Un tribunal colegiado concedió un amparo directo a la ex directora de CAPA, Paula González Cetina, en contra de la negativa de los magistrados del pleno del cuestionado tribunal de justicia administrativa (TJA) de Quintana Roo,
respecto a investigar la presunta ilegal actuación de la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzapalo.
La ex directora de la comisión de agua en el ultimo tramo de la administración de Roberto Borge, fue acusada y perseguida sin fundamentos sólidos y legales por la fiscalía anticorrupción por el supuesto desvió de mas de mil millones de pesos en contra del patrimonio de ese organismo estatal
Fue enviada a prisión de enero a abril de 2018, estuvo en prisión domiciliaria siete más y recibió una sentencia de 3 años y 8 meses de prisión, confirmada en una segunda instancia local, en un proceso irregular que involucró a el magistrado del poder judicial local, Felipe de Jesús Solís Magaña, así como de los jueces, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García.
Finalmente. y tras apelar las resoluciones de estas autoridades locales, el poder judicial de la federación la absolvió de toda responsabilidad.
Libre de todo cargo, en 2021 interpuso una demanda ante el tribunal de justicia administrativa de Quintana Roo para reclamar una indemnización por aproximadamente 70 millones de pesos, por daños causado con la persecución y encarcelamiento ilegales.
Esa demanda fue rechazada por los magistrados del pleno del TJA desde diciembre de 2021 argumentando “incompetencia para revisar actos de autoridades jurisdiccionales”, sin embargo, en una ilegal estrategia para retrasar la justicia, se le notificó a la demandante hasta junio de 2022, seis meses después.
Ante el rechazo de su demanda y el retraso en la notificación, Paula González, desde junio de 2022 acudió al poder judicial de la federación para reclamar la presunta protección a las autoridades de la fiscalía anticorrupción y del poder judicial local.
Recientemente se le concedió un amparo directo en donde se le ordena a los magistrados del TJA revisar las irregularidades de la titular de la fiscalía anticorrupción, Rosara Villanueva Arzapalo, que podría derivar en una obligación de pagar hasta setenta millones de pesos que Paula Gonzalez Reclama por los perjuicios causados.
