El vacío legal que existe en torno a las redes sociales ha generado que influencers, creadores de contenido e incluso figuras públicas se hagan de jugosos contratos para abiertamente apoyar a un partido político o candidato, lo que implica una violación a la ley.
El último caso que reavivó el debate de regular a este sector digital fue el de Luisito Comunica, uno de los mayores exponentes de la creación de contenido en América Latina, ya que en su recorrido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), presumió las ‘bondades’ de este megaproyecto del Gobierno federal.
Esto hizo que las redes sociales estallaran en su contra, varios usuarios aseguraron que el influencer recibió dinero por parte de la administración actual para promocionar dicha obra en un acto claro de proselitismo, hecho que el influencer negó.
Por ello, en la antesala de la elección presidencial en 2024, se empuja una iniciativa en el Congreso de la Unión que contempla un marco jurídico sobre el trabajo que realiza este sector de la comunicación con la intención de evitar “proselitismo disfrazado” durante las campañas electorales.
La llamada “Ley Influencer” tiene el objetivo de regular a los creadores de contenido digitales que han tenido un boom en redes sociales en los últimos años y que ganan cada vez más terreno en la obtención de contratos para la promoción de partidos políticos o incluso de sitios turísticos.
El plan que se diseña en el Senado de la República tiene entre sus metas que el contenido de los creadores esté apegado a la ley y no se encubran las promociones que realizan para una fuerza política o una obra en particular.
Los objetivos
La propuesta plantea transparentar todos los contratos que firmen políticos, partidos, gobiernos y hasta empresas con influencers, creadores de contenido y figuras públicas.
Este candado, de acuerdo con la iniciativa, ayudará a evitar que se repitan casos como los promocionales que pagó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de varias personalidades en plena veda electoral en 2021.
También se proponen cambios en la ley para definir explícitamente el concepto de publicidad con creadores de contenido y obliga a los influencers a transparentar todos los ingresos que obtengan a través de estos contratos o colaboraciones con instituciones que reciban recursos públicos.
La idea también surge para que los consumidores o seguidores de estas personalidades en redes sociales no caigan en publicidad engañosa y tengan la certeza de cuándo un contenido es patrocinado por una marca o partido y cuándo no.
Indira Kempis, senadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, define esta propuesta como esencial y necesaria para esta industria que es relativamente nueva y que ha tenido un crecimiento impresionante en redes sociales durante los últimos años.
En entrevista con Reporte Índigo, la legisladora naranja, sostiene que la propuesta sugiere cambios en la ley para no caer en información engañosa en los procesos que están próximos a realizarse.
“Es necesario generar certeza legal para los influencers y las empresas. Falta una mirada regulatoria y equilibrio para la protección de los consumidores de este tipo de contenidos”, asegura Kempis.
Trabajo conjunto
La senadora confirma que se trabaja de la mano con influencers y creadores de contenido para robustecer la propuesta que ya se encuentra en la cancha de la Cámara alta.
“Será posible que en el próximo periodo ordinario se suba a discusión este tema de la Ley Influencer ya con una propuesta muy robusta. Hablamos y hay consenso con las demás bancadas e influencers”, sostiene.
Kempis insiste que en ningún momento se busca restringir la libertad de expresión; mucho menos controlar la narrativa de las personas que se dedican a crear y producir contenidos de cualquier índole, se trata, afirma, de poner piso parejo y exigir rendición de cuentas.
“La idea es evitar experiencias negativas de los consumidores y que se transparente la publicidad, así como encontrar un equilibrio, incluso proteger a la misma comunidad de influencers que, muchas veces, ignoran las condiciones que firman o hasta dónde pueden usar su imagen”.
Actualmente, las autoridades electorales exigen a los partidos políticos y a los funcionarios informes de egresos y gastos durante tiempos de comicios con el fin de auditar los recursos que se gastan en su promoción.
No obstante, en la práctica, diferentes fuerzas políticas e incluso gobiernos locales y estatales, se resisten a transparentar los gastos que realizan aún cuando han optado por echar mano de estas personalidadesque tienen miles de seguidores para detonar sus mensajes, incluso en los periodos que está prohibido promocionarse o destacar acciones de su gobierno.
Legislación impostergable
Bajo el argumento de la libertad de expresión, creadores, influencers, conductores de televisión y actores con un gran número de seguidores en sus redes sociales aceptan participar en diferentes campañas para hablar bien de una fuerza política, candidato o sitios de interés común.
Para “Wikichava”, especialista en tecnología, esta iniciativa es más que necesaria en el mundo digital, sector que se robustece cada día y en el que nacen constantemente diversos creadores de contenido.
Es justamente el alcance de miles de “views” que tienen estas personalidades en plataformas como Facebook, Instagram, Tik Tok y otras, por lo que se han puesto en la mira de empresas, partidos políticos y negocios que quieren promocionarse.
Retomar el tema
Anteriormente, en la Cámara de Diputados, ya se había presentado una iniciativa para regular el trabajo de los influencers con campañas de marketing; sin embargo, la propuesta se quedó en la congeladora.
En ese entonces se propuso que este sector deba ser llamado como “prestadores de servicios de comunicación audiovisual” y sean sujetos a establecer un contrato de por medio con quien desearan trabajar.
De esta manera se obligaría a videobloggers a cumplir con obligaciones y responsabilidades fiscales por los pagos que obtengan por este tipo de trabajo que, muchas veces, se paga en efectivo o transferencias sin un contrato de por medio y sin rendición de cuentas.
Otro caso destacado es el de Mariana Rodríguez, influencer y primera dama de Nuevo León, cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, plataforma en donde apoya expresamente a Samuel García, gobernador de la entidad.
Mariana no solo ha fungido como primera dama de Nuevo León, también ha tomado un papel protagónico durante la actual administración, en donde presume su trabajo realizado con niños que se encuentran en albergues y dando a conocer el día a día de su pareja como servidor público.
Los ‘malos entendidos’
La idea de meter en cintura y transparentar los ingresos que perciben los influencers no hace mella entre los creadores de contenido, al contrario, ven con buenos ojos una ley de esta naturaleza debido a las experiencias que han registrado con marcas y empresas en estos años.
Kristian Gabriel, creador de contenido desde hace cinco años en México, coincide en que es necesario sentar las bases legales para que funcione mejor este mercado digital en beneficio de todos y no se preste para “malos entendidos”
Esto evitaría, detalla, que se utilice la imagen de los influencers sin su consentimiento o que accedan a participar en dinámicas poco claras con empresas, cuyo desenlace final es de un mal sabor de boca debido a que se incumplen las condiciones que se negocian desde un inicio.
Gabriel, que llegó a México hace unos años y se dedica a promover contenido relacionado al consumo de moda, acepta que es importante que se fijen reglas claras para todos los jugadores de la industria como por ejemplo, un contrato obligatorio.
“Tengo amigos y conocidos que han tenido malas experiencias como falta de pagos o que se usa su imagen sin su autorización, por eso debe existir un balance entre los generadores y quien contrata o paga por estos servicios”, declara.
La rutina de Gabriel, quien cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram, consiste en promocionar campañas, marcas o empresas que previamente lo buscan.
Para aceptar participar en una campaña, Kristian primero negocia y busca siempre conocer los términos y condiciones en su totalidad, es decir, si hay una aportación económica, una retribución en especie, producto o algún servicio por el trabajo realizado.
Por su parte, Bonnie Sánchez, influencer de estilo de moda, también está de acuerdo con hacer este negocio más transparente, pues si bien no ha sido víctima de malos tratos por parte de quien la contrata, reconoce que sí conoce a influencers que han tenido experiencias como falta de pagos.
“Solo durante la pandemia tuve una situación de falta de un pago en una aplicación, pero nada grave. Por eso no lo veo mal, porque muchas veces no hay contrato o un papel de por medio que garantice el pago o servicio, es en beneficio de ambas comunidades”.
De ahí la importancia de generar un marco jurídico en la participación de personas denominadas influencers en los procesos electorales que se realicen en México, algo que ayudará a evitar la inequidad en la contienda y las promociones disfrazadas.
