminen, pero nosotros sesionamos y se determinó que no es procedente”, informó.
El legislador puntualizó que la solicitud de juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina debió atenderse en la XIV y la XV legislaturas, debido a que ahora tuvieron que sesionar con la información que se les hizo llegar después de 9 años de que concluyera la administración de Borge Angulo, y solo fue para cumplir con la orden emitida por el Tribunal, porque las presuntas faltas denunciadas han prescrito.
“El 112 de la Ley de Responsabilidades que regía en aquel entonces indicaba que la XIV y XV Legislatura eran las que debieron dictaminar al respecto y no nosotros. Al llegar el requerimiento nosotros tenemos que sesionar con lo que tenemos, porque nosotros a final de cuentas, revisando todos los antecedentes legales que tenemos, al ser XVIII ya había pasado tiempo, porque nos tenemos que regir por la Ley actual y lo dimos por concluido”, expuso.
Esta sería la segunda ocasión en que se intenta promover un juicio político contra el exfuncionario estatal, ya que en 2016 se creó una Comisión Instructora encabezada por el entonces diputado Emiliano Ramos que dictaminó las faltas que se le imputaban, pero nunca se presentó la acusación ante el pleno.
Juan Pablo Guillermo Molina fue señalado por faltas graves contra la hacienda pública en su desempeño, especialmente por el presunto desvío de mil 55 millones de pesos aportados por Aguakan y la venta irregular de terrenos.
Asimismo, enfrentaba otros expedientes en materia penal por presunto desempeño irregular de la función pública y peculado, por las que supuestamente todavía existen órdenes de aprehensión vigentes en su contra por el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos.
Había precedente sobre el tema
Pero cabe mencionar que la XVIII Legislatura no podría haber resuelto el tema de otra forma, porque desde la XVII la mayoría de la 4T sentó un precedente legal que iba en ese sentido, cuando desechó los dictámenes de procedencia de la Comisión de Justicia para abrir juicio político a la exalcaldesa de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, Laura Beristain Navarrete.
La Comisión de Justicia de la XVI Legislatura dictaminó la procedencia formal de 3 juicios políticos contra Laura Beristain en noviembre de 2021, pero la Mesa Directiva del Congreso que estaba presidida por la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis, de Morena, decidió retenerlos y nunca los presentó al pleno de diputados y diputadas para que votaran por la instalación de una Comisión Instructora, violando el procedimiento marcado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente entonces.
Y cuando en septiembre del 2022 entró la XVII Legislatura, de abrumadora mayoría de la 4T, la nueva Comisión de Justicia, encabezada por el diputado del PT Hugo Alday Nieto, no pidió a la nueva Mesa Directiva, de la que era secretaria Euterpe Gutiérrez Valasis, dar el trámite debido a los dictámenes, por lo que se mantuvo el congelamiento de los mismos.
Lo anterior permitió que, después de finalizar el mes de septiembre de 2022, al haberse cumplido un año desde que Laura Beristain Navarrete dejó el cargo de presidenta municipal de Solidaridad, la Comisión de Justicia de Hugo Alday declarara que había prescrito el plazo para realizarle juicio político y dictaminó desechar los acuerdos que había tomado sus predecesora.
Redacción: diariocambio22
