“La nota rosa”
Por Flor Tapia
El Tercer Tribunal Colegiado Federal con sede en Cancún, concedió el amparo a Uber y este 2023, la ciudadanía podrá contar con este servicio de transporte privado. La noticia no ha dejado de ser festejada en redes sociales por los quintanarroenses, que hartos de los malos tratos, altas tarifas, el pésimo estado de la unidades, e incluso el riesgo de abordar un taxi perteneciente al amafiado Sindicato de TaxistasAndrés Quintana Roo (El Sindicato de transporte más grande de Latinoamérica) han dado la bienvenida a través de memes e infinidad de comentarios favorables a la aplicación. Si bien Uber se encontraba “disponible” en el estado desde 2016, es hasta este principio de año, que esto se hace oficial.
Habría que recordar a los conductores de Uber, que fueron víctimas de tremendas agresiones a manos de taxistas, y con plena impunidad, lo hicieron una y otra vez, sin consecuencias; esto costó incluso la vida dehombres, cuyo único error, fue querer trabajar honestamente, en un estado en donde el Sindicato de Taxistas es un cheque al portador para cada elección política, y eso les confirió un enorme poder sexenio tras sexenio. Y no es que ahora vaya a ser distinto, la negociación en la mesa de los “adultos”, nada tiene que ver con el diálogo de la mesas para entretener a los taxistas, en lo que sus dirigentes obtienen su premio de consolación.
Rodrigo Alcázar, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que operó con toda libertad con el Sindicato de Taxistas para favorecer al Partido Verde en las elecciones pasadas, ahora, trata de no verse tan mal con sus amigos, señalando que para que Uber comience a operar, tendrá que apegarse a la Ley de Movilidad de nuestro estado y que esta tendrá que sufrir modificaciones para regular sus operaciones. Lo que es falso, porque el Tribunal “confirma un hecho innegable y fundamental: Los servicios de movilidad intermediados a través de la aplicación de Uber, no son transporte público, y por ello no deben ser regulados como tal en el estado de Quintana Roo”. Los magistrados, también consideraron inconstitucional la Ley de Movilidad de Quintana Roo, al pretender tratar igual al transporte público que al privado, y que no es legal exigir a Uber una concesión para operar.
Uber dará de alta su padrón y pagará impuestos como toda empresa privada, y ante lo inminente, los líderes de los sindicatos de los cientos de choferes en el estado tendrán que ajustar los acuerdos y promesas rotas con quienes las rompieron, y no seguir fastidiando y afectando más a la ciudadanía y al turismo con sus bloqueos, porque esta vez, los ciudadanos podrán decir al gremio taxista…No voy para allá joven, espero un Uber.
