A TIRO DE PIEDRA
Por Julian Santiesteban
Las instituciones pasan por tres períodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso
René de Chateaubriand
La abierta confrontación que ocurriera la semana anterior entre el presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal y el presidente de la Asociación de Hoteles de aquel municipio, David Ortiz Mena, permite poner en relevancia la pertinencia del nuevo pacto económico y social que ha planteado la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, el cual deberá buscar, ciertamente, condiciones de desarrollo más equitativas para las diferentes regiones de la entidad, pero su instrumentación deberá pasar ineludiblemente por un mejor cumplimiento en las obligaciones que a cada sector económico correspondan, atenuando considerablemente los nichos de corrupción, y los privilegios que algunos empresarios mantuvieron, ya sea por su “cercanía” con el poder, o de plano a través de chantajes a la autoridad, como lo dejó entrever el munícipe del noveno municipio.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático de que, durante su administración, los empresarios –sin importar su importancia- deben cumplir con el pago de los respectivos impuestos; si se ve eso como parámetro de actuación, toma entonces sentido no sólo la actuación de Dzul Caamal, sino el rumbo de ese nuevo pacto planteado por la gobernadora, que rendirá protesta, por cierto, el próximo 25 de septiembre. Lezama Espinosa planteó al sector empresarial, desde la campaña, que “el orden y reglamentación serán fundamentales contra la corrupción”; además de afirmar que el Consejo de Promoción Turística será mejorado para lo que requiera la entidad por los próximos 50 años. Recuérdese que, los recursos con los que opera dicha instancia, provienen de los impuestos que paga el sector hotelero, luego entonces, no debiera haber posibilidad de tener empresarios “consentidos.”
Más aun, el diagnóstico económico es en suma preocupante, a pesar de que la administración será entregada en mucho mejores condiciones que como la tomó hace seis años Carlos Joaquín González; Mara Lezama ha dicho que la deuda pública, al cuarto trimestre del 2021 ascendía a 23 mil 792 millones de pesos, de los cuales 90.2 por ciento corresponde al estado y el resto a los municipios, con una deuda per cápita de 13 mil 507.6 pesos; es de inferirse, entonces, lo acotado que estará el próximo gobierno y lo urgente que resulta que cada sector haga su parte. La mandataria ofreció incluso sumarlos al gobierno y los empresarios le han tomado la palabra, afirmando que le presentarán perfiles para integrarse al gabinete… pero primero reciprocidad; no se trata sólo de tener acceso a la toma de decisiones y las arcas públicas, primero hay que contribuir a llenarlas.
De ninguna manera el escribiente pretende asumir la voz de la gobernadora, ni mucho menos intentar dar consejos de gobernanza, vayamos al planteamiento inicial, en la semana que concluyó, hubo un diferendo público entre el munícipe de Tulum y el presidente de los hoteleros de esa demarcación, las acusaciones se fundan en la supuesta discrecionalidad en la utilización de lo que se recauda por Derecho de Saneamiento Ambiental. Hubo notas publicadas incluso en algún rotativo nacional y, a eso, el alcalde lo calificó como un intento de “doblegarlo” para seguir sin pagar impuestos. La cuestión es ¿cuántos empresarios de cualquier rubro estarán en la misma situación, en ese o en otro municipio o el estado? ¿cuántos pagan “a medias” lo que deben aportar por las ganancias de sus negocios? ¿Es posible ese nuevo pacto, si se toleran esas prácticas? Y si no ¿entonces por dónde comenzar? Como se podrá notar, lo ocurrido en Tulum es un buen punto de partida para que todos hagan lo que tienen que hacer, incluidos los presidentes y presidentas municipales, ¿no lo cree?
Por último, falta aún que el presidente de los hoteleros emita algún posicionamiento, que demuestre que el pago de sus impuestos está al día y que, en suma, los empresarios a los que aun representa determinen si continuará haciéndolo y, dado lo público que se ha tornado el tema, parece que no hay “arreglo” posible, más que cumplir con la ley; y así todos a partir de ahora.
COMENTARIO MORBOSO
A propósito de prácticas gravosas y que representan pérdidas de ingresos al estado, le comparto una parte de la columna que al escribiente le publicaron el 20 de marzo de 2014…sí, de 2014:
“Fíjese nada más, de 220 plantas que existen en el país, 124 están en Quintana Roo y 71 en Baja California Sur, con la diferencia que en la entidad norteña se utiliza la planta de este tipo más grande del país para abastecer a unos 80 mil habitantes de Los Cabos, mientras que en el sureste del país se utilizan para beneficio de hoteleros, con el objetivo de no tributar por el servicio a las instancias estatales, generando con ello las millonarias pérdidas.
Novedades de Quintana Roo publicó hace unos días que, según datos de Aguakan, la concesionaria de agua potable en el norte de la entidad, en 2004 se facturaron por el servicio unos 147 millones de pesos por el servicio a poco más de 200 hoteles y en el año pasado con una cifra similar de clientes facturaron tan sólo 83 millones de pesos, es decir la pérdida ha sido millonaria y el año pasado alcanzó los 64 millones tan sólo en 2013.
Actualmente, de 262 hoteles, 43 tienen una concesión de extracción otorgada por la Conagua, pero además la instancia federal promueve una política para instalar más plantas desaladoras, de ahí la problemática que viene para la entidad.” (https://www.periodistasquintanaroo.com/columnistas/agua-politica-y-hambre/ )
Y lo peor, es que la situación persiste, ya veremos si la siguiente administración estatal, con el apoyo de la federación, termina con esos privilegios; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
