Aunque se asegura que ya están siendo regresados gradualmente a su función policial, más de doscientos policías preventivos estatales están comisionados en la seguridad personal del gobernador del estado y funcionarios de hasta tercer nivel, así como familiares y amigos de estos.
El Secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández * , confirmó que tan sólo de la corporación que encabeza son 213 elementos, con armamento, radio comunicación y vehículos oficiales, los que dejaron la vigilancia y patrullaje en las calles de Quintana Roo para formar parte de los grupos de escoltas con los que se privilegia, no solo a funcionarios dedicados a tareas de seguridad, procuración e impartieron de justicia.
El mismo funcionario, reconoció también la creación de una subsecretaria que regule y vigile el cumplimiento de estas tareas, con lo que parece duplicarse el costo de las funciones deben realizarce desde los comités dependientes de la secretaria de gobierno, encargados de la autorización de escoltas para funcionarios o ex funcionarios.
En breve entrevista el secretario de Seguridad, aseguró que de manera personal el cuenta con tres elementos para su seguridad, de los cuales, según dijo, no se llevará ninguno, cuando al final de la administración vaya a cumplir otro encargo público, aunque por salir corriendo no dijo si sus nuevas tareas serán en esta entidad.
Sobre el tema hablo también el secretario de gobierno, Arturo Contreras Carrillo, quien a pesar de ser el presidente de los comités de autorización de escoltas, dijo desconocer la situación actual en el número de elementos y su equipamiento asignados, pero que será en los siguientes días cuando junto con el gobierno entrante se analice el tema.
Las declaraciones de Lucio Gutierrez, apuntan a confirmar la información revelada desde los mencionados comités, desde donde se dio a conocer extraoficialmente que, la cifra de elementos utilizados rebasa los 250 elementos y el costo es superior a los 350 millones de pesos anuales si se suma a los salarios y compensaciones de esos policías, preventivos y ministeriales; vehículos blindados, armamento, equipo de telecomunicación y hasta vestimentas específicas de seguridad para cada uno de ellos.
A este dispendio de recursos humanos y económicos, se debe sumar a los elementos de la policía municipal que, fuera de la norma legal, están siendo utilizados para la ayudantía de los 11 presidentes y presidentas municipales, así como para la custodia y seguridad de funcionarios de tercer nivel en los ayuntamientos.
En 2016 el propio gobierno del cambio y sus aliados en la XV legislatura con mayoría del PAN y el PRD, como parte de la cruzada contra el paquete de impunidad, reformaron los artículos 47 al 54 de la ley de seguridad.
También se reformaron los artículos 155, 206, 209, 212, 252, 256 y 259 del CódigoPenal, respecto de las conductas de tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder.
Con esas reformas legislativas, con bombo y platillo, se anunció el retiro de escoltas a los ex gobernadores, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes en conjunto contaban con mas de 80 elementos, los cuales debían cumplir con tareas de prevención e investigación de los delitos.
En esas fechas el gobernador Carlos Joaquín, aseguró que fueron 240 elementos los que se retiraron de tareas de seguridad a ex funcionarios y se regresaron a las labores de vigilancia y persecución delictiva para los que fueron contratados.
