Las facultades para rescindir el contrato de concesión a la empresa Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos corresponden a sus tres ayuntamientos, pero hasta la fecha ninguna de sus presidentas municipales ha tenido acercamiento formal con el Poder Legislativo para tratar el tema, indicó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cinthya Millán Estrella.
La legisladora advirtió que los tres gobiernos municipales fueron notificados también por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), sobre que el resultado de la consulta popular resultó vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio, en sus demarcaciones.
Pero en las presidentas municipales de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde; de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña; y Blanca Merari Tziu, de Puerto Morelos, no han iniciado procesos formales para retirar la concesión a la empresa Aguakan, como exigió la consulta.
No obstante, la diputada explicó que la Ley de Participación Ciudadana no establece un plazo para que los involucrados den cumplimiento al proceso ordenado en la consulta.
Agregó que en el caso del Congreso del Estado, la competencia que tiene es aprobar cualquier tipo de concesión que exceda la temporalidad del periodo de la administración que la concede, pero no de otorgar o rescindir las concesiones.
Cinthya Millán. dijo que, a pesar de la falta de competencia del Congreso para retirar la concesión a la empresa Aguakan, en la Comisión Anticorrupción decidieron dar seguimiento al proceso y plantearon la creación de una comisión especial para iniciar una investigación sobre el contrato de concesión, situación que se quedó en análisis en diciembre pasado.
Cabe mencionar que la concesión vigente para la prestación del servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, que finaliza hasta el 2053, pasó por la autorización del Congreso del Estado el 11 de diciembre del 2014.
No obstante, de la revisión del proceso legislativo resulta que, si bien los alcaldes firman el convenio de concesión, también firma como otorgante el titular del Ejecutivo estatal y la autorización de la concesión de Aguakan fue un trámite concurrente entre los ayuntamientos, el gobernador del estado y el Congreso local, no solamente los ayuntamientos.
En los documentos del proceso legislativo seguido en 2014 se indica que la solicitud de la autorización al Congreso para otorgar la ampliación de la concesión la hicieron el gobernador del estado y los alcaldes de Benito Juárez e Isla Mujeres (sin que en ese momento existiera Puerto Morelos), y también participó el alcalde de Solidaridad, porque la autorización incluyó la prestación del servicio en ese municipio.
Asimismo, en la documentación de esta autorización se indicó que el artículo 121 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado faculta a los ayuntamientos para otorgar, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado.
Pero también se señala que se trataba de una concesión que también concedía el gobernador, por lo que se requería la autorización del Congreso del Estado, en uso de su facultad prevista en la fracción XXVII del artículo 75 de la Constitución.
En este sentido, también se indicó que en el Consejo Directivo de la CAPA concurren el gobernador del estado, que es su presidente, y los municipios del estado, que son vocales, todos los cuales en el seno de ese organismo votaron a favor de la ampliación de dicha concesión y autorizaron las Bases para la CAPA para prorrogar la concesión de Aguakan en Benito Juárez e Isla Mujeres y extenderla a Solidaridad.
Se agrega que posteriormente los cabildos de los municipios involucrados en ese momento ratificaron las Bases para la CAPA para prorrogar la concesión de Aguakan en Benito Juárez e Isla Mujeres y extenderla a Solidaridad, además de que autorizaron a sus alcaldes para suscribir el convenio modificatorio de la concesión.
Finalmente, para que la CAPA y los alcaldes pudieran firmar la concesión, se requirió la autorización del Congreso del Estado, porque el tiempo de la misma sobrepasaba la duración no sólo de las administraciones municipales, sino del propio Ejecutivo estatal.
Por lo mismo, el 18 de diciembre del 2014, cuando se firmó el convenio modificatorio de la concesión, en el documento queda claro desde el inicio que lo otorgaron “el gobierno del estado en su área de competencia” y los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Asimismo, los signantes del convenio de concesión fueron el gobernador del estado Roberto Borge Angulo; y los entonces presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres; alcalde de Isla Mujeres, Agapito Magaña Sánchez; y presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante; mientras que por el lado de Aguakan firmaron los representantes legales José Eduardo Ballesteros Zavala y Diego Ramos González de Castilla.
Por otra parte, debe tenerse en perspectiva que la CAPA es un organismo público descentralizado, que en la ley se define como de naturaleza mixta estatal y municipal, pero que en los hechos opera como exclusivamente estatal, puesto que todos los nombramientos en su seno los realiza el Ejecutivo estatal, incluyendo en los Organismos Operadores, donde se supone que deben tener participación los municipios.
