FGE, mucho dinero en una sola mano.

A pesar de que ya existe una Fiscalía Especializada en el Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y Desarrollo Urbano, que supuestamente también atiende las denuncias de maltrato animal, ésta sólo se activa cuando los casos de maltrato  ya son virales e inocultables, lo que se presta a que la ciudadanía vea esto como mera simulación por parte del controvertido fiscal general del estado, Raciel López Salazar que estará en el puesto 12 años, sin importar que dé o no resultados, y que solicitó para el funcionamiento de dicha fiscalía sólo 1 millón de pesos en 2024, nada, en comparación del incremento del 88% del presupuesto anual que solicitó para, según él, ahora sí lograr acciones contundentes contra la delincuencia. Esto serían 3 mil millones de pesos. Durante su comparecencia ante la comisión de Justicia de la XVIII Legislatura en octubre del 2024, insistió en que se necesitaban más recursos, ya que el presupuesto anterior de 1,632 millones de pesos que gastó era insuficiente para combatir el crimen, y que ya con esta enorme asignación que solicitaba, este 2025 se le podrían exigir resultados. El exorbitante presupuesto solicitado fue rechazado.

Pero hay algo importante que señalar sobre la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales, la Fauna y Desarrollo Urbano que se creó en noviembre del 2023 pero entro en funciones en 2024, y es que Normando Bustos, fiscal encargado de esta fiscalía, explicó que esta fiscalía especializada sólo contaría con 6 peritos fiscales para investigar los casos de maltrato animal en los 11 municipios del estado, lo que obviamente resulta insuficiente frente a la ola de casos de maltrato, que como ya hemos mencionado en este espacio, se han incrementado dramáticamente.

El fiscal López Salazar peca de soberbia cuando la realidad de la inseguridad golpea a los quintanarroenses a diario. Ha afirmado que el INEGI reportó que la percepción de inseguridad en Quintana Roo disminuyó, y que en la capital del estado la incidencia delictiva bajó un 15%.  Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que el pasado 2024 el INEGI manifestó que en México el 61% de los mexicanos consideran que vivir en nuestro país, es peligroso. Pero ya es bien conocido el fingido optimismo de cada fiscal en turno. Sobre los 12 largos años que permanecerá en el puesto, mencionó que dicha ampliación del término constitucional, da paso a un organismo más autónomo e independiente, y vaya que lo es, porque en el oficio No. FGE/QR/CHE/01722/2024, fechado el 27 de diciembre de 2024, dirigido al Congreso del estado, y firmado por él, solicitó para este 2025, la modesta cantidad de $1,701,996,688, para el funcionamiento de la Fiscalía, sin embargo, ese recurso le será entregado, según la página 48, en el inciso A1, bajo el rubro de “Ingresos de libre disposición”.

Lo que resulta indignante es que, en la restructuración de la Fiscalía y su presupuesto, el fiscal solicitó sólo 3 millones de pesos para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, y si esta fiscalía funciona o no con el presupuesto paupérrimo que solicitó, lo tiene sin cuidado, porque el sufrimiento de los animales no importa como algo que sí merece dinero abundante, y es la Dirección Para la Construcción de la Paz, lo que sea que esto signifique. Los ciudadanos pagaremos $4, 239,098 porque así lo quiere el fiscal general del Estado. Los animales quemados vivos, violados, aventados de edificios, etc. No merecen nada para el fiscal Raciel López Salazar.

Pero aquí lo cuestionable, es que todo ese recurso de los $1, 701,996,688 que se está entregando con ese rubro (ingresos de libre disposición) al fiscal López Salazar, es dinero que maneja a discreción, o sea, lo gasta como él quiera.

Mientras el clima de inseguridad y violencia se extiende por todo el estado, la seguridad según el fiscal general del estado, requiere de más aumento presupuestal y así se convierte en negocio. Porque a mayor delincuencia mayor presupuesto. Los resultados no importan porque para exigirlos, tendríamos que contar con un Congreso interesado en la ciudadanía y en su estado, y no un montón de improvisados, ávidos de poder y dinero.

El presupuesto público es para atender las necesidades de forma transparente y con una clara rendición de cuentas. Sin embargo, con las nuevas disposiciones y candados que ha impuesto la 4T, resulta casi imposible saber el destino de nuestros impuestos, lo que no es sano para lo que queda aún de la pobre democracia mexicana.