>Presentan iniciativas para sustituir al actual órgano por un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, nombrando otros magistrados >También se dará autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, con lo que quitarán al fiscal Raciel López Salazar la facultad de proponer al titular del cargo, pero le extenderán un año más a su gestión original de 12 años >Igualmente serán sustituidos los titulares de órganos de control de organismos autónomos
Francisco Hernández
CHETUMAL, 29 de agosto.- El grupo parlamentario de Morena presentó iniciativas de reforma a la Constitución del Estado, a la legislación secundaria y de expedición de nuevas leyes para crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción y dar autonomía a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, quitando al Fiscal General del Estado la facultad de proponer a su titular.
Como consecuencia de estas reformas, los magistrados administrativos en funciones serán removidos de su cargo y se designará a unos nuevos, mientras que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción la nueva persona titular que será nombrada en septiembre ya encabezará un órgano autónomo.
Otra consecuencia de las reformas será remover a los actuales titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos autónomos, para nombrar nuevos, en una renovación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las iniciativas fueron admitidas a trámite por la Comisión Permanente de la XVII Legislatura en su sesión de este jueves, en las que se turnaron a su análisis en comisiones.
En esta sesión también se expidió la convocatoria para realizar el sexto período extraordinario de sesiones el día de mañana, viernes 30 de agosto, a las 11 horas, en la que se abordará el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado, pero no se incluyó la aprobación de estas reformas.
Al parecer estos asuntos los dejarán los diputados para que sean los primeros que aborde la XVIII Legislatura con la nueva mayoría aplastante de 21 diputados que tendrá la alianza de la 4T: 13 de Morena, 5 del PVEM y 3 del PT, empatando el proceso de reformas con el del nombramiento de la nueva persona titular de la Fiscalía Anticorrupción en septiembre.
El grupo parlamentario de Morena indica que el actual Tribunal de Justicia Administrativa tuvo vicios de origen en su nacimiento, que se proponen corregir con la reforma, y por eso proponen crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, con una nueva Ley Orgánica, y con el nombramiento de sus nuevos cinco magistrados de manera inmediata a la publicación del decreto de reforma, quienes durarán 5 años en el cargo, con posibilidad de una reelección.
La iniciativa propone que la gobernadora Mara Lezama mande las propuestas de ternas de magistrados a los 5 días siguientes de la publicación del decreto de reforma, y aunque se permitiría que puedan ser considerados para participar en el proceso de nombramiento los actuales magistrados administrativos, que son Jesús Antonio Villalobos Carrillo, Antonio Sánchez Urrutia, Alfredo Cuéllar Labarthe, Isabel Cecilia González Glenie y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, todo indica que se apunta a la renovación total de los titulares del órgano.
Lo anterior se debe a que el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa ha sido constantemente cuestionado, además del vicio de origen que se tuvo en la realización de su declaratoria de entrada en funciones, pues sus integrantes han sido negativamente evaluados en su desempeño, sobre todo en la escasa atención de los procedimientos anticorrupción por faltas administrativas graves.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, cuya titularidad se debe renovar en el mes de septiembre, la bancada de Morena propone que antes se constituya en un organismo autónomo, separándola de la Fiscalía General del Estado, pues consideran que por su falta de autonomía se encuentra sujeta a influencias políticas y presiones externas que limitan su capacidad para investigar y perseguir los hechos de corrupción de manera efectiva.
Se propone que la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción dure en su cargo 12 años, sin posibilidad de reelección, al igual que el Fiscal General del Estado, y será nombrada por el Congreso a propuesta de la gobernadora del Estado, ya no a propuesta del Fiscal General, de manera que en lo práctico inmediato se quitará al fiscal Raciel López Salazar la facultad de proponer candidaturas.
No obstante, en la reforma se propone extender un año más la gestión de Raciel López Salazar, puesto que indica que los 12 años de su gestión, que iniciaron en julio del 2023, comenzarán a contarse de nuevo a partir de la entrada en vigor del decreto, por lo que en los hechos será de poco más de 13 años.
Otra reforma es para renovar a la totalidad de los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos, a los que se les aumentará su período de gestión a 7 años con posibilidad de una reelección, homologándolo al del titular de la Auditoría Superior del Estado, por considerar que al extender su duración más allá de una administración se asegurará su eficacia y autonomía.
Además se les aumentarán sus sueldos, puesto que ganarán lo mismo que los titulares de los organismos autónomos donde cumplan sus funciones.
La iniciativa propone que a los 30 días posteriores de la entrada en vigor de la reforma se realice el proceso de nombramiento de los nuevos titulares de los 6 órganos autónomos existentes.
Junto con estas iniciativas, se proponen reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado para ampliar facultades a la Auditoría Superior del Estado en materia anticorrupción.
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