>De 29 casos que atendieron, han resuelto sólo 7 y únicamente en 2 sancionaron a un par de servidores públicos >Hacen mal hasta los despidos de policías, dice
Francisco Hernández
CHETUMAL, 24 de octubre.- Al comparecer ante el Congreso del Estado de Quintana Roo, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Jesús Antonio Villalobos Carrillo, afirmó que la mayoría de los asuntos que le llegan por responsabilidades de los servidores públicos tienen deficiencias en las integraciones realizadas por las contralorías, al ser cuestionado por la falta de sanciones a presuntos responsables de actos de corrupción.
Fue inquietud recurrente de los diputados saber sobre las sanciones por responsabilidades administrativas, dado que en su comparecencia la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo, se quejó de obstáculos para llegar a sancionar, y en su presentación, Villalobos informó que este año sólo han tenido 29 casos de responsabilidades administrativas graves contra 40 servidores públicos y 5 personas morales, y ha emitido sólo 2 sentencias que determinaron sanciones por dichas faltas, de únicamente 7 asuntos resueltos.
En este sentido, dijo que la mayoría de los asuntos que le llegaron para establecer sanción por faltas administrativas graves de servidores públicos se los envió la Secretaría de la Contraloría, que fueron 11; mientras que 9 los envió el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado (FGE); 8 de la contraloría municipal de Benito Juárez; uno de la contraloría de Puerto Morelos; y uno de la contraloría de José María Morelos.
La mayoría de los asuntos, 18, fueron por abuso de funciones; 5, por peculado; 4, por desvío de recursos; uno por nepotismo, y uno por uso indebido de recursos públicos.
De estos, sólo han resuelto 7 casos, con únicamente dos resoluciones de sanción, consistentes en inhabilitaciones temporales a 2 funcionarios públicos; mientras que en otros 2 casos resolvieron que no se acreditó la falta; en otros 2, resolvieron el sobreseimiento; y un expediente fue devuelto a la contraloría que lo envió.
Además, resolvió 5 apelaciones contra resoluciones de sanción por faltas graves, así como resolvió 5 de 9 recursos de reclamación contra sanciones por faltas administrativas
No obstante, afirmó que la resolución sobre sanciones de responsabilidades administrativas es sólo 4 % del total de asuntos que atiende en sus tres ramas que conoce, y que la mayoría de los asuntos que les tocan son juicios contenciones administrativos de particulares contra las autoridades por diversas determinaciones.
Y aunque dijo que la mayoría de los asuntos que han llegado este año en general tienen deficiencias en las integraciones de expedientes realizadas por las contralorías, también mencionó que a veces existen lagunas legales que generan impunidad.
Incluso, señaló que hay deficiencias de procedimientos en los municipios para el despido de policías, lo cual causa afectación a las arcas municipales, porque los procedimientos para dar de baja muchas veces vienen viciados, desde la propia notificación de la sujeción al procedimiento, por lo que consideró que las personas que hacen el trabajo no están capacitadas y eso causa impunidad.
El presidente del TJA también escuchó quejas contra el magistrado Antonio Sánchez Urrutia, titular de la Primera Sala Unitaria, al que señalan de no ser transparente ni imparcial en su actuación, y de ser omiso en la resolución de un gran número de asuntos sobre corrupción de administraciones pasadas que están en su jurisdicción.
En este sentido, Villalobos Carrillo reconoció que la Primera Sala Unitaria fue la que tuvo la mayoría de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) este año, las cuales deberán ser revisadas por el órgano interno de control del tribunal, y que si alguien considera si el magistrado señalado cometió alguna falta, acuda a poner una denuncia ante dicho órgano de control.
Por otra parte, se quejó disimuladamente que el recorte de 6 millones de pesos que le aplicó el Congreso del Estado a su presupuesto de este año le dificultó pagar rentas de edificios y vehículos para diligencias, así como para capacitar al personal, así como para contratar más recursos humanos, pues sólo de actuarios necesita el doble de los actuales.
No obstante, dijo que han podido atender algunos asuntos con una ampliación presupuestal que les concedió la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con autorización de la gobernadora Mara Lezama, y que para el final del año esperan obtener otra más.
