CHETUMAL, 24 de abril.- El subsecretario de Fiscalización y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Wilbert Aarón Romero Suárez, con supuesto sueldo mensual de 10 mil pesos, recorre el mundo cual magnate. Lo anterior es una muestra clara del beneficio millonario que ha traído a su vida su participación en el turbulento negocio de entrega de placas con documentos apócrifos.
Desde la Secretaría de la Contraloría realizó una auténtica cacería de exfuncionarios de la administración de Roberto Borge, pero contradictoriamente es precisamente utilizando firmas falsas del exgobernador que se han enriquecido funcionarios de esta dependencia.
El subsecretario de Fiscalización y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Wilbert Aarón Romero Suárez, se ha dedicado a viajar por Asia, Europa y Norteamérica cual magnate, con un sueldo mensual neto que, de acuerdo al propio portal de Transparencia de la Secoes, es de 10 mil 819 pesos.
El sueldo del funcionario no coincide con la vida de lujos y viajes que presume, pues tan sólo viajar a un par de destinos en Europa representaría que utilice sus ingresos anuales íntegros. Lo anterior muestra cómo los funcionarios que llegaron prometiendo cambio sólo utilizaron sus cargos para lucrar, fomentando la corrupción y creando un blindaje de impunidad, teniendo una contraloría que sólo se concentra en exfuncionarios, y una Auditoría Superior del Estado, que tal como maquilló las irregularidades de las administraciones estatales pasadas, lo hace ahora para el gobierno en turno.
Como se ha expuesto, el subsecretario de Fiscalización y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Wilbert Aarón Romero Suárez, es una de las piezas encargadas de avalar el “turbulento negocio” de cientos de concesiones entregadas con documentos apócrifos.
Desde su incorporación a la Secoes se anticipó que este funcionario era señalado por graves antecedentes de corrupción en el Ayuntamiento de Benito Juárez durante la administración del ahora candidato a senador, Julián Ricalde Magaña, y a la que también perteneció su jefe actual, Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la Contraloría estatal.
El trío conformado por Ricalde–Del Pozo–Romero se encargó de muchas corruptelas y de encubrir mal manejo de recursos públicos cuando se mantenía en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en el periodo 2011-2013, y al incrustarse en el “gobierno del cambio” mantuvieron sus negocios millonarios.
Fuentes confiables revelaron que Wilbert Aarón Romero Suárez se ha beneficiado con millones de pesos por la venta y entrega de placas, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).
Se tiene conocimiento de que ha pagado deudas con placas, y ahora se conoce que realiza viajes como “magnate” con un sueldo bajo, y el titular de la Secoes, Rafael del Pozo, le permite ausentarse de sus funciones, siendo cómplice de la irregularidad.
Como se expuso en días pasados, personal de la Secoes, que encabeza Rafael del Pozo Dergal, está involucrado en el fraude millonario de concesiones de transporte a través de firmas falsas en complicidad con funcionarios de la Sintra.
De tal manera, las investigaciones que al interior de la Sintra realiza la Secretaría de la Contraloría —que mantienen paralizados los trámites de obra pública y transporte— apuntan a ser una pantalla para simular una actuación contra las sendas irregularidades que cometen los funcionarios comprometidos con el “cambio”, que lo único que han cambiado es su poder adquisitivo, pues se han enriquecido a costa de una corrupción rampante.
Las irregularidades que se investigan involucran a dirigentes taxistas, al titular de Comunicaciones y Transportes de la dependencia, Alejandro Ramos, así como al extitular de la Sintra, Jorge Portilla Manica.
No obstante, la realidad es que también existe personal de la Secretaría de la Contraloría involucrado.
La comercialización se efectuó después de concluir la gestión de Roberto Borge Angulo; los documentos llevan su firma y a simple vista se observa que las rúbricas son apócrifas, de ahí que se tenga un posible caso de corrupción y fraude de un gobierno que prometió el “cambio”.
En meses anteriores quedó en evidencia la presunta venta fraudulenta de títulos de concesión de taxi para “combis” colectivas con la firma apócrifa del exgobernador Roberto Borge Angulo —evidente a simple vista—, involucrando a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y directivos del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río.
Tan sólo en este caso se estiman transacciones por 100 millones de pesos, exhibiendo un enorme caso de corrupción y fraude.
Fuente: Por Esto!
