• Destaca la senadora de Morena en Quintana Roo, la reforma que busca elevar a rango constitucional el programa “Jóvenes Transformando el Futuro”
Desde el Senado de la República, construimos el segundo piso de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y trabajaremos hasta el último día para avanzar en la aprobación de las reformas constitucionales como la de elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Transformando el Futuro, fundamental para el desarrollo de este sector en México y Quintana Roo, destacó la senadora Marybel Villegas Canché.
La senadora precisó que con esta reforma que adiciona un párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado estará obligado a otorgar un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por
un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.
“¿Por qué es importante esto? Porque uno de los motivos por los que este programa ha sido exitoso a lo largo de esta administración, es que ha permitido que las y los jóvenes de nuestro país, estén mejor capacitados y tengan mejores oportunidades de trabajo cuando se incorporen al mercado laboral”, resaltó Marybel Villegas.
La iniciativa, es una de las seis reformas constitucionales que ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y en espera de su aprobación para avalarse en el Senado de la República.
Y es que, en el marco del Día de la Juventud que se conmemora el próximo 12 de agosto, se hace importante hacer visible que las y los jóvenes enfrentan muchas problemáticas y una de éstas ha sido la falta de mecanismos para incluirlos en el mercado de trabajo y por ende ausencia de oportunidades para su desarrollo que genera al mismo tiempo una ruptura en el tejido social por desempleo, violencia e inseguridad.
Con la eventual aprobación a esta reforma, el Estado adquiere la obligación que implica cubrir con gasto público este programa, lo que aún es un tema que se analizará a profundidad en el Senado.
