En un video, el espía de Nicolás Maduro, que se hizo millonario como operador del exgobernador Carlos Joaquín González, acusa una “guerra sucia” en su contra de los equipos del secretario de Bienestar, Pablo Bustamente; el senador Eugenio Segura; y la gobernadora, Mara Lezama, porque dice que el gobierno del estado todavía le debe dinero, y también por el “fuego amigo” en la contienda por la gubernatura >Retador, publica fotos para presumir continuidad de su influyentismo > A pesar de que el gobierno de México conocía su pertenencia a los servicios de espionaje de Nicolás Maduro, sus vínculos con delincuentes y sus negocios turbios, lo dejó en libertad de operar en la impunidad
CHETUMAL, 9 de enero.- Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, el espía de Nicolás Maduro que se convirtió en uno de los principales operadores del exgobernador Carlos Joaquín González, actual embajador de México en Canadá y que lo hizo millonario con contratos gubernamentales, reapareció a través de un video en sus redes sociales para acusar una “guerra sucia” en su contra, de la que responsabiliza inclusive al equipo del senador Eugenio Segura Vázquez y de la gobernadora, Mara Lezama, porque afirma que el gobierno del estado todavía le debe dinero y, además, como víctima colateral del “fuego amigo” en la contienda por la gubernatura.
En su video corto, que rápidamente bajó de sus redes después de una breve difusión, se dice víctima de una “guerra sucia” promovida por “grupos políticos que se quieren seguir aprovechando y posicionándose del Estado”, por “pelear una candidatura, porque hay ‘fuego amigo’ dentro del mismo partido”.
Luego acusa: “Desde este momento, desde este preciso momento, hago responsable a Pablo Bustamante, a su gente, a la gente cercana a Gino Segura, a la gente cercana a la gobernadora Mara Lezama, a la gente cercana a todo su equipo, porque me odian, me deben dinero, no me ha pagado el estado, me tienen hasta la madre de sus acusaciones y su falsa lealtad de todos, a todos, a cada uno de todos”.
Afirma también que no anda preocupado porque lo señalen de espía, lavador de dinero y terrorista, sino que si está nervioso por las acciones que puedan tomar en su contra las acciones figuras políticas a las que señala, “porque conozco con lo sucio que juegan, conozco todas las artimañas que hacen”.
Enseguida, casi a gritos los hizo responsables “de un solo rasguño que me pase a mí en persona. Se los advierto, no les tengo miedo”.
Información extraoficial señala que el gobierno de Carlos Joaquín no terminó de pagar el finiquito de todos los contratos que tenía con “El Venezolano” y dejó el saldo como parte de la deuda con proveedores por más de 7 mil millones pesos que recibió la administración de Mara Lezama Espinosa.
La misma información indica que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la que fue titular el actual senador Eugenio Segura Vázquez, le pagó una parte de ese saldo en los primeros 100 días de gobierno, pero Jorge Brizuela Guevara todavía reclama el pago de alrededor de 7 millones de dólares, por las carpas Covid-19 y otros servicios contratados por el gobierno de Carlos Joaquín, como renta de servicios de seguridad, automóviles y hasta aviones, aunque al parecer son de dudosa legalidad y están sometidos al proceso de depuración que tiene esa deuda.
Para reforzar la estridencia de su video, “El Venezolano” lo compartió directamente a las cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la Secretaría de Marina (Semar); la Secretaría de Gobernación (Segob); el senador Eugenio Segura Vázquez; la revista Proceso; y el periodista Pedro Ferriz de Con.
Y además, lo hizo acompañar de otros videos cortos de la foto de la reunión con Pablo Bustamante Beltrán, a la que acudieron también el exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, el hijo de éste, Edgar Hendricks Rubio, el empresario Pepe Gómez y el exdiputado y hoy subsecretario de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno, Issac Janix Alanís.
“El Venezolano” anotó el comentario a la foto de que en esa reunión estaban decidiendo el destino político “del flamante secretario del Bienestar”, y le puso como fondo el tema musical de la película “El Padrino”.
Asimismo, como intento de mostrar que sigue su influyentismo, adjuntó también videos con las fotos que se fue a tomar con el director general de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y el senador Eugenio Segura Vázquez, sabidos aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.
A esas fotos retadoramente les colocó los comentarios: “Somos figuras públicas, ¿hay algún problema?”, así como “¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué no critican esta?…”, respectivamente.
“El Venezolano” agrega videos donde pretende mostrarse muy tranquilo y despreocupado a pesar de los antecedentes que lo colocan como miembro de los servicios de espionaje de Nicolás Maduro y vinculado a investigaciones por lavado de dinero y corrupción, y hasta subió otro donde pretende aparentar ser un exiliado más víctima del régimen bolivariano y crítico de quienes califican de acto imperialista la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a su antiguo patrón, como remate de esta serie producto del estallido de carácter visceral.
Los antecedentes de “El Venezolano” de Carlos Joaquín
“El Venezolano“ Brizuela Guevara fue catalogado en el 2020 por la inteligencia del Ejército Mexicano como miembro de los servicios de espionaje del gobierno del recién caído Nicolás Maduro y como enlace de la Mafia Rumana en Cancún con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela(Sebin) y con el exgobernador Carlos Joaquín, hecho que fue dado a conocer por la filtración de documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocida como los “Guacamayaleaks”.
Con estos datos, su nombre aparece nuevamente en una investigación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y la agencia de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), por un caso de lavado de dinero vinculado a Puerto Rico, llamado “Boricua Papers”, donde Cancún aparece como uno de los epicentros de las operaciones venezolanas de blanqueo de recursos.
El Sebin era uno de los pilares del régimen de Nicolás Maduro, que el 3 de enero fue secuestrado por Estados Unidos para ser juzgado por narcoterrorismo, y Jorge Brizuela Guevara es identificado en esa investigación como uno de sus miembros con presencia en Quintana Roo y operaciones también en la Zona Libre de Belice.
A pesar de que la Sedena conocía estos antecedentes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó a “El Venezolano” en la libertad de ser operador político y delictivo del exgobernador Carlos Joaquín González, actual Embajador de México en Canadá, quien le pagó con creces convirtiéndolo en millonario con contratos por rentas de supuestos servicios de seguridad, automóviles y hasta de aviones.
Sin embargo, el negocio más descarado fue la proveeduría de material médico y la renta de carpas en la pandemia del Covid-19, que supuestamente eran para ampliar la capacidad de camas de los hospitales Oncológico de Chetumal y Jesús Kumate de Cancún pero que fueron prácticamente inútiles por la tardanza con que se pusieron en funcionamiento y sólo sirvieron para inflar estadísticas.
Este negocio por más de 544 millones de pesos lo hizo a través de su esposa, Vanessa Lizeth Vargas Flores, y de la razón social Constructora Iiafer, creada días antes de hacer firmar los contratos, sin contar con la experiencia ni la infraestructura para tal servicio, y por tanto, en violación de la legislación de contrataciones gubernamentales, y debido a lo mismo subcontrató a empresarios que si las tenían para montar las carpas, para al final defraudarlos con la complicidad del gobierno local.
Este caso de fraude con contratos gubernamentales para atender la atroz pandemia fue hecho público por los tres empresarios perjudicados y llegó al conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, inclusive en sus conferencias “mañaneras”, pero nuevamente el gobierno federal dejó libre e impune a “El Venezolano” para actuar.
Con los recursos millonarios que le pagó el gobierno de Quintana Roo, también en la pandemia montó un negocio de laboratorios, llamado Pronalab, que logró convertirse en proveedor exclusivo de pruebas rápidas Covid-19 para hoteles y torneos de golf del norte de Quintana Roo, gracias a que Carlos Joaquín lo llevaba como invitado a las Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde se vinculó con empresarios de la República Dominicana.
Y precisamente mediante los laboratorios Pronalab y relaciones con el propietario de equipo de futbol Zamora, Víctor de Aldama, con el que se contactó ostentándose como asesor del gobierno de Carlos Joaquín, se involucró en el Caso Koldo, un entramado de corrupción y lavado de dinero por 54 millones de euros con funcionarios del gobierno de España en la proveeduría de mascarillas sanitarias para unidades médicas, ampliamente documentado por los medios de comunicación ibéricos y que sigue activo en el Tribunal Supremo de España.
Redaccion: diariocambio22
