La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) no ha sido transparente en el acceso a la información y ha inhibido la participación ciudadana e invadido competencias federales en Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, acusan.
Dicen que prácticamente no se ha abierto ninguna consulta pública en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en el estado, a pesar de que se han presentado más de cien solicitudes formales al respecto.
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Varias organizaciones ambientalistas de este estado y de México firmaron un documento conjunto, en el que solicitan la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que revise a su homóloga quintanarroense por reiteradas irregularidades, como opacidad, obstrucción de participación ciudadana e invasión de competencias federales.
A través de un escrito, indican que la Secretaría de Medio Ambiente de estado (SEMA), que encabeza Óscar Rébora Aguilera, ha asumido la evaluación de proyectos, cosa que le corresponde realizar a la Federación.
“En distintos casos, la SEMA ha analizado e incluso autorizado manifiestos de impacto ambiental de proyectos que, por su naturaleza, magnitud, localización o por los impactos regionales que generan, corresponden claramente al ámbito federal”, criticaron.
A través de criterios restrictivos o interpretaciones maliciosas de la ley, la Sema además ha evitado la realización de consultas públicas, al grado de prácticamente no abrir ninguna, pese a que se le han enviado 100 solicitudes.
“Resulta particularmente preocupante que también se hayan emitido autorizaciones ambientales de forma acelerada o “exprés”, incluso antes de publicar los listados mensuales de proyectos sujetos a evaluación”, se añade.
Por todo ello, las organizaciones solicitan a la Semarnat que revisen el actuar de Sema Quintana Roo por la posible invasión de competencias federales, que se verifique si hay una vigilancia ilegal de proyectos que le toca revisar a la Profepa, además de que asuma sus funciones de forma cabal.
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El comunicado completo de Cemda:
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Las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestra enorme inquietud por el actuar de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) en diversos Procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), en los que se advierten irregularidades reiteradas.
Entre ellas destacan prácticas de opacidad, conductas que inhiben de manera sistemática la participación ciudadana y, de forma particularmente preocupante, la invasión de competencias federales, al asumir la evaluación de proyectos que, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), corresponde realizar a la Federación.
En distintos casos, la SEMA ha analizado e incluso autorizado manifiestos de impacto ambiental de proyectos que, por su naturaleza, magnitud, localización o por los impactos regionales que generan, corresponden claramente al ámbito federal, específicamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esta actuación de la SEMA resulta jurídicamente cuestionable, pues invade competencias federales, debilita los mecanismos de control ambiental y genera un precedente preocupante de fragmentación y relajamiento de los estándares de protección ambiental.
Un ejemplo reciente de lo anterior son las obras de rehabilitación y restauración de playas en distintos municipios de Quintana Roo.
Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y personas de la academia solicitamos a la Semarnat que negara la ampliación o modificación de una autorización ambiental emitida en 2009 y exigimos que se realizara una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) integral, regional y actualizada.
Ello, debido a que las obras implican impactos acumulativos, sinérgicos y de alcance regional cuya evaluación no debe realizarse a nivel estatal.
La SEMA también ha realizado prácticas administrativas para inhibir la participación ciudadana, mediante el uso de formalismos excesivos, criterios restrictivos e interpretaciones indebidas o maliciosas de la ley estatal y su reglamento.
Todo esto ha evitado que se abran consultas públicas, incluso en casos donde la legislación ambiental lo permite o incluso lo exige expresamente.
Resulta particularmente preocupante que también se hayan emitido autorizaciones ambientales de forma acelerada o “exprés”, incluso antes de publicar los listados mensuales de proyectos sujetos a evaluación.
Esto ha impedido que la sociedad conozca oportunamente los proyectos y que pueda solicitar la apertura de consultas públicas.
Con esto, se impide ejercer el derecho a la participación, el cual está reconocido en la ley ambiental nacional y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Este patrón de actuación no es aislado ni reciente.
No se ha abierto prácticamente ninguna consulta pública en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en el estado, a pesar de que se han presentado más de cien solicitudes formales al respecto.
Solo se abrió de forma parcial la consulta pública del proyecto “Planta de trituración y extracción de materiales pétreos Izgra”.
Sin embargo, el resolutivo no se hizo público por lo que no se puede verificar que la consulta haya sido efectiva. Se evidencia así una política administrativa sistemática orientada a cerrar los espacios de participación ciudadana, lo que va en contra de la legislación ambiental federal y del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
La Evaluación de Impacto Ambiental no es un trámite discrecional o una facultad intercambiable entre órdenes de gobierno, sino un instrumento que ayuda a prevenir impactos negativos al medio ambiente.
Su aplicación debe sujetarse estrictamente a los principios de legalidad, competencia, máxima publicidad y participación ciudadana efectiva. El hecho de que la SEMA asuma indebidamente competencias que le corresponden a la Federación y que obstruya directa o indirectamente la participación ciudadana, debilita el Estado de derecho ambiental, incrementa el riesgo de daño ambiental y erosiona la confianza pública en las instituciones.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos respetuosamente a la Semarnat:
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Revisar de manera integral el actuar de la SEMA Quintana Roo, en particular los procedimientos en los que existan indicios de invasión de competencias federales, opacidad, aceleración indebida de plazos y obstrucción sistemática de la participación ciudadana.
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Llevar a cabo una investigación profunda para efectos de poder verificar si, además de lo anterior, la SEMA -de la mano de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado- está llevando a cabo de forma ilegal la inspección y vigilancia de proyectos que corresponden en estricto sentido a la Federación y, de ser el caso, detenerlo de inmediato.
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Ejercer plenamente sus atribuciones como autoridad ambiental federal, garantizando que los proyectos que, conforme a la LGEEPA, deban ser evaluados en el ámbito federal no sean indebidamente tramitados o resueltos por autoridades estatales.
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Garantizar el acceso efectivo a la información ambiental y la apertura real de consultas públicas, evitando interpretaciones restrictivas o maliciosas de la legislación ambiental que tengan como efecto inhibir derechos ciudadanos.
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Exigir la presentación y evaluación de nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental cuando la magnitud, alcance, modificación o impactos acumulativos de los proyectos así lo ameriten.
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición para aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a fortalecer la gobernanza ambiental en Quintana Roo. La protección del patrimonio natural del estado y del país exige autoridades que actúen con legalidad, transparencia, rendición de cuentas y pleno respeto al interés público.
Organizaciones firmantes:
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Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
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Grupo Tortuguero del Caribe
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Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC)
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Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS)
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Selvame MX
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MOCE Yax Cuxtal
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Grupo GEMA del Mayab
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Ciudadan@s por la Transparencia
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Voces Unidas de Puerto Morelos
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Centro Ecológico Akumal
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Casa Wayuu
Redacción: LA OPINION DE QUINTANA ROO
