Investigación de Mexicanos contra la Corrupción revela que contratistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador transfirieron millones de pesos a empresas fantasma de César Adrián Gamboa Montejo, el encargado de las finanzas del PT en Quintana Roo para campañas políticas > Todas esas empresas fantasma fueron creadas en la notaría 74 de Cancún, de José Alberto Galván García, donde también trabajó Gamboa Montejo
CANCÚN, 30 de marzo.- Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, creó una extensa red de empresas fantasma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó como factureras, para recibir millones de pesos de contratistas de la 4T, a fin de usarlos en campañas políticas.
En una revisión de actas realizada en el Registro Público de Comercio, se encontró que el recaudador del PT ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado oficial de “factureras” del SAT, lo cual significa que se trata de compañías que han simulado operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
Las empresas en las que participa Gamboa Montejo, que participó en el financiamiento de campañas estatales y federales de Morena, forman parte de una red más extensa, de al menos 40 empresas “fachada” que comparten domicilios, apoderados y socios.
La hebra la puso una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que siguió la ruta del dinero de dos de esos contratos, y mediante el análisis de estados de cuenta entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descubrió que Grupo Tecno, que recibió contratos por 4 mil millones de pesos en el gobierno de López Obrador, había triangulado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud a seis factureras enlistadas por el SAT.
MCCI corroboró que además de Grupo Tecno, estas factureras han recibido dinero de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.
Tan sólo 6 de las mayores factureras de esta red emitieron en 2020 comprobantes fiscales por 252 millones de pesos, y ese dinero fue dispersado a su vez a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), y a SF Consulting & Services, sociedad establecida con la identidad robada a vecinos de colonias populares de Nuevo León.
El rastreo bancario y fiscal de la ASF identificó que 9 empresas enlistadas por el SAT como EFOS habían facturado en 2020 con Grupo Tecno un monto superior a los 55 millones de pesos.
Entre las factureras identificadas por la ASF estaban Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, en las que César Adrián Gamboa, operador financiero del PT en Quintana Roo, había fungido como apoderado y representante.
MCCI identificó además que Grupo Tecno transfirió 10.6 millones de pesos más a Shuttle Boost y a Lex Turism, otras dos empresas en las que figuraba el responsable financiero del PT.
Contradicciones y mentiras del financiero del PT en Quintana Roo
Gamboa Montejo ha fungido como operador financiero del PT desde 2022, cuando apoyó la campaña de la actual gobernadora quintanarroense Mara Lezama, y apenas el pasado 3 de noviembre de 2025 fue ratificado en el mismo cargo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), según consta en documentos obtenidos por MCCI.
En una breve entrevista telefónica en 2024 -cuando MCCI inició esta investigación-, César Adrián Gamboa Montejo dijo que es militante del PT y reconoció que fue responsable de finanzas del PT en Quintana Roo.
Sin embargo, aseguró que su papel en el partido como responsable financiero concluyó en 2022, año en el que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde.
MCCI confirmó que mintió, porque en documentos del INE fechados en junio, septiembre y noviembre de 2025 consta que sigue manteniendo el cargo de responsable de Finanzas del PT.
Asimismo, en marzo de 2024 fue fotografiado en acciones de preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
Notario público 74 de Cancún, implicado en constitución de factureras
Cuando fue entrevistado, Gamboa Montejo también se deslindó de las 20 empresas en las que aparece como apoderado, administrador o representante, aunque reconoció que colaboró entre 2014 y 2022 con el notario Jorge Alberto Galván García, quien constituyó la mayoría de las empresas de la red fantasma.
Gamboa Montejo se siente protegido por el gobierno federal y porque además utilizó prestanombres para deslindarse de la participación directa en las empresa fantasma factureras.
Tal es el caso de Anastacio Zum Uc, quien en documentos oficiales inscritos ante la Secretaría de Economía y el SAT, aparece como un próspero empresario, con participación como socio, administrador o apoderado en al menos 20 sociedades mercantiles.
Sin embargo, “Tachito”, como lo identifican sus amigos, es en realidad un indígena maya originario de Tepakán, Yucatán, que trabaja como auxiliar en un despacho fiscal ubicado en Quintana Roo.
Los negocios millonarios de las empresas en las que supuestamente participa no se ven reflejados en su nivel de vida, ya que él y su familia residen en una pequeña casa en la periferia de Cancún.
Al igual que en su caso, en tres de las empresas “fantasma” en las que ha participado el operador financiero del PT se le otorgó poder legal a una persona de nombre José Luis Barriga Cortés, que en redes sociales ha difundido que trabaja como chofer particular en una empresa establecida en Naucalpan, Estado de México.
A la mayoría de estos prestanombres los une un personaje: Jorge Alberto Galván García, notario público número 74, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien ha sido acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada.
Por cierto, la fachada de esa notaría fue baleada en el 2018, cuando el notario era señalado por encabezar al mismo tiempo una empresa intermediaria de pago de nómina o outsoursing, llamada Empowerment, además de litigar a favor de otras empresas del mismo giro, violando la Ley de Notariado con impunidad.
Yordi Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo trabajaron como choferes en una compañía de outsourcing con el notario Galván García y aunque ellos no lo sabían, ambos aparecen en empresas de la red de este notario como apoderados y/o socios.
También se visitó el domicilio de Yinny Marisol Pérez Gómez, otra de las apoderadas de Innovación Integral del Caribe III, pero su padre explicó que ella no tiene participación en ninguna empresa y pidió a los reporteros que se retiraran.
Los supuestos accionistas de esta red fantasma son secretarias, empleados y choferes de despachos legales y contables de Quintana Roo, aunque también hay personas de zonas marginadas de Nuevo León a las que les robaron su identidad, de acuerdo con testimonios recabados por MCCI.
Contratistas privilegiados de la 4T transfirieron recursos para campañas
Una de las contratistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que más dinero le transfirió a las factureras del financiero del PT en Quintana Roo es Grupo Tecno, que en 2020 obtuvo un contrato de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para la emisión de pasaportes.
Ese mismo año, la empresa de Juan Carlos Torres Guzmán inició con la transferencia de 65 millones 800 mil pesos a 8 factureras de la red de Gamboa Montejo, que cubrieron las operaciones con más de 250 comprobantes fiscales.
En 2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía además vigentes contratos con la Secretaría de Salud, con Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y con el Instituto Nacional Electoral, de quienes recibió en aquel año pagos por 112 millones de pesos.
En ese año y el siguiente, la empresa recibió diez contratos más que suman 374 millones de pesos con el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF, Finabien y el INE, al final de cuentas, en total recibió contratos por más de 4 mil millones de pesos durante el gobierno de López Obrador.
(Con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
Redacción: diariocambio22
