>El Idaipqroo desaparecerá cuando se reforme la Ley de Transparencia local, que deberá hacer a más tardar en 3 meses >Sus funciones las asumirán la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que será el nuevo nombre de la Secretaría de la Contraloría, así como los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos
CHETUMAL, 28 de enero.- El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que dispone la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Contraloría (Secoes), así como por los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los ayuntamientos.
La reforma fue aprobada por mayoría de 21 votos, los de la alianza Morena-PVEM-PT y la sorpresiva votación a favor de los dos legisladores del PAN, mientras que sólo votó en contra el único diputado de Movimiento Ciudadano.
Después de este trámite, la minuta fue turnada a los ayuntamientos de los 11 municipios del estado para su respectiva ratificación.
La reforma promovida por la gobernadora Mara Lezama cumple lo ordenado por la reforma constitucional federal que desapareció al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y otros 6 órganos autónomos, y establece que la desaparición del Idaipqroo se concretará cuando se promulguen las reformas subsecuentes a la ley secundaria, lo que deberá realizarse a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de la modificación constitucional.
El régimen transitorio propuesto por la iniciativa marca que al momento de que entre en vigor la reforma a la Ley de Transparencia quedará extinto el Idaipqroo, y las personas que ocupan los cargos de comisionadas y comisionado del órgano, Magda Lozano Ocman, Claudette González Arellano y José Roberto Agundis Yerena, cesarán en sus funciones, lo que podrían ocurrir en abril o principios de mayo.
El dictamen reitera que se sustituye al Idaipqroo por un sistema centralizado, eficiente y alineado con las nuevas exigencias legales y tecnológicas, como medida para optimizar recursos y evitar la duplicidad de funciones, así como mejorar la coordinación entre los diversos sujetos obligados.
Para eso, se dispone que los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados, cuya atención era la función principal del Idaipqroo, se deberán trasladar a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en lo que respecta a la Administración Pública Estatal; a los órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como a los órganos internos de control de los órganos autónomos; mientras que en lo que hace a los partidos políticos, se trasladará la tutela al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo), y por lo que toca a los sindicatos, al Centro de Conciliación Laboral; al tiempo que se prevé que la ley secundaria establezca la competencia de los municipios.
Por otra parte, indica que los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del Idaipqroo pasará a formar parte de la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que asuma sus atribuciones, que es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Según el quinto artículo transitorio, los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad según la legislación aplicable.
Esta reforma constitucional fue acompañada de otra a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por la que se cambia el nombre de la Secretaría de la Contraloría por el de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como para darle nuevas facultades, entre las que se encuentra la de atender los recursos de revisión en materia de transparencia y acceso de información referentes al Poder Ejecutivo.
En este caso, escuetamente dice que, con la finalidad de que en la administración pública central y paraestatal se fortalezcan los principios y bases establecidos en la Constitución Federal y en la estatal en materia de transparencia, se le dota a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la atribución de vigilar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, por parte de los entes públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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