La grosera decisión de Donald Trump ahora que dio inicio al despliegue de fuerzas armadas en la frontera de México y Estados Unidos ha provocado dos resultados poco comunes pero positivos: un discurso pulcro y contundente desde la Presidencia de la República y el llamado compartido a la unidad por parte de los diferentes candidatos presidenciales. Sin embargo, llama la atención que se han obviado dos asuntos. En primer lugar, con la descalificación de la militarización estadunidense en la frontera se asumen premisas que se descartan para la militarización propuesta en la Ley de Seguridad Interior. En segundo lugar, la indignación frente a las políticas de seguridad en zona fronteriza por parte de nuestro vecino del norte ameritaría, cuando menos, una revisión a las políticas aplicadas en México para la frontera con Guatemala y Belice.
¿Es posible no leer como una afrenta un despliegue militar de esa naturaleza? ¿Es legítimo el uso de fuerzas armadas para intervenir en espacios fronterizos? ¿Los despliegues militarizados inhiben la tentación de migrantes ilegales de violar la normatividad en materia de migración? Estas preguntas cuando son resueltas desde la reacción nacionalista que vela por el respeto internacional se responden sin mayores titubeos, pero cuando los mismos voceros intentan justificar el incremento del despliegue militar en zonas de violencia por crimen organizado, la argumentación se modifica a favor de las bondades de las estrategias bélicas como tutela de la legalidad.
Hace un año causó revuelo la propuesta de que las tropas de la Gendarmería de la Policía Federal custodien nuestra frontera sur. Varias organizaciones defensoras de migrantes alertaron sobre el arranque de un plan para que el Comando Sur de Estados Unidos controle la frontera de México y Guatemala mediante una base en El Petén. La preocupación de estas organizaciones se sustenta en el temor de que crezca la violencia, y temen que aumenten los desplazamientos de comunidades indígenas de la zona.
Nuestro país tiene retos importantes para rectificar en las medidas de protección fronteriza. Recordemos que el informe “Facing Walls: violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México” publicado por Amnistía Internacional en fechas recientes, exhorta a México a “poner fin a la detención de los niños migrantes, y a las prácticas ilegales de devolución (de migrantes), así como a garantizar que esas prácticas sean castigadas y seguidas de medidas disciplinarias contra los funcionarios implicados”.
Es buen momento para reflexionar sobre las políticas de seguridad fronteriza, evaluar el impacto de la intervención militar y elevar los compromisos para un trato digno y no violatorio a los derechos humanos de migrantes en casa propia.
