#Columna: CORRE LA VOZ
Por: Jorge Castro Noriega
El miedo no anda en burro y menos columpiándose en la balanza de la ley. Para esta hora (8:00 horas del jueves 4 de agosto), el Cabildo del municipio de Bacalar estará sesionando de manera urgente y extraordinaria para echar marcha atrás, todo parece indicar, el brutal atropello a las normas electorales y a los derechos políticos que cometieron en contra de la síndico municipal Vanessa Piña.
Por una absurda razón, Vanessa Piña fue objeto de una represión caciquil por parte del presidente municipal José Alfredo “Chepe” Contreras, vivo ejemplo de los políticos de antaño que se manejaban con horca y cuchillo en sus dominios feudales, una especie casi extinta en el México moderno de hoy pero que con contados especímenes jurásicos como el alcalde bacalarense, se resiste a morir.
Por el simple hecho de defender a una trabajadora de intendencia del Ayuntamiento del acoso sexual que le ejercía un poderoso asesor de “Chepe” Contreras, amigo y protegido por éste en sus fechorías, la síndico fue objeto, primero, de un trato humillante como el retiro y baja de todo su personal de apoyo y ayudantía, con el fin de complicarle el desempeño de sus funciones y obligarla a renunciar.
Y después, al no lograr el objetivo –porque Vanessa resistió–, el cacique y sus leales capataces incrustados como regidores en el Cabildo, para vergüenza del honorable órgano colegiado, le dieron “madruguete” para destituirla por mayoría en una sesión a la que convocaron urgentemente y en secreto, para que no pudiera asistir ni tener la opción de defenderse.
Ahí empezó el peregrinar de Vanessa en busca de justicia ante esta burda cuanto ilegal medida, pues por mucho que “mayoritearon” su salida los regidores-tapete del presidente municipal, de acuerdo a la ley no podían correrla como si fuera una empleada cualquiera, pues pasaron por alto que ella fue electa para el cargo junto con el rupestre “Chepe” Contreras y su pandilla de concejales aliados en sus asuntos turbios.
Piña Gutiérrez presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la Fiscalía General del Estado, la primera de las cuales ni siquiera atendieron y a la segunda simplemente le dieron el clásico “carpetazo”, argumentando que el lujurioso asesor del presidente de Bacalar era inocente de los cargos imputados. De ese tamaño la impunidad en el pequeño reinado del tirano bacalarense, uno de los últimos reductos del casi exterminado PRI.
El Tribunal Electoral de Quintana Roo tomó también cartas en el asunto y ofreció medidas cautelares y de seguridad a la síndico, pero vinieron después las amenazas en contra de su integridad física, para se callara y desistiera. Para dejar las cosas como estaban.
El atropello hubiera quedado impune como tantos otros que aún se siguen perpetrando en nuestro sistema político mexicano, de no ser porque la síndico municipal se fajó los pantalones que no tienen los serviles regidores del Cabildo que intentaron aplicarle el “golpe de estado”, la cual realizó esta semana una gira por medios de comunicación del norte de Quintana Roo, donde no sólo encontró eco a las denuncias que las instancias oficiales ignoraron sino que también halló cobijo y representación de colectivos feministas, que la asesoraron para denunciar al feudal alcalde por violencia política de género.
Vanessa Piña pidió además públicamente el respaldo de la gobernadora electa Mara Lezama, para que atendiera como mujer su caso y en función del nuevo manejo de la política –menos misógino y más justo– que ha prometido imprimir una vez que asuma la gubernatura, no permitiera la consumación de este atentado en su contra.
Parece que la estrategia de Piña Gutiérrez en su defensa surtió efecto y finalmente el cacique priísta y sus abyectos regidores decidieron que era mejor agachar las orejas y guardar la cola entre las patas, por lo que el secretario general del Ayuntamiento de Bacalar, Ramón Javier Padilla, ha convocado al Cabildo en pleno, a las ocho de la mañana de este jueves 4 de agosto, a una sesión extraordinaria para tratar, según se lee en el documento, “asuntos de suma importancia”.
Se da por anticipado que los embates en contra de la síndico municipal cesarán, será restituida en el cargo, puestos a salvo sus derechos políticos y devuelto su personal para que siga ejerciendo sus funciones. Todo como estaba al principio, antes de que el sistema caciquil que gobierna Bacalar intentara perpetuar con influyentismo e ilegalidades una forma de gobernar y hacer política que ya no tiene cabida en México y mucho menos en Quintana Roo.
