“La nota rosa”
Por Flor Tapia
Han sido muchos los funcionarios en la administración del actual gobierno de Quintana Roo que han amasado grandes fortunas bajo el ojo complaciente del gobernador Carlos Joaquín González. Por mencionar sólo a uno, recordemos el caso de Manuel Alamilla, titular de la Oficialía Mayor, que en julio del 2020 fue señalado por manejos irregulares en la dependencia a su cargo, la situación fue tan escandalosa que sin más remedio el gobierno estatal desapareció la dependencia transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Entre los señalamientos que hasta el día de hoy no han sido aclarados por el mandatario estatal (ni por el propio Alamilla), están las imputaciones en contra de este último sobre la licitación pública nacional OM-LPN52-2017, que otorgó contratos a Silvia María Pool Dorantes, para la compra de 22 cepillos de dientes, 53 fibras verdes, 56 franelas rojas, 127 toallas grandes y 128 toallas medianas; esto a un costo de 1 millón 041 mil 583.48 pesos.
También se señaló que en septiembre de 2018 adquirió una camioneta en 1 millón de pesos para su cónyuge por medio de la empresa “Productos Tantor S. de R.L. de C.V”. Sobre esta admitió haberla adquirido a un menor precio. Recordemos que un trabajador promedio en México gana alrededor de $172. 87 pesos al día y para adquirir un bien así tendría que trabajar 15.8 años, en jornadas de 8 horas de trabajo. Por si esto no fuera ya vergonzoso, durante la pandemia en mayo de 2020 Alamilla otorgó supuestos descuentos a prestaciones y sueldos de burócratas, según denunció la asociación Somos Tus Ojos.
Para que se llevaran a cabo las “acciones necesarias”, sería la titular de SEFIPLAN, Yohanet Torres Muñoz, quien recibiría los asuntos, recursos materiales, humanos, financieros y todo lo relacionado a Manuel Alamilla Ceballos para poner orden como se prevé en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración pública del estado de Quintana Roo. Se involucró en este movimiento administrativo también al secretario de Gobierno y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. En el papel esto era con el fin de fortalecer la emisión de políticas y lineamientos para la administración y control de los recursos en el Poder Ejecutivo, en donde se priorizaba la transparencia y rendición de cuentas. Hasta el día de hoy todo quedó en el olvido, incluyendo a los congresistas que omitieron esclarecer este bochornoso episodio de la administraciónjoaquinista en las comparecencias del Congreso del estado. Si bien la incapacidad de los diputados ha quedado manifiesta más de una vez, también lo han sido sus posturas a modo para complacer el gobernador.
El slogan “Juntos saldremos adelante” sóloaplica a los elegidos que, con toda impunidad,siguen devengando sueldos incluso tras haber sido removidos de sus cargos.
