Las reformas a la ley de seguridad pública de septiembre de 2016 para regular la asignación y uso de elementos policiales en la escolta y seguridad personal de los servidores públicos es letra muerta y se utiliza a modo en el llamado gobierno del cambio, promotor de esos cambios legislativos.
El gobierno del estado, a través de la secretaria de seguridad pública, la fiscalía general y la secretaria de gobierno, decretaron desde febrero 2018 y hasta mayo de 2022 la reserva de los expedientes y con ello blindado la información sobre el número de elementos autorizados por los comités de autorización de escoltas, presidida por el titular de esta última dependencia, Arturo Contreras Castillo.
Desde esos mismos comités, se continúan “actualizando” la información y solo se dio a conocer extraoficialmente que, la cifra de elementos utilizados rebasa los 250 elementos y el costo es superior a los 350 millones de pesos anuales si se suma a los salarios y compensaciones de esos policías, preventivos y ministeriales; vehículos blindados, armamento, equipo de telecomunicación y hasta vestimentas específicas de seguridad para cada uno de ellos.
A este dispendio de recursos humanos y económicos, se debe sumar a los elementos de la policía municipal que, fuera de la norma legal, están siendo utilizados para la ayudantía de los 11 presidentes y presidentas municipales, así como para la custodia y seguridad de funcionarios de segundo nivel en los ayuntamientos.
A nivel estatal, el exceso salpica hasta a funcionarios fuera de la esfera de seguridad o investigación, como Catalina Portillo Navarro, secretaria del trabajo y Rafael del Pozo Dergal, a quienes, bajo el argumento de armar expedientes contra la corrupción en el gobierno anterior, no solo se asignó hasta cinco ayudantes a cada uno, sino que también gozan de vehículos blindados oficiales.
De los funcionarios estatales, quienes cuentan con personal de escolta visiblemente numeroso, pero sin cuantificar públicamente por las autoridades competentes, están el secretario de seguridad pública, Lucio Hernández Gutiérrez; el fiscal Oscar Montes de Oca, el presidente del tribunal superior de justicia y el propio gobernador, Carlos Joaquín.
La Información puntual sobre este tema, fue resguardada al público, con el argumento de ser estratégica y su conocimiento puede poner en riesgo la seguridad e integridad de los servidores públicos que gozan de esta prestación con cargo al erario, aseguró la fuente.
**
La información cobra relevancia, al tomar en cuenta que es el propio gobierno del cambio y sus aliados en la XV legislatura con mayoría del PAN y el PRD, quienes, a unos días de tomar el cargo, como parte de la cruzada contra el paquete de impunidad, reformaron los artículos 47 al 54 de la ley de seguridad.
También se reformaron los artículos 155, 206, 209, 212, 252, 256 y 259 del Código Penal, respecto de las conductas de tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación, detalló el comunicado.
Con esas reformas legislativas, con bombo y platillo, se anunció el retiro de escoltas a los ex gobernadores, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes en conjunto contaban con mas de 80 elementos, los cuales debían cumplir con tareas de prevención e investigación de los delitos.
En esas fechas el gobernador Carlos Joaquín, aseguró que fueron 240 elementos los que se retiraron de tareas de seguridad a ex funcionarios y se regresaron a las labores de vigilancia y persecución delictiva para los que fueron contratados.
A poco mas de 30 días para cerrar la administración, la expectativa es conocer puntualmente cuantos elementos y el costo que tendrá mantener elementos para la seguridad de los funcionarios que dejaran sus cargos y argumentaran necesidad de custodia por el desempeño realizado en organismo de seguridad.
De acuerdo con la legislación, cuando dejen el cargo, funcionarios como Alberto Capella, secretario de seguridad publica de septiembre de 2018 a noviembre de 2020 y dos años en el cargo, así como su relevo Lucio Hernández Gutiérrez, en el cargo de noviembre de 2020, aunque fue designado oficialmente en junio de 2021 a la fecha, gozaran de ese beneficio.
Otros beneficiados son Oscar Monte de oca, fiscal general desde diciembre de 2018, así como el propio gobernador Carlos Joaquín, quien cumplirá seis años en el cargo.
La ley prevé que cada uno de ellos podrá contar para su seguridad y de sus familias con la mitad de los elementos, equipo, armas y vehículos oficiales que utilizaban en el desempeño de sus funciones.
Es decir, la mitad del costo estimado actualmente en el equipo de escolta, seguirá siendo pagado por el pueblo de Quintana Roo, aunque no se conocerá exactamente el número de policías y los montos económicos, que por estrategia serán liberados hasta el 2023 en cuanto ser considerados información pública.
