>Cierra su gestión en medio del rechazo que generan la “Ley Chaleco” en toda la entidad, su proyecto de cafetería VIP en el sur, y su fracaso en la revocación de la concesión de Aguakan en la zona norte >Deja a la XVIII Legislatura la aprobación del paquete de reformas al Sistema Anticorrupción, que incluye sustituir al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y los órganos internos de control de los órganos autónomos
Francisco Hernández
CHETUMAL, 2 de septiembre.- La XVII Legislatura de Quintana Roo, la primera donde Morena y sus aliados PVEM y PT cuentan con la mayoría simple y la mayoría calificada en su conjunto, que les permitieron realizar modificaciones de leyes, reformas constitucionales y nombramientos sin necesidad de consensuar el voto de la oposición, llega al final de su gestión constitucional este lunes 2 de septiembre, pasando a la siguiente Legislatura la tarea de sacar una amplia reforma del Sistema Anticorrupción y en medio del rechazo social por polémicas reformas y acciones emprendidas, así como su marcada separación de la sociedad.
A las 18 horas de este lunes se realiza la última sesión de la Comisión Permanente de esta Legislatura, que entre sus últimas tareas tuvo el nombramiento de un nuevo titular en la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la presentación de un paquete de reformas que incluye la creación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, con la sustitución de sus magistrados y la de los titulares de los órganos internos de control de 6 órganos autónomos, a los que se sumará una autónoma Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción.
La XVII Legislatura le dejó realizado el análisis del paquete de reformas a la XVIII Legislatura, la cual, conforme a esta anticipación, sólo tendrá que aprobar los dictámenes y votarlos en el pleno, incluyendo allí reformas para que los notarios informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Quintana Roo sobre toda operación de compra-venta de inmuebles o constitución de sociedad anónima que supere un monto de un millón 737 mil pesos, el traspaso del Centro de Control y Confianza y el Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Gobierno, y la creación de una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En su final, esta legislatura reporta haber dado entrada a 672 iniciativas, pero sólo emitió 275 decretos, no todos referidos a reformas o nuevas normas, lo cual significa que el 59 % de las propuestas se quedaron en el tintero o congeladas, además de que las más importantes que se aprobaron provinieron Poder Ejecutivo.
Destacaron por sus repercusiones las reformas a la Ley de Movilidad, que no concluyeron en homologarla a la Ley General de Movilidad, como está obligado el estado, pero dejaron regulaciones de las plataformas de servicio de transporte privado, la autorización de mototaxis en las islas, el retiro a los ayuntamientos de la facultad de expedir licencias de conducir y su concentración en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, y la polémica “Ley Chaleco”, que obliga a los motociclistas a portar el número de placa impreso en cascos y chalecos reflejantes.
La Legislatura destaca porque sus propuestas y acciones de mayor rechazo social fueron realizadas después de la elección del 2 de julio, cuya jornada esperaron que pasara para no cargar con el costo electoral de sus decisiones, como la propia “Ley de Chaleco” y el inicio de la construcción de una cafetería como ampliación del edificio sede del Congreso del Estado, que es patrimonio cultural del estado, y que requirió la remoción del mural exterior del edificio y de la estatua de Don Andrés Quintana Roo en su plaza cívica, causando oposición social y amparos que frenaron la obra.
Antes, a finales del 2023, aprobaron la abrogación de la ampliación de la concesión de Aguakan para brindar los servicios de agua potable y drenaje en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, en respuesta a la consulta popular del 2022 que pidió su salida; pero la acción legislativa resultó en fracaso, pues fácilmente fue frenada mediante amparos por la empresa, que hasta el día de la salida de la XVII Legislatura sigue operando.
También abandonó la protección de los derechos humanos, pues omitió ampliamente el cumplimiento de su obligación de emplazar a las autoridades que incumplen las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dejando más de 50 expedientes de víctimas sin atender.
Por lo demás, la XVII Legislatura también se ensombrece por una profunda contradicción, debido a que fue la primera donde las mujeres han tenido más presencia que los hombres, pero fueron desplazadas de la mayoría de las presidencias de la Jugocopo, pues dos las ocuparon hombres y sólo unos meses antes del final de gestión la ocupó una mujer.
En esta Legislatura, que fue de dos años, Morena ha tenido 10 diputaciones, el PVEM pasó de 7 a 9, el PT se redujo de 3 a 1 diputado, el PAN y el PRI tuvieron sólo una diputada cada uno, el MÁS tuvo una curul, Movimiento Ciudadano perdió su representante, para finalizar con dos legisladores sin partido, y su proceder fue criticado por su falta de contacto con los ciudadanos en sus procesos legislativos y su indiferencia hacia los planteamientos o posturas de la sociedad, a pesar de que en el papel incluía los procesos de parlamento abierto, ya que inclusive realizaron dictaminaciones y sesiones de albazo y varias de obvia y urgente resolución para evitar la discusión y el debate de las propuestas.
También destacó el ausentismo de sus legisladores, destacando Luz María Beristáin Navarrete como la diputada más faltista, seguida en segundo lugar por la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Julián Ricalde y Hugo Alday.
Con todo, el principal propósito que siguió el trabajo de los diputados en la XVII Legislatura fue el de promover su imagen para postularse a otros cargos o a la reelección, pues de allí salieron en la pasada elección 3 diputados federales, una presidenta municipal, un síndico municipal y 7 diputados y diputadas locales reelectos.
Al mismo tiempo, su presupuesto siguió creciendo, a pesar de que los de Morena criticaban que desde el gobierno anterior el de Quintana Roo se convirtió en uno de los congresos más caros del país, y se mantuvo la opacidad en el gasto para apoyos sociales y casas de gestión, varias de las cuales permanecían cerradas la mayoría del año, pero generando gastos de rentas al Poder Legislativo.
Así finaliza la primera Legislatura con mayoría abrumadora de la 4T, reeditando los mismos vicios de las mayorías del PRI y los congresos controlados por el PAN, pero con mayor cerrazón, indiferencia y desapego hacia la sociedad.
